El Banco Central (BCRA) comienza a ser involucrado en las medidas de amparo y cautelares que privados están presentando contra Rofex y Argentina Clearing (ACSA) –y que ya ameritaron embargos– para que esas entidades respondan por el ajuste a los futuros de dólar que realizaron a fines del año pasado.

Es porque la autoridad monetaria fue la única beneficiaria y por sus gestiones anteriores al recorte a los precios.

La citación se produce como respuesta al pedido de Rofex, que había afirmado ante la Justicia que tendría que ser el BCRA quien debería hacerse cargo de la diferencias, una contingencia de $ 11.085,7 millones, en caso de que los fallos fueran favorables a los privados.

El lunes pasado, el juzgado de Ivan Kvasina, en el Distrito en lo Civil y Comercial Nº 5 de Rosario, donde están radicadas todas las causas contra Rofex y ACSA, hizo lugar al pedido de citación a la entidad monetaria para "abordar la discrepancia generada en cuanto a la intervención que en el caso pueda caberle al BCRA".

Y declara entonces que el "juicio corresponde a la competencia de la justicia federal, debiendo remitirse las actuaciones a los Tribunales Federales" de Rosario.

El juez respondió a una acción de amparo presentadas por Adama Argentina y Rubén Carlos Bertoni para que la Justicia declare inválida la comunicación 657 que dispuso la emergencia y corrigió el precio original de los contratos adicionando $ 1,25 a los abiertos entre el 30 de septiembre y 27 de octubre y $ 1,75 para los abiertos desde el 28 de octubre.

Rofex había planteado que el caso pertenecía a la justicia federal y había solicitado la citación en carácter de terceros del la Comisión Nacional de Valores –por haber aprobado la normativa– y al BCRA –como "colegitimado pasivo".

Respecto del BCRA, había afirmado que la entidad era casi el único vendedor de futuros en los últimos meses a la declaración de emergencia.

Aseveró que por ser el único beneficiario, "una hipotética declaración de inconstitucionalidad generadora de un derecho a cobrar una suma de dinero traería como consecuencia que sea el propio Banco Central quien deba pagarla". Y reiteró "si alguien se benefició de la corrección del precio no fueron las demandas (Rofex y ACSA) sino el BCRA, que debió pagar menos".

Luego aclaró que si el BCRA no cumpliera con una resolución favorable del amparo, deberá ejercer las acciones que correspondan y contra quien corresponda conforme al contrato.

El juez dio lugar a los argumentos de Rofex porque "no puede, pues, ponerse en duda el carácter de beneficiario directo que ostenta el BCRA y su consecuente e innegable interés en el mantenimiento de los actos" que se cuestionan. "No hay modo de dejar sin efecto las comunicaciones impugnadas en los presentes sin afectar de manera simultánea y automática la posición vendedora del BCRA", alegó.

El juez también reparó en "las gestiones públicamente conocidas" que llevaron a cabo las autoridades del BCRA "en forma previa al dictado de las medidas" que se cuestionan.

Se refería al acta de directorio de Rofex del 14 de diciembre pasado, en el cual su presidente, Luis Herrera, manifestó que, después de reunirse con las autoridades del nuevo gobierno -BCRA, Economía y Jefatura de Gabinete-, las autoridades de la autoridad monetaria manifestaron revisar los precios al cual fueron concertadas las operaciones, atento a que ellos no eran verdaderos precios de mercado.

Rofex prefiere que los juicios se desarrollen en la Justicia Federal, donde considera que tiene más chances de que no se haga lugar a los amparos y cautelares de empresas que considera "oportunistas". "Casi no hay demandas de fondo, sólo un pedido de mediación y un pedido de arbitraje.

Según El Cronista, la justicia federal venía fallando en contra de las medidas cautelares y amparos para que no se aplique la resolución 657. Creemos que es el principio del fin de las medidas cautelares", dijeron en Rofex.