En medio de la crisis por la resistencia a los tarifazos en servicios públicos de energía, una de las prioridades del Gobierno ha sido evitar la "judicialización" de las medidas políticas.

Es por eso que, a pesar de haber dado una "marcha atrás" en los aumentos, con el anuncio del tope real de 400% para los aumentos de gas, igualmente hay preocupacíon por saber cómo reaccionará la Corte Suprema de Justicia ante los fallos adversos. 

La expectativa del Gobierno era que en el máximo tribunal se frenara la ofensiva judicial contra su política. Hasta la semana pasada, el macrismo solo cuestionaba las medidas cautelares. 

Pero el panorama cambió el jueves pasado cuando la Cámara Federal de La Plata anuló la aplicación de las subas del gas de hasta el 400% para hogares y de 500% para comercios, hoteles y pymes. Fue la primera resolución sobre el fondo de la cuestión.

El macrismo apura por una definición. Y el flamante miembro de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, dijo tras asumir que la cuestión debe ser resuelta “en el corto plazo”.

Por lo pronto, el Gobierno continúa apelando los fallos adversos a la espera de que se avale la política tarifaria.

El primer paso para que intervenga el cuerpo encabezado por Ricardo Lorenzetti podría darse este martes. En principio, no evaluará el fondo del asunto (si son legales o no los incrementos) sino que determinará si acepta el per saltum pedido por el Gobierno para que analice los fallos de primera instancia que hicieron lugar a las cautelares que “congelaron” los aumentos.

Si acepta este pedido, el máximo tribunal comenzaría a evaluar la conveniencia o no de las medidas cautelares.

Luego, cuando analice la cuestión de fondo, las opciones que tiene el máximo tribunal de Justicia son varias, entre las que se pueden destacar las que avalen o no el nuevo esquema tarifario o el que busque una solución intermedia planteando un camino alternativo que avale la decisión del Estado nacional de actualizar los montos que deben pegar los usuarios pero que les impongan el llamado a una audiencia pública –tal como manda la ley- para determinar el monto que se podrá fijar.

Según los defensores del incremento, estos eran necesarios por el desfasaje que hubo durante el Gobierno kichnerista, en el que se congelaron tarifas y aumentaron los subsidios. Un dato que no es menor es el que indica que si la Corte Suprema no se expide este martes, el tema se pospondría hasta agosto generando incertidumbre tanto en el Gobierno –sobre el costo de sus decisiones políticas- y los usuarios –que no sabrán cuánto deberán pagar por los servicios y como utilizarlos-.

El "per saltum" es un recurso judicial para saltear instancias (en este caso, la Cámara de Apelaciones) que se pide en situaciones excepcionales. Se le solicita al mayor tribunal que intervenga. En caso que la Corte Suprema acepte tomar el caso, quedarían suspendidas todas las medidas cautelares dictadas hasta ahora.

El primer paso

Si bien el expediente iniciado por la ONG Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad que tuvo alcance nacional y con sentencia de fondo es el que pondría fin a la cuestión, este martes se resolvería un pedido de per saltum presentados por el procurador general del Tesoro Carlos Balbín ante fallos adversos de la Justicia de Chubut y Mendoza.

Tras la feria judicial, en la primera o segunda semana de agosto, se daría la resolución de fondo. Mientras tanto, se discutirían las políticas futuras del sector en una audiencia pública de la que participarán representantes de los consumidores.

Hay pocas chances que la Corte se defina en el corto plazo sobre una cuestión de sensibilidad social, sin analizarla. La apelación contra el fallo que hizo lugar al amparo presentada por el ministro Juan José Aranguren primero tiene que ser aceptada por la Cámara Federal platense, que tiene que respetar una serie de pasos.

Para pronunciarse, la cámara debe consultar previamente a las partes, que tienen diez días hábiles para responder, con lo cual es imposible que ese expediente llegue al máximo tribunal. 

En caso de rechazo del tribunal platense, el Gobierno podría presentar un recurso de queja directo ante la Corte, pero esto llevaría mucho más tiempo y la solución de fondo recién llegaría para mediados de septiembre.

En el Congreso, presión opositora

A través de una carta, Sergio Massa le volvió a pedir al presidente Mauricio Macri que suspenda el aumento de las tarifas de gas tras la quita de subsidios y que asuma las subas dispuestas como "un error serio".

En el documento publicado en su página de Facebook, el líder del Frente Renovador cargó con dureza contra el ministro de Energíapor cómo llevó adelante la quita de subsidios.

"Reconozco, al igual que muchos argentinos, la situación de colapso en que su Gobierno recibió el sector energético y la urgencia de hacer modificaciones profundas que permitan un horizonte de sustentabilidad en una materia de la que depende el futuro económico de nuestro país", apuntó Massa.

El líder del Frente Renovador adelantó que en los próximos días presentará una propuesta alternativa al aumento que dispuso el Gobierno. 

Pero el kirchnerismo es el más entusiasmado en sacar partido de semejante coyuntura. El tema fue uno de los ejes tratados por la expresidenta Cristina Kirchner con sus principales referentes del bloque K en Diputados. Pedirán una sesión especial para frenar el tarifazo.

La medida no contaría con el apoyo de los otros partidos, pero le sirve al bloque cristinista para tratar de influir en la agenda legislativa, como sucedió con la ley antidespidos, cuando logró encolumnar al Frente Renovador y el resto del peronismo.

El senador Juan Manuela Abal Medina, quien fue Jefe de Gabinete durante el gobierno kirchnerista pero mantiene un diálogo fluido con el Gobierno, consideró que "el aumento fue brutal e ilegal y hoy se demuestra con el conjunto de medidas judiciales tomadas a lo largo y ancho del país y las movilizaciones de usuarios y consumidores".

"El Gobierno debería reconocer su error, volver atrás con las medidas y aplicando las audiencias públicas que fija la ley, generar un esquema tarifario que sea justo y equitativo", resaltó el senador peronista.

En tanto, el diputado del Frente Renovador Felipe Solá expresó “no hay que pedirle la renuncia (al ministro Aranguren), hay que pedirle cambios. Nunca una política de shock, como la implementada en materia energética, fue exitosa. De los shocks en la Argentina, los más pobres no se reponen”.

En la misma línea manifestó: “Nuestro bloque, a través de la diputada Liliana Schwindt, presentó un proyecto que pone topes y establece un cronograma de aumentos pero esta frenado por Julio De Vido que es el presidente de la Comisión de Energía. No hay autoridad moral desde el FpV para desgarrarse las vestiduras en el tema tarifas”.

Solá señaló que “ahora quieren politizar el problema y piden una sesión especial para abordar los aumentos, luego de ´pisar´ durante meses un proyecto muy concreto de una diputado del Frente Renovador".