En un contexto político casi inmejorable -que según algunas encuestadoras redunda en un 60% de imagen positiva- la gobernadora María Eugenia Vidal eligió dar varias peleas al mismo tiempo: avisó que no podrá pagar el bono de $2.000 acordado por la Casa Rosada con la cúpula de la CGT la semana pasada, decidió barrer con la cúpula del Servicio Penitenciario y emprendió en el Congreso la pelea por la Coparticipación.

"No tengo la plata para el bono, no está en el Presupuesto", reconoció la mandataria provincial. "No estaba previsto. Si podemos hacer un esfuerzo, lo vamos a hacer", explicó.

La reacción de los estatales no tardó en llegar. Reclamaron que reabra paritarias y ya le pusieron un porcentaje al aumento que van a exigir para mejorar el poder adqusitivo afectado por la inflación.

"Pedimos un aumento inmediato del 16% en los salarios", señaló el secretario General ATE y líder de la CTA Autónoma en la provincia de Buenos Aires, Oscar de Isasi.

"Nunca más quiero pasar lo de diciembre, cuando no teníamos plata para pagar los sueldos y el aguinaldo porque se prometió un aumento que se sabía que no se iba a poder pagar", recordó Vidal tras recordar que cuando asumió, "la Provincia estaba quebrada".

Lo cierto es que los empleados públicos bonaerenses no quieren el plus salarial de $2.000. Aseguran que no recompone el poder adquisitivo del salario y atrasa el piso desde el cual se negociará en las paritarias de 2017, ante una inflación anual que sigue en torno al 40%.

Los sindicatos agrupados en la ley 10.430 habían cerrado para el primer semestre de 2016 una mejora del 15% y luego aceptaron una suba del 16% para el tercer trimestre del año, con la posibilidad de una nueva negociación en octubre.

Los tres sectores que aceptaron esa oferta fueron la Federación de Gremios Estatales y Particulares (Fegeppba), la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y el Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad del Estado (Soeme).

En cambio, la Asociación de Empleados de Obras Públicas (Aemopba), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación Sindical de Profesionales de le Salud (Cicop), la rechazaron por "insuficiente".

VolantazoLa estructura carcelaria bonaerense será auditada por 90 días para después confirmar o no a las autoridades, como parte de una profunda reforma que anunció la gobernadora María Eugenia Vidal y el ministro de Justicia, Gustavo Ferrari.

La reforma implica que el Servicio Penitenciario bonaerense no se autogobierne y además que la estructura administrativa será manejada por civiles, se reformarán los planes educativos, como también la organización de la vida diaria de los internos, que abarca un cambio en la alimentación y la inclusión de deportes.

Vidal ratificó que con esta reforma se terminaron los "pactos de connivencia" que existieron en el pasado, y señaló que esta dispuesta a afrontar esta pelea "una pelea más" de su gestión.

La gobernadora aclaró que no se trata de una "purga" el desplazamiento del jefe del Servicio Penitenciario, de cinco directores y cinco subdirectores, como también el pase a retiro de 132 agentes del Servicio, sino que forma parte de la transformación de la estructura del Servicio Penitenciario.

El segundo eje de la reforma, explicó previamente Ferrari, es el compromiso con la reinserción de los internos, a fin de resolver -dijo- el grave problema actual de la reincidencia. "El 43% de que salen vuelven a ingresar. Esta mirada integral de la seguridad merece soluciones concretas; por ello el esfuerzo es generar un nuevo trabajo sobre educación y trabajo en cárceles".

El rediseño de la coparticipación

El Gobierno bonaerense lanzó una dura advertencia a la Nación y al resto de las provincias al sostener que si no se rediseña la coparticipación federal de impuestos, Buenos Aires pasará de gestionar la escasez a "administrar miseria".

El encargado de lanzar la advertencia fue el ministro de Economía provincial, Hernán Lacunza, quien habló defendió la demanda ante la Corte Suprema de Justicia, pero aclaró que dialoga permanentemente con la Nación y las provincias.

Lacunza indicó que los bonaerense siguen en una situación desfavorable respecto a los ciudadanos de otras jurisdicciones porque reciben 1 peso per cápita por cada 4 que percibe un habitante de, por ejemplo, Córdoba, Mendoza o la Capital Federal.

"Hemos iniciado la demanda en la Corte Suprema porque pensamos que esto hay que resolverlo hace veinte años y si no es así, ya no sólo vamos a administrar escasez sino miseria, no sólo nosotros sino el próximo gobernador", advirtió el funcionario.