La petrolera Oil M&S, propiedad de Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa, fue intervenida por la deuda que tiene con AFIP de $8.000 millones y, este jueves, se presentó en concurso de acreedores.

La escisión empresarial quedó suspendida por una medida judicial y el Grupo Indalo -que engloba las empresas de empresario K- afronta una fuerte crisis en la que deben sostener 29.000 puestos de trabajo y pagar a la AFIP lo que no tributaron en combustible estos años.

López y De Sousa buscan mantener la calma en medio de las denuncias que los colocaron en el centro de la polémica por quedarse con el impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) que cobraban a los consumidores cuando vendían nafta durante estos años y utilizar esas sumas para financiarse. El avance de las investigaciones y la determinación de la AFIP para cobrarle a la firma los $ 8.000 millones que acumuló tras una moratoria obtenida por la gestión kirchnerista, como reveló La Nación, ejerce presión en el Grupo.

Ahora, con la presencia de un interventor veedor que "no ejecuta, solo ve e informa", como aseguraron desde la empresa, llamó a un concurso de acreedores ante el Juzgado de Comodoro Rivadavia para presentar un plan de pagos para arribar a un acuerdo financiero.

Buscando desvincularse de las denuncias, Oil M&S sostiene que todo se trata de una "persecusión política" y una "maniobra del Gobierno para tapar otros problemas graves que tienen", señalaron a Clarín.  

El miércoles, el juez federal en lo Contencioso Administrativo, Esteban Furnari dispuso la intervención judicial de la firma Oil Combustibles SA y de otras dos del Grupo Indalo.

En consecuencia, ordenó que no haya división de compañías, tal como pretendían el empresario kirchnerista y su socio. Con la figura del veedor, en el entorno de López se defendieron: "Va a ser mejor, así ven que nada de lo que se realiza es ilegal".

La petrolera fue la empresa utilizada para incrementar la deuda con la AFIP por miles de millones de pesos durante el gobierno de Cristina Kirchner, con Ricardo Echegaray frente al organismo recaudador. La nueva gestión reclama el pago de la deuda generada casi en su totalidad por no tributar el Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC, Ley N° 23966), y el juez federal dispuso que se cancele la deuda para que puedan continuar operando.

En este complejo escenario legal, desde Indalo remarcaron que tanto López como De Sousa "están preocupados por la repercusión mediática" del caso y que buscan por fuera de Oil, "consolidar las empresas y mantener 29.000 fuentes laborales tanto de manera directa como indirecta".

El juez dispuso que tanto Oil Combustibles SA, como sus sociedades controlantes Inversora M&S, donde se desempeña Romina Mercado presidenta de Hotesur y sobrina de Cristina Kirchner, y Oil M&S SA "se abstengan de realizar cualquier acto que implique su escisión del Grupo Indalo", considerando que "el patrimonio de aquellas sociedades vendría a garantizar el cobro de la deuda fiscal". 

Al respecto, desde Indalo señalaron que "quieren despejar dudas sobre la división y que vean que no había nada extraño ahí". La marca del grupo iba a quedar en manos de Cristóbal López que buscaba crecer en el rubro inmobiliario, en la construcción y en la prestación de servicios a través de la firma de maquinaria pesada que tiene en el sur. Además se expandir Alcalis de la Patagonia, empresa en la que está contratado Osvaldo Sanfelic, socio de Máximo Kirchner.

Los medios de comunicación y las petroleras iban a quedar para Fabián De Sousa. Todo está suspendido por ahora y la mayor presión es el pago de los $8.000 millones a la AFIP. "Tenemos que resolver estos problemas en un mes como mucho y esperamos que la Justicia se expida rápidamente para poder continuar con la futura expansión de las compañías y volver a operar", dijo al matutino un asesor de López.