Fue aprobada este martes en Sesiones Eextraordinarias la declaración de la Emergencia Social por tres años en todo el país con apoyo casi unánime de los diputados, tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y movimientos sociales con el acompañamiento de la CGT.

El proyecto, impulsado por el Movimiento Evita, obtuvo 227 votos a favor y se estima que beneficiará a 3,5 millones de trabajadores, lo que significará para las arcas estatales un costo de $30.000 millones.

Al momento de la votación hubo 4 abstenciones, del Frente de Izquierda, que reclamó otras medidas como el blanqueo y el pase a planta permanente de los trabajadores precarizados.

Hubo un solo voto en contra, del monobloquista salteño Alfredo Olmedo.

El proyecto establece la creación del Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario (CEPSSC) en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, como “ámbito institucional permanente”.

Este organismo, que comenzará a funcionar 90 días después de la promulgación de la ley, estaría conformado por un represente del Ministerio de Trabajo, uno del Ministerio de Desarrollo Social, uno del Ministerio de Hacienda y tres de las organizaciones sociales.

En el artículo 7 de la norma se indica que “los actuales programas sociales nacionales se articularán con la intervención del CEPSSC, promoviendo su progresiva transformación en Salario Social Complementario”.