La luna de miel entre el Gobierno argentino y el de Estados Unidos, que alcanzó su punto más alto durante la visita del presidente Barack Obama, enfrenta su primer gran reto.

Monsanto, uno de los grandes "peso pesado" de la industria alimenticia a nivel mundial, decidió jugar fuerte y hacer valer su "ciudadanía americana" en el marco de un conflicto de larga data que mantiene con productores de soja.  

La empresa viene presionando para que los ruralistas le paguen regalías por el desarrollo e innovación incluidos en sus semillas y que, en paralelo, el Gobierno permita el sistema de cobro de "peaje" en los puertos de embarque, en aquellos casos en los que los sojeros se nieguen a abonar la patente. 

En medio de esta disputa, Monsanto apeló a los oficios de la embajada estadounidense en Buenos Aires para que ejerza presión sobre la administración macrista. 

Entre los funcionarios hay preocupación. Sucede que la compañía ha sido calificada como "la Microsoft de la agricultura" por la dureza con la que ha litigado en numerosos países a la hora de defender sus derechos de propiedad intelectual. 

En la Argentina, como parte de su estrategia y para demostrar que va en serio con su lobby, Monsanto anunció oficialmente que, ante la falta de respaldo oficial a su tecnología de monitoreo para el cobro de regalías por la semilla de soja "pirateada", decidió suspender todos los lanzamientos de nuevas variedades de la oleaginosa transgénica hasta nuevo aviso.

La medida fue confirmada a iProfesional por altas fuentes de la compañía, quienes alegaron que el Ministerio de Agroindustria "no está aportando soluciones que den claridad y transparencia a los negocios", en marcada referencia a la reciente resolución de la cartera que bloqueó los monitoreos que la multinacional venía realizando en puertos exportadores con el fin de fiscalizar la carga. 

"El Ministerio no ha hecho más que generar confusión. Hasta tanto no haya un marco que permita cobrar de forma adecuada la inversión que hacemos en tecnología, no habrá nuevos eventos para la Argentina", indicaron desde la multinacional.

En concreto, la decisión implica la suspensión del lanzamiento de la soja modificada genéticamente, bautizada como Xtend. 

Se trata de una semilla que combina resistencia a los herbicidas glifosato y dicamba. La presentación del producto, pensado por Monsanto para potenciar la expansión del cultivo en nuevas zonas agrícolas, estaba pautada para el mes de septiembre.

"Seguiremos adelante con la comercialización de Intacta, que es el último producto que lanzamos para la Argentina", indicaron fuentes calificadas.

Reiteraron que "la falta de un sistema de cobro de regalías acorde a los desembolsos que realiza la empresa obliga a tomar esta importante decisión". 

La compañía también se expresó mediante un comunicado oficial. Brett Begemann, presidente y CEO de la multinacional fue muy duro con la administración de Macri. 

"Aunque el Gobierno de Argentina nos ha hecho saber que está comprometido a apoyar un entorno propicio para la inversión continua y el desarrollo a largo plazo de la agricultura, a través del reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual y el reconocimiento de los contratos privados, las recientes acciones no son coherentes con esa posición", afirmó el directivo.  

"Respaldar y apoyar activamente estos principios básicos es necesario para crear un ambiente de negocios predecible, que invite a la inversión extranjera", agregó Begemann. 

Una inversión millonaria

La decisión de la compañía cayó como un baldazo de agua en el Gobierno y representa una medida de alto impacto, tanto a nivel nacional como internacional. 

No es para menos. El desarrollo de Xtend le insumió a Monsanto un desembolso cercano a los u$s350 millones.

Buena parte de ese monto se destinó a pruebas en las provincias de Buenos Aires -Pergamino, en concreto-, Santa Fe y Córdoba.

Desde Monsanto también señalaron que la falta de acción que le atribuyen al Ministerio de Agroindustria también está complicando a otras compañías. 

Hicieron así referencia, sin mencionarlo, a Bioceres, una compañía de capital nacional que desarrolla en Rosario una soja resistente a sequía.

Días atrás, Federico Trucco, CEO de la empresa, declaró que la pelea abierta que protagonizan Monsanto y Agroindustria "complicó el plan de negocios". Bioceres venía manteniendo conversaciones con inversores de Estados Unidos para hacerse de aportes de capital por hasta u$s100 millones con el fin de poner en marcha la comercialización de su desarrollo transgénico. Todo eso quedó aplazado por lo que ocurre en la Argentina.

"Parecía que se habían alineado los planetas y que íbamos a poder dar un salto de calidad. Estábamos por ser la primera empresa de biotecnología de América Latina en buscar financiamiento en Nueva York, pero todo quedó en stand by", expresó Trucco.

La traba que frenó el lanzamiento: la falta del marco normativo que también reclama Monsanto para garantizar el cobro de regalías por el uso de una genética que hoy circula en gran parte del agro argentino bajo la forma de soja "pirateada".

Impacto negativo en el agroLa decisión de suspender el lanzamiento de Xtend, su nuevo producto estrella, traerá consecuencias importantes para la cosecha 2017, estiman los directivos de la empresa.

En primer lugar, los productores no accederán a una tecnología innovadora que, gracias a su poder para combatir malezas, les hubiese significado un fuerte ahorro.

Pero las consecuencias irán más allá de los números de la próxima campaña agrícola. 

La otra gran inquietud entre los funcionarios del Gobierno obedece a los efectos que pueda tener la queja que la compañía elevó a la embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires.

