El presidente Mauricio Macri acaba de dar una muestra elocuente de considera imprescindible apuntalar con mayores recursos financiero la gestión de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, especialmente en un contexto de inquietud social por los efectos negativos del ajuste económico, ya palpables en el conurbano.

Es así que se decidió a respaldar políticamente el reclamo de la mandataria provincial para quedarse con una tajada de la torta impositiva sustancialmente mayor a la que recibe actualmente. Desde hace más de 20 años, la provincia de Buenos Aires recibe un monto fijo de $650 millones por un porcentaje coparticipable del Impuesto a las Ganancias. Esto provocó que sea uno de los distritos que menos dinero recibe.

Ante un contexto de aumento de la pobreza e inflación, y el temor de que se propaguen los reclamos que hagan tambalear su gobernabilidad, Vidal, comenzó a mover los hilos en el Congreso para tratar de actualizar la mencionada cifra estipulada en el Fondo del Conurbano Bonaerense (FCB).

Ahora, los senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel Abal Medina, María Laura Leguizamón y Jaime Linares, se reunieron con el ministro de Economía de la provincia, Hernán Lacunza para avanzar en un proyecto de ley que estipule su actualización.

La gobernadora solicitó que “el Congreso nacional trate” el reclamo y “le empiece a dar una respuesta” a los bonaerenses porque “la provincia de Buenos Aires ha sido históricamente discriminada en relación a otras provincias”.

“El Fondo que le correspondería a la provincia son $47.000 millones anuales. Además, debería participar del Fondo de Infraestructura Social”, aseveró Vidal, para luego agregar que “no hay ninguna provincia del país que tenga la cantidad de pobres que tiene Buenos Aires”.

Una de las que apoyó el reclamo en el Congreso fue la vicepresidenta, Gabriela Michetti. Es que Vidal cuenta con el apoyo del presidente Mauricio Macri porque un aumento de los fondos para el territorio bonaerense beneficiaría a ambos ya que mejoraría la gobernabilidad.

Con fondos adicionales, la gobernadora no tendrá problemas para asistir a los municipios, comenzar a invertir en infraestructura, generando más empleo en un sector golpeado como la construcción, y mejoraría la situación económica y política.

En tanto, el Presidente se vería beneficiado en acallar a los sectores más críticos sobre su falta de asignación de recursos a los sectores más vulnerables y mostraría que es un Presidente que tiene más consideraciones en el tema de la discusión federal de los recursos.

El ministro de Gobierno bonaerense, Federico Salvai, aseguró que, si fracasa en el Congreso el reclamo de una nueva ley para restituir el Fondo del Conurbano, la provincia avanzará con un reclamo judicial.

"Nosotros queremos iniciar el debate en Diputados porque es el ámbito donde deben presentarse los proyectos, pero si esto no avanza no descartamos una presentación judicial", anticipó. Aunque desde Cambiemos descartan llegar a esta situación. Solo sería factible en un momento de ingobernabilidad.

Según destacó el ministro, la restitución del fondo "sería sustentable en el tiempo (para las finanzas bonaerenses) y no dependería de que haya sintonía entre los gobiernos nacional y provincial, (...) los beneficios recaerían en esta gestión y en las siguientes".

En este sentido, desde Cambiemos remarcan la diferencia entre este pedido, en el que fueron recibidos en el Congreso para alcanzar una solución y lo ocurrido entre la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el anterior mandatario bonaerense, Daniel Scioli, quien pidió actualizar el monto, pero nunca fue escuchado.

Los datos son contundentes: la provincia en 1972 recibió el 34,49% de los recursos coparticipables, en 1982 ese monto descendió al 27,9% y actualmente no llega al 20%.

Esto contrasta con lo que fija la actual Ley de Coparticipación Federal (que está vigente desde 1989), que indica que la provincia debería participar con el 21% de las transferencias. Incluso, si se tiene en cuenta la anterior normativa (la del año 1973) el guarismo debería ser del 27 por ciento.

