El 5 de enero de 1875 se sancionó en Buenos Aires el primer "Reglamento de la prostitución", actividad que todavía genera polémica entre activistas que buscan su regulación por ley, y otras que piden su abolición.

El principal grupo que trabaja por la sanción de un ley que de a la prostitución el mismo status legal que cualquier otra actividad comercial es la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR).

Mónica Lencina, Secretaria General de la agrupación en la provincia de San Juan, afirmó que "el trabajo sexual está totalmente criminalizado", y pidió por una ley que les reconozca "el derecho a ejercer libremente el trabajo sexual, siendo mayor de edad, por decisión propia, siendo autónomas, con derecho a jubilación, cobertura social, y los mismos derechos de el resto de los trabajadores".

En cambio, la escritora y activista Sonia Sánchez (autora de "Ninguna mujer nace para puta") sostuvo que "la prostitución es la violación de los derechos económicos, sociales y culturales" y que es una actividad que "ninguna mujer elije con libertad".

Respecto a la trata de personas, las activistas no coincidieron en sus apreciaciones. Para Lencina "nuestra organización no se tiene que ocupar de eso, se tiene que enfocar el Estado. Si hay presencia del Estado, todos los kiosquitos alrededor de nosotras desaparecen".

En cambio, Sánchez acusó directamente a AMMAR y a la Central de Trabajadores de la Argentina -a las cuales perteneció hasta el año 2002- de ser cómplices del negocio de la trata: "Quieren que esto se reglamente para no ir presas ninguna de ellas", acusó.

"Claudia Brizuela, representante de AMMAR, tiene una causa por partícipe necesaria en el crimen organizado de la trata de personas, en manos del juez Lijo, que hizo un allanamiento en la Provincia de Buenos Aires y encontraron mujeres traficadas y prostituidas en prostíbulos, todas trabajadoras sexuales con el carnet AMMAR", agregó Sánchez.

"En este gran negocio que es la venta de cuerpos, hay tres socios: los traficantes de personas, los proxenetas y el sindicato de trabajadoras sexuales", dijo en referencia a la Asociación de Meretrices.

Por su parte, Lencina puso énfasis en las permanentes tensiones entre las prostitutas y la policía: "Yo apelo a los Derechos Humanos de las trabajadoras sexuales, ya que el 87% son mamás con hijos, tienen cargo de familia, y así trato de que no las lleven detenidas".

Y mientras para Sánchez la legalización de la prostitución "lo único que lograrían sería sacar del delito al proxeneta y los traficantes de personas", Lencina consideró que "ya casi no quedan proxenetas, hay algunos pero no con la violencia que se ejercía antes hacia la trabajadora sexual", y pidió que las mujeres puedan ejercer la prostitución de manera independiente, y no para terceros.

Pero la militante chaqueña cuestionó la autonomía y libertad de elección de las mujeres, ya que según ella "decir que la prostitución es un trabajo no nació de ninguna puta".

"‹"‹"Esta identidad de trabajo sexual fue introducida en las personas empobrecidas desde el Banco Mundial con un proyecto sobre Prevención en VIH-SIDA en el año 1998, que contó con casi un millón de dólares", agregó en diálogo con Télam Radio.

"Cinco o seis dirigentes manejan muchísimos millones de dólares: en el 2008 les entró u$s8 millones por un sólo proyecto para reglamentar esta violencia. Todas las putas se mueren pobres y prostituidas, solo cuatro o cinco dirigentes son las que viven muy bien", concluyó.