El Senado le dio media sanción al proyecto de ley para declarar la emergencia laboral por 180 días, que le permite a los trabajadores despedidos durante su vigencia duplicar las indemnizaciones que les correspondan o pedir la reinstalación en sus puestos.

Ahora, la discusión pasa a Diputados donde hay posiciones más duras, manifestadas por el kirchnerismo, una parte del Frente Renovador y los partidos de izquierda, ya que pretenden que la norma sea retroactiva al 1 de marzo y su vigencia sea de casi dos años.

Los sindicatos se mostraron disconformes con la emergencia “light” sancionada por el Senado y presionan para que se introduzcan modificaciones. Este será también uno de los puntos destacados durante la manifestación del 29 de abril por el Día del Trabajador.

Durante la sesión en la cámara alta hubo críticas del Frente para la Victoria por las medidas tomadas por el presidente Mauricio Macri, desde que asumió el pasado 10 de diciembre, que incluyeron “tarifazos” y despidos tanto en el sector público como privado.

Tras varias horas de debate, el FPV logró juntar 49 votos para aprobar la iniciativa y enviarla a Diputados. La iniciativa fue rechazada por solo 15 senadores.

Ahora, la Cámara baja será la encargada de analizar esta propuesta. Allí conviven varios proyectos para ser tratados. Si bien uno de ellos, que establece una emergencia mucho más prolongada y retroactiva, logró dictamen, tanto el Frente Renovador como el Bloque Justicialista presentaron propuestas para que no se perjudique a las pymes.

El bloque de Sergio Massa fue un paso más adelante y ahora propone quitarle la sanción del doble resarcimiento. Todo parece indicar que la norma aprobada en la cámara alta sufrirá modificaciones. Eso provocaría que vuelva a ser tratada por el Senado.

En caso de que los diputados aprueben la norma con modificaciones, los senadores no podrán rechazarla por completo.

En todo caso, podrían aprobarla con los cambios o insistir con la redacción originaria, a menos que las adiciones o correcciones se hayan realizado por dos terceras partes de los diputados presentes. 

En este último caso, el proyecto pasará al Poder Ejecutivo con las adiciones o correcciones de la cámara revisora (en este caso Diputados), con el voto de las dos terceras partes de los presentes. La cámara de origen (el Senado) no podrá introducir nuevas adiciones o correcciones a las realizadas por la Cámara revisora. 

Pero habrá que ver qué ley finalmente se sanciona, ya que Mauricio Macri volvió a advertir que, en caso de que se aprobaran esas iniciativas, estaría dispuesto a usar el poder de veto porque considera que este tipo de iniciativas no contribuye a combatir el desempleo.

En tanto, el secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, advirtió que si el Gobierno veta le ley puede haber "un paro nacional", al remarcar que si el Ejecutivo "no le da bolilla al Parlamento, le va a tener que dar respuestas a los trabajadores".

Pero, en el fondo, los sindicatos insisten en aprobar una norma que estipule la retroactividad en cuanto a su vigencia, ya que acusan a varias empresas de desvincular trabajadores de forma preventiva mientras se discute en el Congreso. Es que, de acuerdo a los abogados laboralistas, muchas empresas se apuran a desvincular trabajadores en estos momentos antes de que entre en vigencia la nueva norma para abaratar costos. 

Por su parte, el Grupo de los Seis (G-6), que agrupa a las cámaras empresariales más importantes del país, formalizó su rechazo al proyecto de ley ya que consideró que “prohibir los despidos o encarecer indemnizaciones legalmente vigentes no es el camino” para resolver los problemas de desempleo que vive el país.

Asimismo expresaron su “sorpresa” por la intención de gremios y dirigentes de la oposición de “utilizar mecanismos que no han tenido éxito alguno en nuestro país”.

Durante su interpelación en la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete Marcos Peña esquivó las preguntas del peronismo sobre si el proyecto sería vetado por el presidente si es aprobado por el Congreso.

Solo se limitó a señalar que “una ley que prohíbe despidos no es una solución para los trabajadores”.

Las propuestas en Diputados

En la cámara baja, la Comisión de Legislación del Trabajo dio dictamen favorable a un proyecto que tuvo el respaldo de toda la oposición y el rechazo del oficialismo. Pero antes de llegar al recinto el tema debe debatirse en la Comisión de Presupuesto, presidida por Luciano Laspina (del PRO), por lo que podría haber demoras en el tratamiento.

La iniciativa propone declarar la emergencia ocupacional hasta el 31 de diciembre de 2017 y con efecto retroactivo al 1 de marzo de este año. En ese período, estipula el proyecto, quedan prohibidos los despidos sin justa causa en el sector público y en el privado. Se establece además que se renovarán de manera automática los contratos laborales que venzan antes de esa fecha. Los trabajadores afectados por los despidos podrán optar entre accionar judicialmente por su reincorporación en su puesto de trabajo, período durante el cual seguirán cobrando su salario, o aceptar la desvinculación y cobrar una doble indemnización.

Pero a los pocos días, tanto el Frente Renovador (quien vive una fuerte interna por contar con diputados del sector empresario y también sindical) como el Bloque Justicialista de Diego Bossio presentaron iniciativas para fomentar el trabajo en las pymes y dictar una emergencia ocupacional no tan rígida.

En concreto, el massismo fue uno de los primeros impulsores de iniciativas para frenar despidos y llegó a promover una reunión que contó con la presencia de los jefes de las cinco centrales sindicales para apoyar ese tipo de proyectos.

Pero luego de que la propuesta obtuviera dictamen, le hizo un guiño al Gobierno y su líder le retiró su apoyo y presentó un nuevo proyecto, que beneficiaría a las pymes que mantienen su personal y emplean a menores de 25 años y mayores de 50. Establece un estado de emergencia ocupacional hasta el 30 de junio de 2018, pero no contempla la doble indemnización.

Esto desató una interna entre sus legisladores. El ex titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), José Ignacio de Mendiguren, dejó entrever que la iniciativa del massismo cuenta con el visto bueno del oficialismo, al afirmar que "sin el Frente Renovador y sin Cambiemos no se puede aprobar la ley antidespidos en Diputados".

Sin embargo, el también diputado massista, Héctor Daer (titular del gremio de Sanidad), insistió que seguirá "adelante" con aquel proyecto, que sí contempla la doble indemnización.

En tanto, el Bloque Justicialista impulsa una inciativa para que el empleador que pretenda despedir a un trabajador deberá iniciar un procedimiento administrativo en el que invoque y pruebe una justa causa. Esta situación deberá pasar por todas las instancias legales tendientes a evitar el despido.

En el caso del vencimiento de los contratos serán renovados durante la emergencia ocupacional, que propone que esté vigente hasta el 31 de diciembre de 2017. Si el despido se realizara sin cumplir con la ley, el trabajador tendrá derecho al cobro de una doble indemnización.

La propuesta del bloque de Diego Bossio no rige para nuevos trabajadores, sino para los ya existentes.