Además, sostienen que la provincia de Buenos Aires genera casi el 34% del producto bruto de la Argentina y concentra más del 38% de la población. Sin embargo, a la hora de recibir fondos coparticipables, es una de las más perjudicadas junto con La Rioja.

Entre otros argumentos sostienen que, en estos veinte años, el peso sufrió una devaluación de más del mil por ciento, por lo que el tope que existe en la actualidad “es irrisorio”. También indican que la Provincia está quebrada y sería el primer paso en la discusión sobre un nuevo sistema de repartición de recursos nacionales.

Qué estipula el FCB

El FCB fue creado en la década del '90 con el objeto de aportarle a Buenos Aires una parte del porcentaje de Coparticipación que cedió en los años 80 el gobernador radical Alejandro Armendáriz. 

El mismo está compuesto por el 10% de la recaudación del Impuesto a las Ganancias. Desde 1997, establece un monto fijo para la provincia de $650 millones y, si existiera un sobrante, que se distribuya entre el resto de las jurisdicciones. Esta cifra permanece inalterada desde aquel momento y hace que, en la actualidad, casi todos los otros gobernadores reciban más dinero.

Esta modificación fue la que terminó perjudicando a Buenos Aires, debido a que el monto establecido es nominal y no se ajustó por ningún parámetro, lo que hizo que el importe que recibió en adelante comenzó a "licuarse" por la alta inflación.

Se estima que este año, el monto coparticipable del impuesto a las ganancias sea de casi $50.000 millones. Sin importar cuál sea el número final, por la aplicación del tope, sólo aportará 650 millones de pesos a la provincia de Buenos Aires.

La recaudación de dicho impuesto se reparte del siguiente modo: 10% para el fondo del conurbano; 4% a distribuir entre las provincias (menos la bonaerense) según su índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI); 20% a la Anses, y el 64% restante a la coparticipación en sí misma, a repartir entre Nación y las provincias.

Tanto se licuó esa cifra, definida por Carlos Menem hace dos décadas, que de la recaudación de ese Fondo (conformado con el 10% de la recaudación de Ganancias) Buenos Aires y Tierra del Fuego son las provincias que menos reciben.

Desde el gobierno bonaerense explican que 37 pesos de cada cien que se recaudan en el país son aportados por Buenos Aires, a la que le devuelven sólo 18 pesos. En sus orígenes, los $650 millones "equivalían más o menos a 2 puntos por coparticipación", lo que llevaba el porcentaje final (Coparticipación más FCB) a un 24 por ciento.

Lo que analizan eliminar no es el tope, sino el fondo del conurbano en sí mismo, para que esos recursos (que representan el 10% de lo que recauda el impuesto a las ganancias) se sumen a la masa coparticipable.

De ese modo, la provincia pasaría a recibir unos 7.000 millones de pesos más este año (en lugar de los 650 millones). Pero Lacunza y Vidal aspirarían a más.

“Se trata de una suma de 47 mil millones de pesos por año. Y si incluso se analizara la reparación por nivel pobreza, Buenos Aires debe ser la primera en ser atendida, porque tiene la mayor cantidad de pobres de todo el país”, sentenció Vidal.

Lo que pretenden Vidal y Lacunza es que no sólo el 10% de la recaudación de Ganancias pase a engrosar la coparticipación, sino también el 20% que va a la Anses y el 4% que se reparte según el índice de NBI. Es decir que todo lo que recauda el impuesto a las ganancias se distribuya entre las provincias.

Sin embargo, en este punto podrían encontrarse con la resistencia del resto de los mandatarios provinciales, ya que ninguno estará dispuesto a ceder parte de los fondos que reciben en la actualidad para asistir a otro territorio. 

En este caso, el gobierno nacional avalaría la creación de un nuevo sistema en el que no se les quite a ninguna jurisdicción un porcentaje de lo que ya están recibiendo. ¿Cómo se solucionaría? La Nación podría ser la que resigne una parte de los fondos en beneficio de Buenos Aires.

O se analiza actualizar el fondo por decreto. Pero esta medida también podría contar con la resistencia de los mandatarios provinciales (cuyos diputados y senadores son indispensables para aprobar una modificación de la ley de coparticipación).