Los títulos de los portales de noticias y los "zócalos" de los informativos de TV hablaban de "acuerdo" tras la reunión en la mesa de diálogo social convocada por el Gobierno junto con empresarios y sindicatos.

Ese fue precisamente el síntoma más claro del éxito político que logró el Gobierno, en un encuentro en el que pudo, de manera simultánea: 

-Diluir el riesgo de paro general

-Instalar la sensación de una mejora del clima social

-Y (lo más importante) no compometer ni un peso de las arcas fiscales. 

De hecho, la lectura de los medios reflejó la cintura del macrismo para aparecer como el artífice de una solución a los reclamos de la CGT que, en los últimos días, se centraron en la necesidad de un bono de fin de año generalizado para los asalariados.

Sin embargo, visto más en detalle, lo que salió de la primera reunión entre sindicalistas, empresarios y funcionarios en la Rosada fue todo menos un compromiso para pagar un plus de $2.000 en adelante.

Antes bien, la mesa tripartita concluyó con una carta de intenciones por la cual las empresas no quedan obligadas a abonarlo, sino que dependerá de su buena voluntad.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, así lo reconoció: "Esto es un documento político, no es un decreto, ni una orden judicial".

De ese modo, el Gobierno se desembarazó de la presión que ejercía la central obrera y logró "tercerizar" la discusión de un extra al sector privado, donde los gremios ahora deberán negociar por separado.

Las partes "abrirán una negociación por sector para el pago de un bono extraordinario para fin de año, de suma no remunerativa y como referencia base un monto de $2.000 por trabajador", dijo Peña en conferencia de prensa.Así, mientras el rédito político se lo lleva el oficialismo, quienes tendrán que afrontar el costo económico del bono, o el malestar sindical por rechazarlo, serán los empresarios.

De todos modos, el carácter testimonial del acuerdo no tardó en hacerse evidente. Apenas dos horas después de la foto, la Cámara de Comercio anunció que no habrá plus para sus empleados.

La suma había sido acordada y luego dejada en suspenso a la espera de la reunión de este miércoles, tras el cierre de la segunda parte de la paritaria mercantil. Ayer, finalmente, quedó en la nada.

En tanto, menos claro fue el resultado para el sindicalismo. Después de todo, se llevó lo mismo que en los últimos años: la posibilidad de discutir el plus en función de la fuerza que tenga cada gremio o la rentabilidad del rubro.

Esto significa, por ejemplo, que los bancarios o los camioneros estarán en mejores condiciones de obtener un adicional, mientras que los mercantiles enfrentarán un panorama complicado. Una ironía a solo un mes de la reunificación de la central obrera.

La otra desventaja es que ahora la CGT ya no tendrá a mano la carta del paro -una opción que por cierto no entusiasmaba a la mayoría de los dirigentes-. Cada uno tendrá que arreglarse por su cuenta.

Así, el lema de Juan Domingo Perón cuando pronosticaba que el futuro encontraría a sus seguidores "unidos o dominados" cobró una vigencia insospechada para los sindicatos.

Sin embargo, no todo fue pérdida para la dirigencia gremial. La central salió fortalecida en su rol de interlocutora, no solo de los asalariados sino también de los movimientos sociales, cuyas demandas también fueron incorporadas.

Más importante para la cúpula, se posicionó como la única pata peronista reconocida por el Gobierno, en medio de la interna del Partido Justicialista.

En el caso de la Rosada, las cuentas cierran por varios lados, no sólo por el lado político, sino también por el fiscal.

Es que, por ahora, el Estado tampoco tendrá que desembolsar suma alguna para sus empleados, otro de los reclamos que levantaba la central obrera.

Hasta antes de la reunión, se especulaba con que el Ejecutivo replicara entre los estatales el bono de $1.000 que la semana pasada anunció para jubilados que cobran la mínima y los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo.

En cambio, ayer no se definió nada de eso y los funcionarios solo atinaron a velar por la autonomía de las provincias.

"Somos muy respetuosos del federalismo y es una discusión que debe realizar cada provincia", aseguró el titular de Hacienda, Alfonso Prat Gay.En otras palabras, si los gobernadores pagan el bono, la plata deberá salir de sus propias arcas, no de los fondos de Nación.

En este sentido, los estatales de San Juan salieron a pedir en las últimas horas una compensación de 7.000 pesos.

Serán las provincias, en definitiva, quienes deberán asumir el costo de dar o no una respuesta a los reclamos.Cambio de agenda

Aunque pasó desapercibido, hubo otro punto clave que se anotó el Gobierno en la jornada de ayer. En el primer encuentro tripartito, logró que la central obrera aceptara la agenda "estratégica" del oficialismo.

