La cantidad de juicios por accidentes laborales durante el año pasado se incrementaron casi un 20% si se lo compara con el 2015. En total, se presentaron cerca de 127.000 demandas.

Y el porcentaje es aún mayor si se analizan los números de diciembre, ya que en el último mes ingresaron un 47% más de reclamos con respecto al mismo mes del año anterior.

Desde el sector asegurador estiman que esa suba se debe -en gran medida- a la reforma de la Ley de Riesgos de Trabajo (LRT), impulsada por el presidente Mauricio Macri, que no solo obtuvo media sanción del Senado sino que, para ganar tiempo ante el receso del Congreso, el propio mandatario se adelantó este lunes y publicó un DNU en el Boletín Oficial.

Es que según los analistas del mercado, los abogados de los trabajadores -ante un futuro escenario que protegerá a las aseguradoras en detrimento de los dependientes- prefirieron no esperar y avanzar en el terreno judicial.

En septiembre, antes de decidir presentar el proyecto en el Congreso, el Gobierno ya evaluaba emitir un DNU sobre la cobertura de accidentes laborales.

Pero a esas alturas del año pasado consideró que, para evitar conflictos con las centrales obreras, era mejor seguir con el camino habitual y elevar el proyecto al Poder Legislativo para que lo sancione antes de que finalice el 2016.

Como ello no ocurrió, el macrismo decidió volver al plan original y sacar el DNU.

En estricto off the record, las aseguradoras consultadas por iProfesional explicaron que las demandas aumentaron “de manera exponencial” en el segundo semestre del año y confían en que el decreto de necesidad y urgencia (DNU) ayudará a “reducir la litigiosidad y los costos del sistema”.

“No hay explicación lógica que justifique tal incremento”, remarcan.

Y defienden su postura al señalar que el sistema de cobertura de riesgos del trabajo cuenta con más de 9 millones de asegurados y que la tasa de mortalidad por siniestros laborales entre 1997 y 2015 bajó de 1,4 a 0,5 cada mil trabajadores.

Asimismo, destacan que la Ley 26.773, que se sancionó en 2012 y que reformó parcialmente el sistema, no ayudó en la lucha contra la denominada "industria del juicio" que caracteriza al sistema de riesgos del trabajo argentino.

Se redujo el índice de litigiosidad contra los empleadores pero no contra las aseguradoras, que se transformaron en las demandadas directas.

A partir de ahí sufrieron un incremento promedio interanual del 15% en la cantidad de demandas y señalan que hay más de 350.000 juicios acumulados, lo que supone un costo superior a los u$s5.000 millones.

Los costos para afrontar los juicios se trasladaron a los empleadores a través del monto que pagan en las alícuotas. En 2012 representaban en promedio el 1% de la masa salarial y en la actualidad rondan el 3,5 por ciento.

En este escenario, ante la consulta de este medio, en el ministerio de Trabajo tampoco encuentran “lógico” el incremento de la cantidad de demandas porque "se bajó la siniestralidad" y "se han evitado unos 8.500 fallecimientos".

Por eso, la cartera que encabeza Jorge Triaca fue al Congreso a fines del año pasado para exponer sobre la una norma complementaria que propone el Presidente. Dicha norma obtuvo media sanción del Congreso por abrumadora mayoría.

“Lo que sancionó el Senado y ahora el Gobierno sacaría por decreto no es lo ideal, pero es mucho mejor al sistema vigente” sostienen desde el sector asegurador.

Bajar la litigiosidad y los costos del sistema para los empleadores junto con el aumento en la productividad de las empresas son las obsesiones de Macri y su equipo económico.

Si bien las aseguradoras destacan que hubiese sido mejor el dictado de una ley (es decir, que a la media sanción del Senado se le sume el aval de los Diputados), creen que el DNU ayudará a “acomodar” las piezas, les permitirá centrarse en la materia preventiva y, principalmente, obligará a los abogados de los trabajadores a realizar demandas basadas en la nueva normativa una vez que concluya la feria judicial de enero.

También estiman que son necesarios más fallos judiciales que aclaren los puntos oscuros de la ley vigente para otorgarles previsión y así estimar certeramente las erogaciones que deberán afrontar.

Con respecto al debate que se dará en el Congreso para avalar los estos decretos, las compañías se sienten confiadas porque el decreto deberá ser tratado en la comisión bicameral para luego ser debatido por ambas cámaras y remarcan que en el Senado fue aprobada con 48 votos positivos sobre un total de 72.

Es que para ser convalidado, el DNU necesita ser confirmado por solo una de las cámaras. En cambio, para el rechazo necesitan el voto negativo de ambas.

“Favorecer a las aseguradoras”Desde el sector que asesora a los trabajadores tienen una visión totalmente contraria. León Piasek, ex presidente de la asociación de Abogados Laboralistas, se mostró en desacuerdo tanto con la norma como con el posible DNU porque ambos “favorecen a las aseguradoras” y se ha comprobado que ellas no sirven para prevenir las enfermedades ni para sancionar a las empresas incumplidoras de las normas de seguridad e higiene.

Además, ante una consulta de este sitio, remarca que la propuesta que tiene con media sanción obliga a los trabajadores a recurrir a las comisiones médicas de manera obligatoria, lo que fue declarado inconstitucional en innumerable cantidad de casos por la Justicia en cualquiera de sus instancias.

Para Piasek es probable que se vuelva a declarar la inconstitucionalidad de la instancia obligatoria de las comisiones médicas, pero destaca que para ello habrá que esperar porque “no es sencillo ir contra la ley sin un caso concreto”.

De acuerdo al abogado laboralista, se debería haber tratado en primer lugar el tema preventivo y, en todo caso, si el Gobierno quería sacar una norma, no se advierte la necesidad de un DNU porque la propuesta impulsada por el macrismo ya tenía media sanción.

La única explicación que encuentra es que se busca favorecer a las empresas aseguradoras y cubrirlas de nuevos reclamos ante el inminente comienzo del año judicial.

Polémica en el Congreso

El texto de la norma es el mismo que el oficialismo había negociado con el peronismo y la CGT y que fue aprobado por la cámara alta.

El único punto que varía es el de la financiación de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Por tratarse de un DNU, el Gobierno no puede fijar cómo financiará esa dependencia. Bastará una reasignación de partidas de la jefatura de Gabinete.

La decisión del Ejecutivo de evitar al Congreso cosechó críticas de la oposición ya que reclaman que se trate en sesiones extraordinarias.

El jefe del bloque de diputados del FpV-PJ, Héctor Recalde, advirtió que “los DNU son absolutamente excepcionales, esto lo dice con toda claridad la Constitución Nacional e incluso la ley que lo reglamenta”.

Y consideró que el Presidente recurre a esta norma excepcional porque “sabe que hay disconformidad con el texto que sancionó el Senado, tanto del movimiento obrero como de numerosos diputados”.

Por otro lado, desde Cambiemos el diputado radical Mario Barletta afirmó que “no hay inconvenientes en establecer algunos aspectos” para modificar esas leyes por decreto y consideró que “no hay necesidad de llamar a elecciones extraordinarias”.

En tanto, el senador Luis Naidenoff, también perteneciente al radicalismo, se paró en la vereda de enfrente y consignó que ‘el ámbito para la modificación de las leyes “es el Congreso de la Nación”.