El Gobierno impulsa en el Congreso un freno a los juicios contra obras sociales y prepagas que prevé una sustancial reducción de costos en el sistema.

A pedido de sindicalistas y empresarios envió un proyecto de ley para crear un organismo encargado de fijar límites en tratamientos médicos, tecnologías sanitarias y drogas de provisión obligatoria por parte de las prestadoras.

En la actividad estiman que los amparos de afiliados que exigen coberturas no previstas representan por lo menos un costo adicional de 10% en el sistema. 

La creación de una Agencia de Evaluación de Tecnología, contenida en una iniciativa que el Ejecutivo envió para su debate parlamentario, responde a un reclamo de años de gremialistas y ejecutivos de la medicina privada.

Se trata de un ente ideado para analizar el "costo efectividad" de nuevas prestaciones, medicamentos o procedimientos de diagnóstico lanzados al mercado y cuya cobertura no está prevista por los efectores de salud, aunque corren el riesgo de afrontarla a partir de decisiones judiciales, indicó Ámbito Financiero. 

De esta manera, el Ministerio de Salud busca ponerle un freno a la facultad de jueces de ordenar amparos a favor de pacientes que exigen para sus dolencias ser tratados con técnicas o drogas no incluidas en el Programa Médico Obligatorio (PMO).

En general las controversias surgen por novedades tecnológicas o bien, por prestaciones que a pesar de existir en el mercado a precios más accesibles terminan por ser recetadas o exigidas en sus versiones más costosas. 

El dirigente destacó que "la Justicia, vía amparos" obligó a las prestadoras de los gremios a "cubrir por fuera del PMO tecnologías sin evidencia de su utilidad". 

Los empresarios del sistema remarcan que "más de 10% del costo se lo llevan estos juicios", por lo que se necesita "un organismo independiente que fije límites”. Esto serviría para abaratar los costos de los planes que ofrecen las empresas a sus afiliados.