Legales
Pidieron la indagatoria del ex número dos de De Vido en el ministerio de Planificación
19-10-2016 El fiscal Delgado consideró que "se encuentran reunidos los requisitos necesarios" para imputar a Roberto Baratta y a otros exfuncionarios de esa cartera
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La Justicia avanzó con la denuncia que hizo la Oficina Anticorrupción en base a un informe de la SIGEN donde acusó a dos exsecretarios de Julio De Vido por exorbitantes gastos irregulares con la "caja chica" del Ministerio de Planificación.

El fiscal Federico Delgado citó a los exfuncionarios Roberto Baratta, subsecretario de Coordinación y Control de Gestión; y a Luis Vitullo, exdirector general de Administración. Ambos, eran responsables de los gastos rotatorios de la cartera que conducía Julio De Vido. 

La SIGEN reportó la semana pasada que había irregularidades en casi todos los gastos de la caja chica de ambas secretarías. Desde gastos pequeños, como la compra de café, hasta gastos más sofisticados como alquileres de aviones para traslados oficiales. En muchos de estos casos "se comprometían varios miles de pesos y fueron objeto de maniobras ilícitas".

En base a ese informe, la Oficina Anticorrupción sostuvo que "se pudo determinar la existencia de algunos sobreprecios que establecen un perjuicio concreto, que en la mayoría de los casos no se presentó la rendición de viáticos".

El organismo que conduce Laura Alonso, además, denunció que había un aceitado mecanismo de ambos funcionarios para "cubrir sus huellas". Tal es así que los dos funcionarios que reportaban a De Vido habían incorporado presupuestos falsos para dar una imagen de transparencia por si eran auditados. "No se trató de hechos aislados. Pareciera que esto era una práctica habitual."

En uno de los ejemplos que citó la Oficina Anticorrupción, encontraron que el Ministerio de Planificación compró casi mil ejemplares del libro "Técnica de procedimiento penal" a la editorial La Página, por un total de $234.000 ($400 por cada ejemplar).

"El libro se trata de una publicación que pareciera estar orientada a un principiante que deba ejercer la abogacía o a empleados del Poder Judicial, ya que es una especie de manual práctico, por lo que su adquisición habría sido un dispendio de fondos públicos", concluyeron.

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