El peronismo no le facilitará el camino al Gobierno para avalar los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) sobre accidentes de trabajo, feriados y régimen inmigratorio.

Es que durante la primera reunión de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, encargada de analizar los DNU, la oposición logró modificar el reglamento y no solo el Presidente deberá justificar adecuadamente las razones urgentes y necesarias que lo llevan a tomar este tipo de medidas, sino que le podrán pedir informes y convocar a las partes interesadas.

Esto tendrá gran repercusión el próximo miércoles 8, a las 16, cuando se debata la validez del DNU por el cual se modificó la Ley de Riesgos del Trabajo ya que expondrán representantes de la CGT, las dos CTA, la UIA (Unión Industrial Argentina) y asociaciones de abogados.

No se trataron los decretos más polémicos sobre feriados y accidentes laborales porque entraron al Congreso luego de que se convocara formalmente a la reunión.

El titular de la comisión, el kirchnerista Marcos Cleri formalizó la invitación a varios diputados: ellos son el radical Mario Negri, el massista Facundo Moyano, el kirchnerista Héctor Recalde, y al presidente y vicepresidente de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara baja, Alberto Roberti y Francisco Furlán.

El macrista Pablo Tonelli se quejó de que la lista de invitados “es excesiva” y señaló que el debate sobre el DNU es para determinar “su validez o invalidez”, no para evaluar “su contenido”. Para el diputado macrista, la amplia convocatoria “no va en correspondencia con el cometido de la comisión”.

Al cruce le salió la diputada kirchnerista, Diana Conti, quien resaltó que el DNU sobre la ley de ART es “inconstitucional” porque la decisión presidencial “se da en medio de un trámite parlamentario constitucional”.

Es que la ley contaba con media sanción del Senado y aguardaba ser tratada en Diputados.

La legisladora kirchnerista agregó que “si el Ejecutivo quiere mantener cerrado el Congreso, esta oposición va a hacer todo lo necesario para que las puertas del Congreso estén abiertas”.

El senador radical Luis Naidenoff expresó su apoyo a escuchar a los distintos sectores, pero en el caso de los diputados dijo que “no necesitan invitación formal”.

Al igual que sus pares oficialistas, el diputado Luis Petri (UCR) pidió “respetar los plazos para el despacho de comisión” y que el debate no permita que se exceda el tiempo que la Bicameral tiene para expedirse sobre la resolución del Ejecutivo.

El kirchnerismo cree que lograrán su rechazo porque consideran que los DNU sancionados este año no reúnen los requisitos de necesidad y urgencia para el dictado de esas normas y que no había ningún obstáculo para convocar a sesiones extraordinarias.

Luego de la discusión se dictaminaron favorablemente decretos de fines de 2016 sobre ampliación de partidas presupuestarias y división del Ministerio de Economía, con la creación de las carteras de Hacienda y de Finanzas, no estará exento de polémicas.

En este sentido, el diputado del Frente Renovador Raúl Pérez, uno de los 16 integrantes de la comisión, se mostró crítico hacia las resoluciones dispuestas por el presidente que modificaron el régimen de ART y feriado. Con su voto, más los ocho de los miembros del FpV-PJ alcanzarían para emitir el dictamen de mayoría en contra de las medidas del Gobierno.

La semana próxima también podría tratarse el DNU que modifica la Ley de Migraciones. De las últimas modificaciones polémicas, este es el único que cuenta con aval de parte de la oposición ya que el massismo participó en el análisis del decreto.

Pero ese espaldarazo no sería suficiente para avalar ese decreto en comisión. Diputados y senadores del FpV-PJ confían en emitir un dictamen contrario porque –según sus números- la votación estaría empatada ocho a ocho.

En ese caso, el voto del titular de la comisión, el kirchnerista Marcos Cleri, valdría doble lo que llevaría al oficialismo a dar un debate mucho más largo en alguna de las Cámaras del Congreso.  

A pesar de ser franca minoría, Cambiemos espera negociarcon la oposición, como lo hizo a lo largo de todo 2016. Y, si no consigue la aprobación, la apuesta de mínima será evitar que el tema llegue al recinto; pues para que el decreto caiga debe ser rechazado expresamente por los diputados y por los senadores.

Más allá de que en la comisión pueda resultar desechado, con lograr la aprobación de una sola de las dos cámaras, el decreto quedará firme.

El año pasado se analizar 26 decretos y  tres se declararon inválidos: una modificación al Presupuesto, la eliminación de los reembolsos por exportaciones desde puertos patagónicos y la promulgación parcial del régimen previsional para excombatientes.

"No hay necesidad y urgencia en este caso de las (modificaciones al régimen de) ART. Lo podían haber llevado al Congreso en (sesiones) extraordinarias", aseguró Cleri, quien ya había intentado frenarle un DNU a Macri a principios de enero, que ampliaba el presupuesto en 130 mil millones, pero como no conseguiría quórum decidió suspender la bicameral

Cimbronazos internos

No sólo el kirchnerismo aclaró que no tolerará un gobierno por decreto: la presidente del bloque Diputados del Frente Renovador, Graciela Camaño, ya adelantó que esa práctica puede terminar cuando "nos pongamos todos locos y hagamos una sesión especial para bajarlos”.

La medida genera rechazos dentro del propio Cambiemos, donde el viernes pasado se elevó la voz del diputado nacional Ricardo Alfonsín, quien advirtió que “si es efectivamente así, estaríamos frente a un acto claramente contrario al principio republicano de la división de poderes”.

"No se dan las circunstancias graves y excepcionales que habilitan al Ejecutivo a realizar actos que son competencia exclusiva del Congreso", aclaró el legislador oficialista al plantear su disidencia respecto de las intenciones oficiales.

Alfonsín señaló que “por actos como estos, cuestionábamos severamente a la anterior gestión. Reparar el daño que había sufrido la República, fue la razón de ser de Cambiemos”. Y advirtió que “nuevamente han asesorado mal al presidente. Espero que mi partido se manifieste y se pueda rectificar el error”.

La de Alfonsín no es la única voz en ese sentido, pues voces de peso en ese sector advierten que determinados decretos podrían terminar siendo rechazados por el Congreso, sentando una situación sin precedentes. 

Es que la oposición planea convocar a una sesión especial para los primeros días de marzo y rechazarlos.