Esta fue incorporada en el apartado C del documento suscrito por empresarios y sindicalistas, en el que se acordó "utilizar como eje articulador de la agenda de trabajo conjunta los 8 ejes del Plan Productivo Nacional".

La iniciativa apunta a desarrollar la productividad mediante la reducción de costos, entre ellos los laborales. Este capítulo, a cargo del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, incluye el Plan de Primer Empleo, la reforma de la Ley de ART y el ausentismo.

Después de esta primera reunión, las partes proseguirán con la agenda el próximo 15 de noviembre y luego el 15 de diciembre.

En la ronda de intercambios se contempla además la discusión de los convenios colectivos, en los que el Gobierno y las empresas apuestan a incluir cláusulas de productividad, tal como anticipó iProfesional en las últimas semanas.

La intención de avanzar sobre estos temas e, incluso, la posibilidad de que se modifique la modalidad de negociación colectiva ya había puesto en alerta a los sindicatos industriales de la alimentación, nucleados en la CASIA, como adelantó este medio.

Como contrapartida, la agenda sindical no tuvo el mismo éxito que el temario del oficialismo. Por empezar, la flexibilización de sus reclamos no se tradujo en una mayor efectividad a la hora de obtener respuestas.

El cambio de postura fue expuesto en los últimos días por los bancarios y los camioneros, ambos integrantes de la CGT, quienes salieron a cuestionar a la cúpula sindical por considerar que abandonó el pedido original de reapertura de paritarias a cambio de un "bonito".

"Se habló de recuperación del salario, no de un bono por única vez; y de la caída del empleo, y no veo en ningún acta que haya firmado la CGT con el Gobierno que se esté preservando el empleo o se haya pedido la suspensión de los despidos", dijo el titular de La Bancaria, Sergio Palazzo.

Su sector fue uno de los primeros en sentir el impacto político de la reunión de ayer. El ministro Triaca consideró que con la instrumentación de un bono de $2.000 de base se hace "innecesaria" la realización de un paro por parte de los Bancarios, que exigen reabrir su acuerdo salarial.

En cambio, el sindicalismo alternativo reforzó sus críticas. El líder de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, calificó el diálogo como un "pacto" y llamó a los sectores disidentes de la CGT a plegarse a un paro para fines de octubre, junto a los movimientos sociales.

Un "hecho histórico"

Concluido el primer encuentro, los empresarios salieron casi de manera inmediata a minimizar el impacto del diálogo. En el sector industrial, por caso, ratificaron que el bono dependerá de la situación de cada sector.

"Nosotros ya habíamos previsto un refuerzo en la paritaria, así que en nuestro caso no corresponde incrementar, somos un sector que está perdiendo plata y hay que resguardar el empleo", dijo a iProfesional un directivo de UIA de la rama textil.

Los industriales apelaron incluso a los argumentos de Prat Gay cuando, en medio de las paritarias, le advirtió a los gremios que "cada uno sabe dónde le aprieta el zapato".

Después de todo, la mesa del "Diálogo por la Producción y el empleo" fue convocada con ese espíritu. La discusión por la pérdida de poder adquisitivo quedó atada a cuestiones como la competitividad y la generación de trabajo.

Con todo, la salida allanada por el macrismo dejó un sabor amargo en algunos sectores del empresariado. Esto se debe a que si bien lograron esquivar la "imposición" del bono, responsabilizan al Gobierno por la situación económica.

"Reconozco que la inflación fue muy alta y que el mercado de consumo cayó muchísimo, con lo cual se redujo el poder adquisitivo del asalariado. Lo que sucede es que la estructura económica está corriendo para abajo los sueldos", señaló un empresario de UIA.

En efecto, el INDEC informó esta semana la pérdida de 90.000 puestos de trabajo en el sector privado en el primer semestre. 

Más desapercibida pasó la sucesión de miles de despidos que se registraron en la última semana, en plenas negociación del bono.

Así, con una economía en recesión y las paritarias por detrás de la inflación, una vez más el Gobierno parece haber obtenido un "cheque" de la CGT para estirar la paz social, al menos hasta fin de año cuando concluya la mesa del diálogo.

De igual modo, el "gancho" de los empresarios le da un poco más de aire a los funcionarios, que aún siguen esperando las inversiones prometidas. Quizás por todo eso el jefe de Gabinete calificó el encuentro de ayer como un "hecho histórico".