Desde Monsanto aseguraron a iProfesional que "hemos manifestado nuestra preocupación a la representación diplomática, remarcando que si bien hoy Estados Unidos está abriendo su mercado a los productos argentinos, como ocurre con la exportación de limones, nosotros nos vemos impedidos de tener libertades para nuestros productos". 

"Hicimos hincapié en que no está habiendo reciprocidad", disparó la fuente. Este diálogo entre la compañía y la Embajada, entonces, abre la puerta a un potencial conflicto comercial a gran escala.

El accionar de la diplomacia estadounidense podría forzar al Gobierno a que la discusión se lleve a cabo a niveles más altos y no ya dentro de la esfera del Ministerio de Agroindustria. 

La apuesta de Monsanto marca un claro desafío a la administración macrista, en un momento en que las relaciones con Estados Unidos se están comenzando a normalizar tras años de frialdad.

De hecho:

-  Después de once años de barreras sanitarias, el Departamento de Agricultura de ese país acaba de volver a habilitar el ingreso de carne argentina.  El negocio en juego es tan relevante como clave: los frigoríficos locales en breve estarán en condiciones de exportar a ese mercado unas 20.000 toneladas de cortes sin arancel. 

-  En forma paralela, EE.UU. está por dar su aval para la entrada de cítricos argentinos, luego de 15 años de trabas. Se trata de una industria que genera un ingreso de divisas anual de u$s600 millones y que es fundamental para la economía de Tucumán, desde donde sale el 55% de los envíos a todo el mundo. 

Conflicto con exportadoresDesde el año pasado, y previo acuerdo con los exportadores, la compañía lleva a cabo un monitoreo de los cargamentos de granos para detectar el uso "pirata" de su innovación.

En caso de detectar que la soja entregada en el puerto no figura entre las bolsas comercializadas por la firma, Monsanto entonces procede a cobrarles a quienes entregan los granos una tasa de 15 dólares por tonelada.

Hace poco más de dos semanas, y tras la fuerte oposición contra la multinacional entablada por entidades como la Sociedad Rural Argentina (SRA), el Ministerio de Agroindustria dictó la resolución 140 que obligó a Monsanto a homologar su sistema de monitoreo.

Fuentes de esa cartera señalaron que "las resoluciones dictadas son para Monsanto o para cualquier otra empresa que quiera hacer un sistema de control. Que se sientan amenazados es una pretensión de ellos".

A contramano de la decisión de Agroindustria, la compañía no llevó a cabo ni un solo trámite. Y, lo que es más, continuó con las supervisiones.

Del lado de los exportadores, la reacción no se hizo esperar. Agricultores Federados Argentinos (AFA) notificó que, por el momento, mantendrá sin liquidar un stock superior al millón de toneladas de la oleaginosa.

Esto se traduce en un importante monto ($4.000 millones) que seguirá sin entrar a las arcas públicas.

AFA es el noveno exportador de soja del país y viene creciendo.  Ante el temor de que la decisión de no exportar granos se haga extensiva a otros jugadores de la cadena, Agroindustria se mantuvo firme en la postura de no permitir el monitoreo por parte de Monsanto.

Este conflicto se suma a la disputa que la cooperativa mantiene con Monsanto desde el año pasado por la campaña de soja en el Noroeste, que derivó en un lucha judicial en los tribunales de Salta.

En 2015, Monsanto demandó a AFA por infringir su patente por la tecnología Intacta, dado que comercializó soja de esa variedad sin licencia. La causa todavía está en proceso.  

Un tironeo longevoMonsanto es la comercializadora de toda la tecnología aplicada a la soja que hoy se vende en la Argentina.

Su invención llega a los productores a través de las semillas que luego desarrollan compañías como Don Mario y Nidera.

La firma introdujo su primera semilla transgénica en 1996. Lo hizo a través de RR -"Roundup Ready"- que incorporaba resistencia al glifosato, elaborado también por la empresa.

Luego de seducir a todo el sector rural con productos que son genéticamente modificados, se focalizó en la obtención de regalías por la innovación tecnológica aplicada a los cultivos.

Sin embargo, cuando Monsanto quiso exigir "su parte", fue demasiado tarde: nunca se le reconoció la patente de la RR en la Argentina, por lo que no pudo obtener ingresos derivados de su invención.

Fue así que, a modo de compensación, la firma orientó su negocio a la comercialización de agroquímicos, del que pudo obtener ganancias millonarias.

En instancias previas al lanzamiento comercial de otro producto -en este caso Intacta-, la firma no quiso volver a pasar por la mala experiencia que debió transitar en los años 90.

Es por eso que en 2014 comenzó a ajustar los controles de las exportaciones con el propósito de erradicar la "piratería" de su nueva genética.

Es así que comenzó a negociar acuerdos con los exportadores para poder revisar todos los cargamentos de soja que salgan de la Argentina y así detectar el uso de biotecnología no abonada.

En otras palabras, buscó establecer un control privado sobre los envíos al mundo con el fin de poder cobrar por su innovación.

Esta práctica es la que ahora está en el centro del debate y que desató un conflicto que ya recaló en la diplomacia de los Estados Unidos. 

En el macrismo preocupa y mucho que esta tormenta venga a empañar la luna de miel que se construyó pacientemente con la Casa Blanca. Y que forma parte del "operativo seducción" para atraer la hasta ahora ausente lluvia de inversiones a la Argentina.