El Gobierno se apresta a remitir al Congreso un proyecto de ley que introduce en el Código Penal la figura del arrepentido en los delitos de corrupción.

El debate legislativo de esta iniciativa, que irá acompañado de una propuesta para decomisar los bienes producidos por estos hechos ilícitos, se produce en momentos en que afloran nuevas revelaciones sobre los presuntos negocios espurios de los empresarios kirchneristas Cristóbal López y Lázaro Báez con el anterior gobierno de Cristina Kirchner.

Ambas iniciativas son el adelanto de un paquete más amplio de leyes contra el fraude que elabora la Oficina Anticorrupción (OA), dirigida por Laura Alonso. La funcionaria, no obstante, aclaró que este primer envío al Congreso no se hace por las recientes denuncias que reactivaron la causa sobre la "ruta del dinero K" que involucra a Báez y a su hijo Martín.

"Éste es un pedido expreso del presidente Mauricio Macri el día que asumió. Creemos que será una herramienta eficaz que ayudará a los jueces a agilizar la investigación sobre delitos de corrupción", indicó Alonso.

En la actualidad, la figura del arrepentido está contemplada en las leyes que sancionan el narcotráfico, el terrorismo y la trata de personas.

No está prevista para los delitos perpetrados contra la administración pública. La OA pretende cubrir este vacío con la aplicación de la figura del arrepentido para los delitos de cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados. También están incluidos los delitos de prevaricato y denegación y retardo de justicia por parte de los jueces.

Esta iniciativa irá en paralelo con la elaborada por el Ministerio de Seguridad, que conduce Patricia Bullrich, que introduce la figura del arrepentido para casos de crimen organizado. 

Por su parte, el proyecto que elaboró la OA propone disminuir o eximir la pena de aquel imputado que proporcione información "útil, precisa y comprobable" que evite la consumación o continuación de un delito o la perpetración de otro; que permita esclarecer una investigación en curso o que revele la identidad de coautores, partícipes o encubridores de los hechos investigados.

La disminución de la pena, según establece el proyecto, sería en un tercio del mínimo y la mitad del máximo de la pena en cuestión.

La iniciativa dispone, no obstante, que no podrán ser beneficiarios de esta reducción de pena los jefes, fundadores, cabecillas o dirigentes principales de organizaciones criminales, así como los funcionarios sujetos a la remoción por juicio político, es decir, el Presidente y los jueces de la Corte Suprema.

El encargado de determinar la eventual reducción o eximición de la pena al colaborador en una causa judicial es el Ministerio Público. De haber un acuerdo entre ambos, éste será sometido al juez o al tribunal para su aprobación y control. Asimismo, el proyecto oficial establece que los "arrepentidos" podrán efectuar sus denuncias mediante reserva de identidad, domicilio, profesión y lugar de trabajo, al tiempo que estarán alcanzados por las disposiciones del Programa Nacional de Protección a Testigos, vigente por ley.

Para otorgar los beneficios contemplados en este proyecto, se deberá considerar el grado de la información y su eficacia para la investigación, la proporcionalidad, y la oportunidad en que se ha dispuesto la colaboración. También se tendrá en cuenta si el colaborador fuese el primero en aportar información sobre el caso investigado, señala La Nación.

En varios países de la región la figura del arrepentido permitió desentrañar causas de corrupción, como en Brasil con el mensalão, donde existía un esquema de sobornos mensuales a legisladores de la oposición para apoyar proyectos oficiales, y con el petrolão, una gigantesca red de corrupción en la compañía estatal Petrobras.