Los fondos comunes de inversión cerrados que están siendo creados a contrarreloj para que lleguen a atraer dinero del blanqueo aspiran a conseguir recursos más allá del proceso de sinceramiento fiscal: tienen en la mira a aseguradoras, a fondos del exterior y hasta al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES.

Uno de los principales ejes en los que trabaja el Gobierno en su proyecto de modificación de la Ley de mercado de capitales tiene que ver con el impulso a los fondos comunes de inversión cerrados, a los que se ve como un potencial reemplazo a los fideicomisos inmobiliarios para impulsar inversiones en bienes raíces y otras actividades de la economía real.

Entre las distintas alternativas para evitar la penalidad del 10% a los fondos blanqueados, los fondos comunes cerrados –en los que los que es obligatorio dejar el dinero inmovilizado por 5 años– son los vehículos más complejos de poner en marcha, aunque pueden llegar a ser los más rendidores.

A diferencia de los fondos abiertos, que en general apuestan por activos financieros y pueden aumentar casi sin límite la cantidad de cuotapartes que venden en la medida en que el mercado se los demande, los fondos comunes cerrados se suelen dirigir a proyectos de inversión concretos en la economía real y su número de cuotapartes es limitado.

El Gobierno apuesta a que el blanqueo sirva como excusa para relanzar estos vehículos que están en desuso en el país por su tratamiento fiscal: el Impuesto a las Ganancias pesa sobre los beneficios que obtiene el fondo y, luego, vuelve a hacerlo sobre los del dueño de la cuotaparte.

Esa doble tributación pasaría a ser un recuerdo una vez que resulte aprobado el proyecto de reforma de la Ley de mercado de capitales en el que trabajan a toda velocidad la Comisión Nacional de Valores de Marcos Ayerra y la Secretaría de Finanzas de Luis Caputo.

Lo ideal sería que la ley esté aprobada antes del 31 de octubre, fecha límite para exteriorizar dinero en efectivo. Aunque previendo las dificultades de crear fondos comunes cerrados se generó la posibilidad de depositar el dinero blanqueado en fondos abiertos "de estacionamiento" hasta que el fondo cerrado termine de ser armado.

Ayer, Allaria Ledesma y CasasArg presentaron lo que será su fondo cerrado orientado a la construcción de no menos de 9 proyectos de vivienda para clase media, aunque aún no pueden ofrecerlo porque necesitan la aprobación de la CNV para hacerlo.

"Es un armado muy complejo porque es muy importante que los proyectos arranquen de inmediato para que empiecen a arrojar renta de inmediato, por eso trabajamos con una empresa que ya tiene los proyectos identificados y puede ejecutarlos, pero aún así es lógico que lleguemos con el blanqueo ya empezado", dijo Juan Francisco Politi, vicepresidente ejecutivo de Allaria.

Aunque con distintos niveles de avance, Consultatio trabaja también en su propio fondo cerrado para atraer dinero del blanqueo, lo mismo hacen AdCap Argentina, por un lado, y Megainver por el otro.

Ya hay dos fondos presentados esperando aprobación: uno de vivienda y otro de energía.

Desde el Gobierno les advierten a quienes lo intentan que no cualquiera resultará aprobado. Sólo los que estén sólidamente armados y puedan ofrecer seguridad a sus inversores pasarán la prueba, aseguran, porque el objetivo es relanzar el instrumento con el que se pretende.

En la industria admiten que las condiciones son difíciles, con lo cual calculan que alrededor de una decena de fondos llegarán a tiempo para el blanqueo, señala El Cronista.

Por eso es que el límite de no más de u$s 10 millones por inversor que se impuso para el ingreso a fondos cerrados por el blanqueo no se aplicará a quienes decidan invertir en estos vehículos con dinero en blanco. Las administradoras de fondos que tienen a las aseguradoras entre sus principales clientes piensan en ellas, antes que en nadie, para complementar con sus inversiones lo que ingrese por el sinceramiento fiscal.

Pero en la mente del sector también están eventuales fondos del exterior que quieran invertir en bienes raíces y otros activos de la economía real. Por último, además, las primeras reuniones con la ANSES de Emilio Basavilbaso y el sector de fondos comunes ya tuvieron lugar con la esperanza de que también el Fondo de Garantía de Sustentabilidad pueda acercar parte de su cartera de $ 720.000 millones a estos vehículos, mucho más allá de la vigencia del blanqueo.