La Argentina es tan ecléctica que en un mismo momento pueden coexistir inundaciones e incendios de campos, más allá de cualquier profecía apocalíptica. Se trata de situaciones de emergencia y/o catástrofe donde las comunicaciones cumplen un rol central.

Por ese motivo, el último decreto del Ministerio de Comunicaciones de 2016 estableció, a lo largo de tres artículos, la necesidad de avanzar en la conformación de una red de "Protección Pública y Operaciones de Socorro, Defensa y Seguridad".

Lo hizo en base a lo expresado en una ley anterior, la 27.208 de soberanía satelital, firmada en la última etapa del kirchnerismo donde estableció en sus artículos 11 y 12 la reserva de bandas para ARSAT a fin de que se implementaran servicios priorizando las de protección pública, socorro y defensa.

Es decir, que el Estado, a través de sus organismos pertinentes, como el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), debe definir qué bandas del espectro radioeléctrico se utilizarán para dar impulso a esta red de seguridad pública.

En noviembre del año pasado, el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, anticipó que "Argentina va a tener espectro dedicado a seguridad y a catástrofes, para la Policía, la Prefectura, la Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)", durante una conferencia de prensa que celebró de manera conjunta con su par de Seguridad, Patricia Bullrich, en el marco del anuncio del proyecto para identificar a todos los celulares que circulan en el país.

En ese momento arriesgó que ese proyecto se realizaría en la banda de 700 mhz, y hasta deslizó que se podría avanzar en un esquema en el que podría desarrollarse un mercado minorista de telefonía móvil.

Sin embargo, en los últimos días, iProfesional pudo saber que otra banda que está en análisis para la creación de esta red de seguridad es la de 2, 5 Ghz.

A su vez, la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2003 recomendó a los países de América a armonizar las bandas de 700 mhz, 800 mhz y 4,9 Ghz para redes de protección pública y operaciones de socorro (PPDR, su sigla en inglés).

La banda conflictivaLa banda de 700 mhz, que en la Argentina viene dando más dolores de cabeza que satisfacciones tanto a empresas como a Gobierno, es una de las más utilizadas a nivel mundial para avanzar en el desarrollo de redes para situaciones de emergencia o catástrofe.

En los Estados Unidos funciona desde 2012 la FirstNet, una red que funciona dentro de la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información (NTIA) del Departamento de Estado, que impulsa el despliegue de una red de protección pública en la banda de 700 mhz.

Francia, en tanto, también estableció su red de PPDR en la banda de 700 mhz. Pero está analizando incorporar más espectro en la de 400 mhz. Considera que se puede obtener el mismo nivel de cobertura con menores costos y que ambas pueden interoperar sin mayores inconvenientes, según expresó el Ministerio del Interior de ese país en 2016.

Es decir, las futuras decisiones que, en este sentido, se tomen a nivel oficial irán a tono con lo que está sucediendo en el mundo. Incendios e inundaciones hay en todos lados, cuando no en ciertos países ataques terroristas u otras situaciones de emergencia.

Por eso contar con una red que permita coordinar tareas ante cualquier contingencia resulta tan prioritario como abastecer de agua potable de manera constante a la población.

Recurrir a la banda de 700 mhz en la Argentina sería, en principio, lo más lógico. El Estado tiene en su poder porciones de espectro en esa frecuencia, a través de Arsat, y explotarlas con ese fin no pareciera tener inconvenientes. Con una salvedad.

Las bandas que debería tener Arsat están judicializadas. Son las que el Gobierno K quitó al Grupo Vila-Manzano luego de habérselas adjudicado en ocasión de la licitación de espectro para 4G, allá por diciembre de 2014, por no haberlas pagado en tiempo y forma.

Los dueños del Grupo UNO se enojaron y, como ya es costumbre en la Argentina, recurrieron a la Justicia. El punto es que hay una medida cautelar dictada por el juez mendocino Walter Bento a favor de los empresarios de medios. Y hasta ahora, el Gobierno ha sido incapaz de avanzar en alguna determinación relacionada con este tema. Aun cuando acá y en cualquier país del mundo el espectro es un recurso del Estado y puede hacer lo que quiera con él.

La banda de 700 mhz, aunque pareciera resultar la más apropiada para montar una red de seguridad en la Argentina, es también la más conflictiva. Es que no sólo Vila-Manzano reclama sino también el resto de las operadoras de telefonía móvil del país. Todas quieren más espectro. No cualquiera, el de 700 mhz. Justo el que en algún momento debería volver a estar en poder de Arsat (si es que se termina la judicialización).

Con un dato adicional. Si Personal, Movistar y Claro poseen espectro en 700 mhz, y el cuarto a punto de entrar en 4G, Cablevisión, no tiene bandas en esa frecuencia, no sería descabellado pensar en un reclamo a futuro en ese sentido. 

Esta es sólo una parte de lo intrincado que será generar un consenso en torno a las decisiones a tomar en estos 180 días previstos por el decreto 1340/2016 en materia de desarrollo de una red de seguridad. Días que ya están corriendo.

Todo es un negocioPorque, como todo en esta vida, desplegar una red, aun cuando se trate de una destinada a la seguridad pública y a las tareas de socorro ante emergencias, implica desarrollar un negocio. Acá se abren nuevas aristas.

Desplegar una red en 400 mhz, 700 mhz o 2,5 Ghz no es lo mismo, cualquiera sea su uso. Construir una en 400 mhz en más barato que hacerlo en 700 mhz. La de 2,5 Ghz es la más cara, porque se necesitan muchas más antenas.

Es la misma historia que le cabe a Clarín cuando deba desplegar su red en esta última frecuencia. Deberá gastar mucho más dinero para construirla que sus competidores de Claro, Movistar y Personal cuando reciban del Estado la banda de 700 mhz y puedan iniciar esa tarea. Las redes son más caras o más baratas en función de la frecuencia en que se ubican y no de los usos que se le vayan a aplicar, sean comunicaciones comerciales o para seguridad ciudadana.

De la banda que elija el Gobierno se definirá, luego, el esquema de explotación de ese servicio, que puede decidir realizarla el Estado, o que puede tercerizarla a través de una licitación. Hay varias alternativas a las que podrá echar mano.

Y en el marco de las decisiones que se tomen no habrá que olvidar que cada fabricante de equipamiento de telecomunicaciones vende equipos para un tipo de banda u otro y hace valer su experiencia para indicar qué es lo más conveniente. Acá se jugará otro partido, de lobbies empresariales válidos y estrategias de seducción inversora. Los grandes proveedores internacionales ubicados a ambos lados de los océanos más grandes del planeta están dispuestos a librar sus batallas.

Una red de PPDR es también un negocio, más allá de que se trate de una política estatal que sigue las tendencias mundiales en materia de seguridad y telecomunicaciones.

El propio Aguad, es uno de los principales interesados en impulsar esta estrategia, más allá de la participación que, obligadamente, tendrá la cartera de Seguridad, por razones obvias.

De hecho, el funcionario reveló, en la conferencia de prensa que dio el 30 de diciembre en el edificio de Perú al 100 para dar a conocer los lineamientos del decreto 1340, que los primeros días de enero viajaba a reunirse con diversos referentes internacionales y empaparse en la materia.

Avanzar en una red de seguridad pública es otro de los temas sobre los que el Estado deberá trabajar en este 2017. Las decisiones futuras seguramente alentarán nuevas inversiones, y posiblemente también motivarán focos de conflicto hasta ahora inéditos entre diversos jugadores del sector privado.