Los primeros cambios para transformar el mercado laboral estaban hace dos semanas. Un proyecto para cambiar la ley, de 1991, de regularización del empleo no registrado se lanzaría con la modificación del sistema de riesgos del trabajo.

El objetivo es reducirles el costo laboral a las empresas sin tocar los salarios de los trabajadores. Pero, en un contexto de endurecimiento de las relaciones con la CGT , el Gobierno dio marcha atrás con el decreto de las ART (llamó a extraordinarias) y frenó los cambios en la ley 24.013.

Sin embargo, el oficialismo -con consenso y gradualmente- tiene decidido empujar su reforma con la intención de mejorar la competitividad de las compañías.

Así, avanza en la idea de un blanqueo o moratoria laboral, la creación de una agencia de talentos, la incorporación al mercado laboral de las personas que cobran planes sociales y la rebaja de contribuciones patronales.

Desde el sindicalismo confirmaron que el oficialismo ya llevó algunas de esas medidas a las negociaciones pero estiman que en la actualidad la prioridad es que se cumpla con el llamado pacto antidespidos y con las negociaciones paritarias para este año.

También están trabajando en una iniciativa para reformar la ley de regularización del trabajo no registrado. "En la CGT son resistentes", explicaron en la cartera laboral.

La idea oficial es que las multas que contempla la ley 24.013 para los empleadores que no registran correctamente a sus empleados o que falsifican sus fechas de ingreso (artículos 8 y 9) en una relación laboral y, al mismo tiempo, las dobles indemnizaciones agravadas (previstas en el artículo 15) dejen de pagarse a los trabajadores y vayan a un Plan Nacional de Empleo y Formación Profesional o a compensar el sistema previsional. En este último punto, aún no está cerrado el debate.

La intención del Gobierno es terminar con la industria del juicio que se generó con esta ley. En ese sentido, el proyecto está en sintonía con el de las ART que ya tiene media sanción y que se discutirá en extraordinarias.

Además, se prevé la eximición de contribuciones patronales para los empleadores que contraten un trabajador "por tiempo indeterminado y registrado", siempre y cuando esa contratación "produzca un incremento en su plantel de trabajadores", según el proyecto al que accedió La Nación.

Este incentivo será más elevado será de hasta el 10% en algunos distritos, como la Ciudad y Buenos Aires, y de hasta 30% en otras provincias. 

Además, entre el Gobierno y los sindicatos negocian si habrá un blanqueo (quita de deuda) o moratoria (facilidades de pago) para el mercado laboral. En Trabajo impulsan una moratoria, mientras que la CGT piensa que un blanqueo sería más efectivo. 

El Gobierno propone además juntar todos los planes oficiales que existen para la formación de trabajadores y crear una Agencia de Talento que los concentre.

También está la idea de comenzar a sumar al mercado de trabajo registrado a través de distintos incentivos a aquellas personas que cobran un plan social con prestaciones laborales.