Con el regreso de los datos sobre mercado laboral del "nuevo" Indec, que arrojaron para el segundo trimestre una preocupante tasa de vacancia 9,3% con una subocupación de 11,2%, el desempleo volvió a ubicarse en el centro de la escena política y ya vuelve a generar choques entre Gobierno y oposición.

Además, se transformará en el debate más importante que tenga el Congreso de aquí a fin de año, ya que el Gobierno quiere que se trate la “ley de empleo joven”, pero desde la oposición consideran que se podrían encubrir casos de flexibilización laboral.

El Poder Legislativo ya le dio su primer gran dolor de cabeza al macrismo con el veto de la llamada ley antidespidos. En paralelo, el Ejecutivo suscribió un acuerdo por 90 días con sectores empresarios para mantener los puestos de trabajo.

Pero este acuerdo no tendrá un segundo capítulo ya que el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, afirmó que la situación laboral "se estabilizó".

"La generación de empleo no se logra con un cepo, ese proyecto lo que hace es evitarla, es una situación análoga con el cepo al dólar", había asegurado el funcionario.

El titular de la cartera laboral asegura que ya hay señales de reactivación. Confía en que la obra pública pueda ser la locomotora que agilice la reacción y también apuesta a que avance en el Congreso una iniciativa oficial para generar empleo en los jóvenes de entre 18 y 24 años.

Por otro lado, el Gobierno sostuvo que la esperada “lluvia de inversiones” no iba a llegar hasta que no se redujera la litigiosidad laboral y cuestionó también la cantidad de empleados públicos.

La temperatura política aumentó cuando Mauricio Macri apuntó hacia los empleados que buscan ventajas ilícitas -como ausentarse injustificadamente o litigar sin fundamento- a los que calificó como “un palo en la rueda” perjudicial para el resto de la sociedad. 

Lo más pronto posible

Durante su informe ante la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete Marcos Peña también destacó la importancia de que el Congreso active el tratamiento de la ley de Primer Empleo para poder implementar políticas activas que faciliten el acceso al mercado laboral de "los sectores más afectados por la falta de trabajo", principalmente los jóvenes.

"Para nosotros la generación de empleo para los jóvenes es un tema central y seguiremos defendiendo lo que creemos que es una buena ley, pero estamos abiertos a mejorarla", explicó.

El jefe del bloque de Diputados del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, continúa señalando que el Gobierno quiere plantear una "flexibilización laboral".

Sobre este punto habrá que ver lo que señala el flamante triunvirato que ahora conduce los destinos de la Confederación General del Trabajo (CGT), que se reunificó tras cuatro años.

Para los expertos, uno de los problemas centrales para que la litigiosidad continúe en aumento es que en las suspensiones, los motivos que esgrimen las empresas no son válidos y podría generar que los empleados se consideren despedidos.

De acuerdo a los asesores de empresas consultados por iProfesional, para la Justicia, prácticamente ningún accionar del empleado justifica su cesantía. 

En consecuencia, afirman que durante los últimos años creció la tendencia judicial de fallar a favor de los trabajadores quienes reclaman, además de la indemnización por despido, un resarcimiento por daño moral, discriminación, el pago de multas a las empresas por cuestiones formales (falencias en la registración de sus trabajadores o en la entrega de certificados de empleo), entre otros.

Pero también hay algunas que recurrieron a cualquier tipo de artilugios para evitar pagar los costos de una indemnización y mantener la rentabilidad en épocas de inflación. Esta práctica desemboca en un incremento de la cantidad de los juicios laborales.

“Los empresarios argentinos no dudan en atribuirle la culpa a los jueces pro obreros o al país o a la crisis internacional, cuestión que para echar al personal o suspender, pretenden aplicar una fórmula que no es válida pero que el tiempo les juega a su favor”, explica Juan Carlos Cerutti, socio del estudio Cerutti – Darago – Lupi & Asociados.

Es que al despedir invocando “falta de trabajo no imputable al empleador”  incurren en un error si no se ha hecho un Procedimiento Preventivo de Crisis. 

De esta forma, según explica Cerutti, vuelven los argumentos “sin sentido” contra los jueces para encubrir que fue culpa de los "empresarios" el uso indiscriminado de figuras como pasantías o contratos a prueba en forma fraudulenta.

La ley permite suspender hasta por 30 días por año por cuestiones económicas no imputables al empresario, pero debe cumplirse un requisito fundamental que es la justificación de la ajenidad de la compañía y la intervención de la autoridad administrativa del trabajo y de los sindicatos.

“Los juicios laborales no sucederían si los actores principales – las empresas- contrataran en la forma que es debida y aplicaran la ley en la forma correcta”, remarca Cerutti.

Otro tema que los asesores no pasan por alto es que de acuerdo a informes privados, tres de cada 10 Pymes reconocieron que durante los últimos seis meses pasaron entre tres  y cinco empleados al régimen informal, eliminando las cargas impositivas y tributarias que les correspondían cuando esos trabajadores estaban incluidos en el régimen laboral.

El presidente de la Federación Económica de la Ciudad de Buenos Aires (Feciba), Raúl Zylberzstein, reconoció el crecimiento del trabajo “en negro”.

Destacó que la falta de competitividad, a raíz de la caída en las ventas, la presión tributaria e impositiva, las subas en las tarifas y los costos financieros, entre otras variables, fomenta cada vez más la economía no registrada y la precariedad contractual.

Zylberzstein consideró que “ni los empresarios ni los trabajadores son culpables de esta situación, que es originada por un sistema perverso que resta competitividad y que obliga a buscar rentabilidad a través de esos mecanismos para poder subsistir”.

Qué indica el proyecto

La iniciativa enviada por el Ejecutivo prevé la inclusión en el beneficio de todos los trabajadores que conforman el grupo de interés en la ley (jóvenes que aplican al primer empleo, personas con discapacidad o mayores de 55 años) a partir del 1 de enero de 2016.

"Los trabajadores incluídos en el régimen (que se formalicen) tendrán derecho a hasta 60 meses de servicios con aportes".

También, propone un tratamiento especial para la regularización del trabajo no registrado, uno de los mayores desafíos ya que los trabajadores informales superan el 35% de la fuerza laboral.

Para "tentar" a los empleadores a que procedan con su formalización, el promete la "liberación de las multas y sanciones (salvo que sean "cosa juzgada"), y la extinción de las deudas comprendiendo capital e intereses si se regularizan hasta diez trabajadores, cuando la deuda tenga su origen en la falta de pago de aportes y contribuciones".

En principio, la primera batalla sobre la posible reforma laboral debería darse en el Congreso, pero una modificación "pro empresa" no contaría con el apoyo de ninguno de los partidos de origen peronista (el Frente para la Victoria, el Bloque Justicialista y el Frente Renovador).

Tal como está hoy el panorama político, impulsar una ley que cambie los lineamientos centrales de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) vigente sería inviable para el Gobierno.