El Gobierno recibió como una bocanada de aire fresco el nuevo fallo de la Justicia que comenzó a desarmar el freno al tarifazo impuesto por las cautelares.

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata suspendió este jueves la resolución que anulaba el nuevo cuadro tarifario en la provincia de Buenos Aires y, de ese modo, habilitó las subas para las operadoras del Gran La Plata y el interior bonaerense, excepto Edenor y Edesur. 

Según la sentencia a la que tuvo acceso iProfesional, la cámara platense resolvió "habilitar la feria, hacer lugar a la queja articulada, revocar la resolución de grado y conceder el recurso de apelación que la motiva con efecto suspensivo".

El dictamen dispuesto por los jueces Gustavo De Santis y Claudia Milanta se conoció en medio de varias protestas en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires motivadas por los cortes de luz, los incrementos en las boletas y la falta de empleo. 

En paralelo, el Gobierno de María Eugenia Vidal inició durante la jornada su primera audiencia pública en Mar del Plata con un fuerte operativo en el Estadio Mundialista. Hasta allí se movilizaron la CGT, la CTA y organizaciones de izquierda para denunciar que la convocatoria oficial era "ilegal" por el presunto incumplimiento de pasos previos.

El 31 de mayo el titular del Juzgado Contencioso Administrativo 1, Luis Federico Arias, ordenó dar marcha atrás con el aumento de hasta el 200% en la tarifa eléctrica por la falta de audiencias públicas.

El juez hizo lugar a una "medida autosatisfactoria" presentada por la asociación civil Colectivo de Acción en la Subalternidad (CIAJ), que solicitó la nulidad de la resolución Nº22/16 para el servicio que brindan las empresas EDELAP (La Plata y región), EDES (sur bonaerense), EDEA (costa atlántica), EDEN (norte de la provincia).

En las últimas horas, sin embargo, la Cámara en lo Contencioso Administrativo aceptó la apelación del fisco bonaerense y avaló los ajustes en las boletas. Así las cosas será la Corte quien tendrá la palabra final sobre el asunto.

"Ahora estaría habilitado el nuevo cuadro tarifario", reconoció Juan Gianibelli, abogado del colectivo de profesionales, quien no obstante precisó que "el fallo no decide sobre el fondo del asunto, sino sobre el efecto de la apelación del juez Arias".

Por otra parte, señaló que el pronunciamiento judicial no resuelve el cuestionamiento a las subas. "La sociedad dijo que el cuadro no es racional y mucha gente no va a querer cumplir por más que las distribuidoras quieran aplicar aumentos", afirmó Gianibelli.

En sintonía con el giro de la Justicia, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, volvió sobre sus pasos y este jueves recomendó a los usuarios que pagaran las boletas de gas con subas, pese a que días atrás había dicho que no había que abonarlas hasta que la Corte lo resolviera.

"Tarde o temprano se van a tener que pagar las facturas de gas", aseguró Peña y sugirió que "si uno quiere pagar ahora, para no acumular y pagar todo junto después, lo puede hacer".

DescontentoPor otra parte, diversas organizaciones sociales realizaron este jueves cortes en el centro porteño y en los partidos bonaerenses de La Plata y La Matanza contra "el hambre", en reclamo de un plan de obras públicas para trabajadores informales que "permita paliar la pérdida de changas" y en "rechazo" al aumento de las tarifas de gas, luz y agua.

Integrantes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) bloquearon el tránsito en el centro porteño y en La Matanza para "hacer visible que el hambre se está agudizando día a día" y denunciaron "amenazas, ataques y atentados" contra dirigentes de la agrupación y familiares, mediante llamadas, mensajes de texto y hasta videos por WhatsApp.

"A la vivienda de Juan Carlos Alderete (coordinador nacional de la CCC), en La Matanza, le descalzaron el portón del garaje para que se le cayera encima cuando lo fuera a abrir", denunciaron. La CCC también indicó que el hijo de uno de sus compañeros fue apuñalado en la noche del sábado 16 de julio y la hija de otro sufrió un intento de secuestro".

En tanto, el Polo Obrero (PO) y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) marcharon al mediodía desde el Obelisco hacia la sede del ministerio de Energía y Minería, en avenida Paseo Colón al 100 de esta ciudad, para rechazar "el tarifazo" de gas, luz y agua.

Los manifestantes reclamaron en un comunicado "la apertura de los libros de la empresas privatizadas y la investigación de los enormes subsidios que recibieron" y pidieron "la entrega de garrafas a 50 pesos cada una", en las zonas "sin red de gas".

"Se está formando un enorme movimiento de lucha contra el ajuste, que tendrá un gran jalón el 2 de agosto en el -piquetazo- que cortara el histórico puente Pueyrredón", advirtió el dirigente del PO Eduardo Belliboni.

Belliboni expresó que "el plan de lucha tendrá su continuidad el 9 de agosto junto a los sindicatos clasistas, el Partido Obrero y la izquierda en general en la movilización a Plaza de Mayo, para reclamarle a las centrales obreras que rompan la criminal tregua con Macri y llamen a una huelga general contra el ajuste".

La organización social Barrios de Pie, en tanto, se manifestó frente a la Casa de Gobierno bonaerense, en La Plata, tras retomar la marcha iniciada ayer en Capital Federal en reclamo de "un plan de obras públicas para trabajadores informales, que permita paliar la pérdida de empleo y changas".

El gobierno reconoció este jueves que hasta mayo pasado hubo 59.840 despidos en el sector privado, según la Evolución del Empleo Registrado Privado del Ministerio de Trabajo.

En tanto, cooperativas, sindicatos, agrupaciones sociales y usuarios hicieron un llamado para realizar el próximo 4 de agosto un nuevo cacerolazo en todo el país, contra el aumento de las tarifas eléctricas, del gas y agua. Será la segunda manifestación de carácter nacional que enfrentará el Gobierno desde que asumió en diciembre pasado.

El 14 de julio pasado miles de vecinos realizaron protestas en las principales ciudades del país para rechazar el tarifazo, con impacto considerable en los barrios porteños. Si bien fueron dispersas, la señal de desconteto forzó un cambio en el discurso oficial y profundizaron la incertidumbre en torno a la política energética.