El fallo de la Corte Suprema de Justicia representó un traspié para el Gobierno, al frenar parcialmente el aumento del gas y exigir el llamado a audiencia pública.

La autocrítica partió del ministro de Justicia, Germán Garavano, que admitió que la instancia de discusión con los usuarios se tendría que haber convocado antes de establecer el brusco aumento al servicio.

En ese sentido, destacó que la estrategia elegida dependió de la cartera de Energía, aunque negó que el ministro Juan José Aranguren sea desplazado del gabinete.

Consultado por si consideraba había sido "un error" aplicar los aumentos sin la audiencia pública previa, el ministro contestó, contundente: "Hoy, con el fallo en la mano, sí, efectivamente".

Sin embargo, el ministro de la cartera de Justicia intentó disminuir el impacto político del fallo del máximo tribunal.

Y dijo: "No hubo grandes sorpresas pero sí matices" en la visión que optó la Casa Rosada al enterarse de la decisión de la Corte, aunque aclaró: "Los fallos son para cumplirse, por lo cual el Gobierno lo va a cumplir".

A través de una disposición del Boletín Oficial, este viernes se convocó la audiencia pública para el lunes 12 de septiembre en la Usina del Arte.

"No existe tensión entre el Gobierno y la Corte, el balance no es tan negativo desde la mirada del gobierno", agregó el ministro.

Garavano señaló que la decisión de aplicar la suba de tarifas sin haber convocado a audiencia pública fue "un proceso técnico que nació de las entrañas del Ministerio de Energía donde hay gente que trabaja desde hace muchísimo años".

"Ahí se escogió el camino que se escogió", dijo el ministro. "El Presidente no decidió el cuadro ni el proceso técnico. Los asesores jurídicos del Presidente no participaron", agregó.

A pesar de la reflexión que pudo tener el Gobierno tras el controvertido fallo, Garavano aclaró que Aranguren no va a renunciar: "Nunca se barajó; al contrario, Macri le pidió que se ponga a trabajar y lo hizo, al convocar a la audiencia y al ordenar a las empresas a refacturar los servicios".

Además, admitió que tras la decisión del Máximo Tribunal, en el Poder Ejecutivo se manejó la posibilidad de dejar liberado al mercado el precio del gas en boca de pozo, "lo que generaría un costo mucho mayor para la gente, con tarifas mucho más altas".

Garavano insistió con que la situación "era realmente controvertida" ya que la obligación de audiencias públicas para establecer el precio del gas en boca de pozo "no está previsto en la ley".

"La Corte misma hace una distinción en situación de mercado y de regulación por parte del Estado y genera una construcción que en derecho llamamos pretoriana, es decir, algo que no está previsto en la Ley. Y habla de una reglamentación directa de la Constitución. En ese punto, era una cuestión para que resuelvan los tribunales, no es que no se hizo pese a que la ley decía que había que hacerse", explicó.

En ese punto, advirtió que tras la decisión del Máximo Tribunal, el Gobierno manejó la posibilidad de liberar al mercado el precio de la generación del fluido, "algo que necesitaría una simple resolución", pero advirtió que eso provocaría tarifas más altas aún.

"Eso generaría un costo mucho mayor para la gente, con tarifas mucho más altas. Se decide hacer esta audiencia porque el Estado va a seguir interviniendo para fijar un valor menor y que la gente tenga que pagar menos", afirmó.

Con respecto a las empresas y otras entidades, que quedaron fuera de la anulación de los aumentos, el ministro afirmó que podrán reclamar en la Justicia pero "caso por caso", y que "ese proceso que va a ser mucho más complejo".

Por último, y sobre la audiencia pública para discutir la tarifa del gas prevista para el próximo lunes 12 de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires, Garavano adelantó que están evaluando la posibilidad de que se pueda participar a través de internet, para que usuarios del interior que no puedan concurrir, puedan dar su opinión.