Hacía tiempo que la crisis en el sector energético no quedaba tan expuesta. 

Sólo el viernes último, casi 70.000 hogares de Capital Federal y el conurbano se quedaron sin electricidad. El grueso de ellos también sufrió por la falta de agua porque este servicio depende de la luz. 

En paralelo, el revés que recibió el tarifazo en la arena judicial elevó el alerta en distribuidores como Edesur y Edenor, que ya anticiparon que no podrán avanzar con obras para mejorar o expandir la red hasta tanto no se incremente el flujo de caja. 

De hecho, la última compañía acaba de comunicarle a la Bolsa de Comercio que si no se habilitan los aumentos cerrará el año con un déficit de hasta $4.800 millones. Y que, producto precisamente de ese rojo, están “en riesgo las operaciones de la empresa”.

Al mismo tiempo, ambas firmas “culpan” a empresas como Metrogas por aplicar subas tan elevadas a las facturas de gas que esto derivó en una migración masiva de los usuarios hacia sistemas de calefacción alimentados con electricidad. 

Pero hay más: sin caja y con el servicio en evidente deterioro, las distribuidoras enfrentan también un conflicto gremial por su decisión de recortar empleos en caso de no lograr destrabar el aumento en las boletas.

Este último aspecto, reconocen incluso referentes sindicales, también explica las demoras en la restauración del servicio. 

En diálogo con iProfesional, Rafael Mancuso, titular de Luz y Fuerza, afirmó que "el servicio es deplorable y tenemos un enfrentamiento con Edesur, por eso se trabaja a reglamento. Pero lo que más incide no es nuestra postura sino el hecho de que las empresas no compran materiales. No hay repuestos de nada. No hay con qué arreglar”.

Según Mancuso, Edesur avisó que despedirá a 200 personas entre este final de julio y el principio de agosto, además de advertir que si la Justicia no cede en el aumento no habrá cobro de haberes para los empleados a partir de octubre. “El Gobierno debe responder”, dijo.

Así, las compañías aseguran que el servicio es deficiente porque la Justicia no permite el incremento, al mismo tiempo que colocan responsabilidades en el reclamo de los gremios, que denuncian nula inversión de las distribuidoras, a la vez que ya exigen una intervención del Gobierno.

Y, en ese marco, fue inevitable que empezara la especulación respecto de si las demoras en solucionar los cortes son "normales" o si están agravadas por factores extra-técnicos. Después de todo, comentan muchos en el ambiente, este tipo de situación resulta funcional a quienes quieren plantear la necesidad urgente de que la Justicia salga del impasse tarifario y autorice los controvertidos aumentos.

En medio del fuego cruzado están las víctimas de siempre: miles de usuarios que, sobre todo en la última semana, padecieron la falta de luz. Todo esto, mientras retienen el aliento a la espera de conocer cuánto habrá que abonar en las próximas facturas. 

Red al borde del colapsoEl primer aspecto en el que coinciden empresas, gremios, e incluso funcionarios de Gobierno a la hora de explicar los apagones de los últimos días, está vinculado con el estado de la red de electricidad de Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.

En concreto, el tendido requiere de inversiones tanto en mantenimiento como en ampliación, por la suba permanente que en los últimos años viene mostrando la demanda.

De acuerdo con datos aportados a este medio por el Sindicato de Luz y Fuerza, el consumo viene aumentando desde 2013 a la actualidad a una tasa del 7% anual.

Desde Edesur, su directora de Comunicación, Alejandra Martínez, argumentó ante iProfesional que los cortes responden principalmente a “una demanda expandida que impactó en el consumo de electricidad. Muchos edificios que se calefaccionaban con gas pasaron a depender de nuestro suministro porque les resulta más barato”.

“Al mismo tiempo, hay muchas clausuras de lugares con gas por inspecciones que hacen las empresas. Como tardan mucho en reacondicionar las instalaciones, todo esa necesidad se traslada también a quienes proveen electricidad”, señaló. 

Sin mencionar el nombre de la compañía, hizo referencia a Metrogas. Lo curioso es que, aunque desde Luz y Fuerza reconocen una suba en la demanda de electricidad durante los últimos años, no faltan los informes que arrojan por la borda el argumento de que los cortes responden a un pico en el consumo derivado del incremento del gas.

En esa dirección, según un informe de IERAL, sólo en el segundo trimestre de 2016 el consumo de gas domiciliario aumentó 54%.

"La participación del consumo de gas residencial en el total pasó de casi 20% en abril-mayo de 2015 a 29,7% en igual período de 2016. La provisión de gas, nacional e importado, mejoró en lo que va del segundo trimestre, permitiendo un aumento del consumo total de 6% interanual en mayo pasado", expone el trabajo.

Estos indicadores vuelven a colocar la mira sobre el funcionamiento del tendido eléctrico.

