La conflictividad laboral experimentó un pronunciado aumento durante el 2016, tanto en paros, como en pérdida de empleos y suspensiones, en un contexto de fuerte aceleración inflacionaria y caída del salario real.

Además, la difusión de las cifras oficiales sobre desempleo -9,3% en el segundo semestre- fueron un duro golpe para el discurso macrista. Ante las recurrentes protestas y la multitudinaria “marcha federal”, el Gobierno comenzó a acelerar un plan de reforma laboral para estimular la contratación en empresas privadas.

Si bien la propuesta había sido lanzada en abril por el presidente Mauricio Macri, había dormido en los cajones de la comisión de Legislación del Trabajo en la Cámara de Diputados. El contexto laboral y el temor al avance una posible “flexibilización” provocaron dudas tanto en el oficialismo como en la oposición sobre la oportunidad en su tratamiento.

Pero ello cambió y este miércoles el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, se presentará en Diputados para defender el proyecto del Ejecutivo que promueve el "empleo joven” mediante un programa que incluye "una política integral y un conjunto de medidas” para jóvenes de entre 18 y 24 años.

Sin embargo, su tratamiento no será exprés ya que el peronismo y las centrales sindicales piden introducir cambios que modificarían aspectos troncales de la iniciativa. 

Es más, Triaca reconoció que dialogaron con los sindicalistas sobre la Ley de Primer Empleo y admitió que los gremialistas realizarán "propuestas" al respecto.

El justicialismo más tradicional indicó que frenará eventuales propuestas de reformas a la Ley de Contrato de Trabajo  que vaya contra los intereses de los asalariados. 

En ese sentido, el jefe de bloque de senadores del PJ, Miguel Pichetto, reconoció que “hay proyectos como el del Empleo Joven o temas que son de incentivos” y prometió estudiar esas iniciativas juntamente con la CGT para unificar una propuesta de cambios en los debates que se lleven tanto en Diputados como en la cámara alta.

Así se lo dijo Pichetto a Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña, los tres secretarios generales de la CGT, en un encuentro del que participaron además, el senador Juan Manuel Medina y los dirigentes Andrés Rodríguez, José Luis Lingeri, Abel Frutos y Mario Calegaris.

“Hubo comentarios del Gobierno nacional y del propio presidente Mauricio Macri ligados al concepto de productividad y nada más. En el Congreso Nacional después de las experiencias frustrantes que han habido sobre esa materia, podría adelantar sin temor a equivocarme que no pasaría ninguna ley que flexibilice el empleo en la Argentina”, agregó.

Qué contempla el proyecto

El proyecto del oficialismo subsidia el empleo de jóvenes que tengan entre 18 y 24 años, con menos de 36 aportes a la seguridad social acreditados en su historia laboral, sean éstos continuos o discontinuos. Además, no se tendrá en cuenta si lo hicieron como trabajador, monotributista o autónomo (no se contabilizarán los aportes realizados como monotributista social) .

El Estado se hará cargo de los aportes previsionales, del PAMI, y la cuota de la ART, al tiempo que invita además a obras sociales y gremios a que acompañen la iniciativa con la absorción total o parcial de sus cuotas.

El subsidio dura tres años, y se otorga de manera decreciente. 

Además de estar exentos del pago de distintos porcentajes de las contribuciones patronales, los empleadores podrán recibir incentivos económicos. 

Si la empresa es de menos de 200 empleados, los descuentos son mayores, así el subsidio puede alcanzar al 100% de los aportes patronales. O ser del 80%, si la compañía es de más de 200 trabajadores. El beneficio para el empleador será una rebaja de entre 20 y 30% del costo laboral total.

Para recibir el beneficio, la empresa contratista debe presentar un aumento de su plantilla. Esto significa que si dicha firma despide a siete empleados y contrata tres jóvenes que cumplen los requisitos, no podrá aprovechar las exenciones y los incentivos.

El punto más controvertido del proyecto es que pone un límite salarial. Las empresas sólo podrán acceder al beneficio si pagan salarios por hasta 1,5 veces el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM).

Desde septiembre, el mínimo es 7.560 pesos y desde enero alcanzará los $8.060. Es decir, si entra en vigencia a partir del año próximo, el tope salarial que contempla el Gobierno será $12090.

Las empresas tendrán un año para inscribirse al beneficio desde la sanción de la ley, aunque el Gobierno estudia extender el régimen otro año más.

Para acceder al beneficio, las empresas deben contratar trabajadores que no hayan tenido aportes durante los últimos cinco años. Los jóvenes deben tener menos de seis meses de aportes y contribuciones.

El Frente Renovador también intentará que se incluyan modificaciones en el mismo a partir del recorte de impuestos a las pequeñas y medianas empresas sobre la base de la incorporación de empleados menores a 25 años y mayores a 50.

Asimismo los nuevos empleados que sean beneficiarios de planes sociales le permitirán al dueño de la firma descontar los aportes. E inclusive si cumplen algunos de estos puntos, adquirirán la prioridad para tomar créditos productivos o presentarse en licitaciones públicas.

"Si queremos conseguir que se genere trabajo para los que hoy están subsidiados, pero por el otro lado no hacemos nada por detener los despidos, no se va a dar la ecuación que ellos quieren", cuestionan desde el Frente Renovador. 

Por su parte, Graciela Camaño declaró que “tenemos una conflictividad laboral muy grande. Si uno no reconoce el problema no lo soluciona”.

Por eso es que busca impulsar medidas que beneficien “a las pequeñas y medianas empresas para retener el empleo”, por cuanto las grandes compañías a su juicio “ya fueron compensadas por el Gobierno”, en referencia a la devaluación y la quita de retenciones, entre otras medidas.

La diputada enfatizó que “tenemos registrados conflictos laborales por despidos, por vacaciones adelantadas y licencias sin goces de haberes en varios gremios de industria, como la automotriz a raíz de la crisis de Brasil”.