Economía

El Gobierno negó que vaya a subir la edad para la jubilación

10-01-2017 Lo confirmó Basavilbaso, director de la ANSES. Desde 2019 se elevará a 65 años el requisito para acceder a la pensión universal                                                                                                                             
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El director ejecutivo de la ANSES, Emilio Basavilbaso, afirmó que no está dentro de los planes del Gobierno aumentar la edad mínima para acceder a la jubilación y manifestó su "deseo" de que el valor de las prestaciones sea mayor, pero remarcó que "debe asegurarse la sustentabilidad" del sistema.

Al respecto, desde la ANSES aclararon que tanto las cuestiones vinculadas con el nivel de las prestaciones (por fuera de la actualizaciones automáticas) como las relacionadas con modificaciones en las edades mínimas para jubilarse son facultad del Consejo de Sustentabilidad Previsional, un ente establecido por la ley de reparación histórica para jubilados y pensionados, a mediados del año pasado.

Dicho consejo tiene un plazo máximo de tres años para elaborar un nuevo régimen previsional y deberá remitir un informe a la Comisión Bicameral de los Fondos de la Seguridad Social cada seis meses.

En declaraciones radiales, Basavilbaso expresó su deseo de que el haber mínimo jubilatorio alcance los valores de la canasta básica, que hoy el Indec calcula en $12.489 para una familia tipo.

"Nos encontramos con la restricción del dinero con el que se cuenta para hacer frente al pago de las prestaciones. De todas formas, hoy la Argentina tiene uno de los índices de cobertura más altos del mundo. El 97% de los adultos mayores tiene alguna prestación de la Anses, de $5661 para arriba. Estamos muy por encima del promedio de la región. Así y todo, queremos subir ese valor, pero que sea sustentable", afirmó.

En la ley de reparación histórica para jubilados y pensionados que se sancionó el año pasado junto con la ley de blanqueo de capitales, se estableció la pensión universal para el adulto mayor (PUAM), cuyo monto debe representar el 80% de la jubilación mínima.

En el proyecto original, se elevaba de 60 a 65 años la edad para que las mujeres puedan acceder a dicha prestación. Debido a las críticas de la oposición, se prorrogó la entrada en vigor de esa medida hasta 2019. La PUAM es financiada con fondos del Tesoro nacional y no de la Anses, aclararon en el organismo previsional.

"Tenemos garantizados los fondos para el pago de los reajustes, ya que la ley de reparación histórica establecía específicamente el modo de financiarlos. Hasta el momento, todos los reajustes están siendo solventados con dinero proveniente de las penalidades percibidas por el blanqueo de capitales", dijo ayer Basavilbaso.

El funcionario destacó como logros de su primer año de gestión, más allá de la reparación histórica y la creación de la pensión universal para el adulto mayor, una disminución en la pauta publicitaria del organismo y una mayor rentabilidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), además de la eliminación de las jubilaciones irregulares de extranjeros. "Logramos una disminución de un 40% en la pauta publicitaria, que alcanzaba los $1000 millones y se dirigía sólo a determinados medios", aclaró.

Con respecto a la eficiencia en el manejo de los fondos, afirmó que había mucha disponibilidad del FGS en determinados bancos y no generaba utilidades. "Ese dinero se invirtió, por eso el fondo tuvo el rendimiento mas alto de los ultimos diez años", dijo.

"Otra cuestión en la que se trabajó, tanto sobre la base de datos como en campo, fueron las jubilaciones irregulares", afirmó Basavilbaso,

También comentó que ciudadanos de Paraguay o Chile que no residían en el país cobraban jubilaciones. "Esta maniobra era facilitada por gestores argentinos, quienes tramitaban las jubilaciones a cambio de una comisión. Por eso fueron denunciados penalmente."

Jubilación proporcional
Como parte de la reformas que el Gobierno quiere llevar adelante en la legislación laboral y previsional, la Secretaría de Seguridad Social convocó en el segundo semestre de 2016 a sindicatos, AFIP, ANSES, cámaras empresariales, cajas previsionales y de profesionales, para debatir la reforma.

Entre varias propuestas, la llamada Comisión de Fortalecimiento de la Seguridad Social, que es presidida por el Secretario de Seguridad Social, Juan Carlos Paulucci Malvis, acordó promover la registración de los trabajadores informales, unificar los regímenes de autónomos y Monotributo, agregar un aporte voluntario a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y crear una prestación proporcional cuando los años de aportes suman menos de 30.

Se volverá a reunir el 18 de enero próximo para empezar a redactar un borrador de la reforma de la ley 24.241.

Respecto de las jubilaciones, se propuso complementar la PUAM con un segundo pilar obligatorio, de carácter contributivo, que reconozca los aportes efectuados durante la vida laboral, y un tercer pilar, de carácter voluntario, para los trabajadores con capacidad de ahorro, que serán administradas por organismos estatales o instituciones sin fines de lucro.

Además, se remarcó que tres cuartas partes de la población en edad de jubilarse se le dificulta acceder al beneficio previsional contributivo. La Secretaría de Seguridad Social planteó evaluar el criterio de cantidad de años de aportes necesarios.

Se indicó la importancia de mantener los 30 años de aportes actualmente requeridos para acceder a la prestación completa. Y crear de manera complementaria para aquellas personas que no logran reunir los aportes requeridos una prestación proporcional de carácter contributivo que reconozca, a partir de un determinado mínimo, los años aportados durante la edad activa. Sería complementaria a la PUAM.

Respecto del alcance, la cobertura y el financiamiento de la Seguridad Social de los trabajadores independientes (3,9 millones en áreas urbanas), se consideró reformar el régimen de autónomos y monotributistas.

Se consensuó establecer un régimen que reconozca la diversidad de trabajadores independientes y que adecue la relación entre las cotizaciones y las prestaciones. También, que las cotizaciones se determinen en base a los ingresos reales. Unificar los regímenes de Monotributo y Autónomos. E incorporar la cobertura de obra social.

Respecto de la registración y fiscalización, se identificó la persistencia de altos niveles de no registración laboral, con 5,5 millones de trabajadores informales, dependientes e independientes, principalmente en pequeñas empresas y en actividades rurales, en comercio, construcción y servicios personales.

Se acordó "incorporar incentivos destinados a los empleadores con dificultades de registración" distinguiendo entre "empleadores que no contribuyen debido a su limitada capacidad contributiva, de aquellos que aún con adecuados niveles de productividad y/o rentabilidad incumplen con sus obligaciones legales". Y simplificar los procesos de registración.

En cuanto a la recaudación y financiamiento, se sostuvo que debido a la alta informalidad, a las sumas no remunerativas acordadas en la negociación colectiva y a la subdeclaración de las remuneraciones pagadas, el ingreso no percibido por la Seguridad Social rondaría el 3% del PBI. Se propuso simplificar el esquemas contributivos, que dan lugar a la elusión y evasión.

También, las diferentes normativas que generan distorsiones en el financiamiento del sistema. E identificar la fuente de financiamiento de cada régimen de la Seguridad Social (130 cajas previsionales) separando las prestaciones contributivas de las no contributivas.

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