"El manejo de la política energética priorizó las transferencias a las empresas por sobre las transferencias al fisco para acotar la brecha fiscal. Sólo una tercera parte (del aumento de las tarifas iría a reducir las erogaciones del fisco, mientras que el resto lo haría a las empresas del sector".

El crudo análisis de esta "puja distributiva" pertenece a Miguel Bein, ex asesor económico de Daniel Scioli durante la última campaña.

Está contemplado en su último reporte, conocido en la noche del viernes, y que lleva un título por demás provocador: "Vecinos subsidiando petroleros... No es Pro".

Allí estima que "de los US$3.500 millones que implicaría el nuevo precio que pagarían familias y empresas, sólo una tercera parte iría a reducir las erogaciones del fisco, mientras que el resto lo haría a las empresas del sector".

Para el economista, el tarifazo impactará en la inflación y también en los costos de las empresas ya que deberán producir con un precio del gas mucho más caro. Y, esto, sin que implique un ahorro fiscal para el Estado.

En concreto, a las empresas del sector se les reconocerá un precio del gas de u$s7,5 por millón de BTU, "muy por encima de los precios internacionales del gas y más en línea con la paridad de importación (cerca de u$s3 el contrato con Bolivia y u$s4,5 el contrato de gas licuado, US$5,5 cuando se incluye la regasificación)".

Bein concluye con una ironía: "La bala de plata para bajar la incidencia de los subsidios energéticos en el presupuesto en un contexto de bajos precios internacionales del petróleo fue parcialmente desviada de su objetivo. Alguien, en el momento del disparo, le tocó la mano al "llanero solitario"".

En este contexto de rebalanceo tarifario, la consultora estimó en que, desde las elecciones de octubre, la inflación acumulada trepa al 27%. Y que terminaría el año en torno al 36%, con una clara desaceleración durante la última parte del año