"Hace años que no hay una inversión real en la red. Y cuando hay una falla, no existe material para recomponer ni reemplazar. Por ejemplo, Edesur no cuenta con transformadores de repuesto. Tampoco tenemos cables para reemplazar los que se van inutilizando. Cada vez que hay un corte lo que se hacen son puentes entre los extremos quemados. Por eso tenemos este paisaje permanente de veredas rotas", detalló.

El gremialista sostuvo que lo único permanente en la distribuidora es la política del "empalme transitorio".

Al mismo tiempo, expuso la decisión de las compañías de colocar sus depósitos de insumos fuera de Capital Federal, lo cual hace más lentas las reparaciones en los casos en que éstas pueden llevarse a cabo.

"Las empresas centralizaron sus depósitos en lugares alejados de zonas pobladas. Se ubican principalmente en el conurbano bonaerense. Eso hace que frente a una falla se necesiten varias horas. Hace seis años todo era diferente", aseguró.

Este aspecto es clave para entender cuánto ha desmejorado la prestación. Así, mientras que en 2010 la demora en el restablecimiento del suministro promediaba las 11 horas, en la actualidad ese lapso supera las 30.

Tanto Mancuso como un ex secretario de Energía de la Nación que asesora a Juan José Aranguren coinciden en esta ampliación de los plazos. 

Advertencia por la suba de tarifas

Del lado de las compañías, la postura es clara respecto del funcionamiento de la red: si no hay aumento en las tarifas, las complicaciones se irán multiplicando. 

"Hay cortes pero no es un apagón generalizado. Son interrupciones en las redes de baja tensión", precisó Martínez, de Edesur.

Pero es Edenor la que con mayor potencia salió a exponer las complicaciones para sostener el suministro por efecto del incremento trabado por la Justicia. En una carta a la Bolsa de Comercio, la distribuidora sostuvo que, por la decisión legal, sufrirá un déficit de caja de $4.800 millones sólo este año.

"La insuficiencia de fondos disponibles pondría en riesgo las operaciones de la empresa, que deberá incurrir nuevamente en atrasos en el pago de la energía que adquiere en el MEM, la paralización de las inversiones y el recorte de otros gastos operativos, de los cuales los salarios representan un 80%", sostiene el texto.

"Dado que las Medidas Cautelares suspenden la Resolución MEyM 7/2016 (...) el déficit generado por éstas debería ser cubierto por fondos transferidos por el Estado Nacional a esta distribuidora de acuerdo al régimen que la mencionada Resolución dispone", añade.

Edesur, según Luz y Fuerza, fue más directa: notificó que prescindirá de 200 operarios en estos días, como consecuencia de la falta de mejora en la rentabilidad de la compañía. En simultáneo, aseguró Mancuso, la ausencia de una suba en las tarifas derivaría en el no pago de salarios desde el mes de octubre.

"La empresa nos amenazó con el recorte de sueldos si no hay una solución de parte del Gobierno antes de ese mes. Nos están empujando al reclamo y al conflicto. Estamos en el medio, ya que la gente también cree que los operarios somos responsables de la falta de soluciones cuando se interrumpe el suministro", aseguró.

"Si hay despidos vamos a aumentar nuestras acciones contra Edesur. Y si llegamos a la instancia de los sueldos interrumpidos o fraccionados, directamente vamos a hacer un paro con toma de las instalaciones. El Ministerio de Trabajo dictó una conciliación obligatoria por las disputas de estos días pero, más allá de eso, el macrismo no interviene", agregó. 

Luz y Fuerza cerró el año pasado una paritaria de 27,8% por 18 meses, pero en mayo presionó hasta lograr una suba extra del 11%.

Ahora, el gremio exige un adicional de 24% a cobrar en los próximos meses. Las empresas anticiparon que no aceptarán la suba. De ahí el clima de crispación que ahora se combina con el resquebrajamiento de la estructura eléctrica. 

¿Cuál es la postura del Gobierno ante este escenario? Un importante asesor de Aranguren cargó las tintas otra vez sobre la Justicia.

"Lo que ocurre con las compañías es un tema judicial antes que de nuestra administración. Es cierto que aumentó el tiempo de resolución de los cortes y que cada vez son más seguidos, pero el financiamiento que dictaminamos servirá para paliar el problema. A los jueces parece no importarles demasiado lo que sufren las empresas y la sociedad en general", dijo a iProfesional.

"Si no se llega a habilitar el aumento tan necesario, lamentablemente el Gobierno deberá salir a poner plata para sostener a las empresas. La conflictividad que tienen Edesur y Edenor con sus operarios no es una cuestión sobre la que tenga competencia Energía. Nosotros acercamos una solución. La traba que impuso la Justicia no es nuestra responsabilidad", agregó.

El funcionario anticipó que si el Gobierno finalmente debe aportar fondos para el funcionamiento de las eléctricas, esas partidas no contempladas significarán el recorte de fondos para otros fines.

"Se tomarán partidas surgidas del blanqueo o habrá que apelar al endeudamiento externo. Lo que sí es seguro es que, de tener que caer en esa opción, se harán menos rutas, menos cloacas, menos escuelas. Se pagará con menos obra pública", anticipó.