El Gobierno tuvo que dar marcha atrás con el DNU que modificó la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT) y convocó a sesiones extraordinarias para aplacar las críticas que se generaron tanto en la oposición como en el propio Cambiemos.

Con esa medida, el oficialismo pretendía evitar la catarata de juicios que esperaban que culmine la feria judicial para entrar a los juzgados. 

Pero la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que debía analizar la norma la semana pasada tenía los votos para emitir un dictamen negativo. Cuestionaba no solo la falta de necesidad y urgencia que justifique su dictado, sino también remarcaba que existía un proyecto con media sanción del Senado sobre este tema.

Ante esta situación el Poder Ejecutivo decidió la semana pasada que la ley siguiera su curso parlamentario.

El primer paso del debate en este 2017 tendrá lugar este lunes desde las 17 horas en la comisión de Legislación del Trabajo de la cámara de Diputados, en la que el oficialismo -ayudado por el Frente Renovador y el Bloque Justicialista- lograría emitir dictamen favorable para tratarlo en el recinto el próximo miércoles.

Si se juntan los tres partidos, el macrismo tendrá los votos para aprobar la ley, aunque por estrecho margen.

Sin embargo, no estará exento de polémicas ya que el debate se verá salpicado por el escándalo desatado a partir del dictamen de la fiscal Gabriela Boquin, quien calculó que Franco Macri, padre del presidente y expropietario del Correo Argentino, se vería beneficiado con una condonación de deuda final de 70 mil millones de pesos.

Es que pese a que el massismo y el bloque Justicialista apoyarán el proyecto sobre cobertura de accidentes laborales, no dejarán pasar la oportunidad para “marcarle la cancha” al Gobierno y preparan una embestida discursiva. 

En el caso de que la oposición logre avanzar con algún cambio, el proyecto deberá volver a la Cámara alta, que podrá darle sanción definitiva o insistir en su media sanción con los dos tercios de los votos.

Además, de acuerdo a las fuentes partidarias consultadas por iProfesional, no avalarían “de ninguna manera” una reforma que implique flexibilizar las condiciones laborales de los trabajadores.

Es que el Gobierno no sólo pretende terminar con la industria del juicio en relación con los accidentes de trabajo o el empleo en negro, sino que -según trascendió- avanza con la idea del blanqueo laboral, la incorporación al mercado laboral de las personas que cobran planes sociales y la rebaja de contribuciones patronales.

Todos estos temas pasarán por la mesa del Diálogo por el Trabajo y la Producción, en la que se sienta el triunvirato de la CGT, el empresariado y el Gobierno. Para comenzar a debatir estos temas, el sindicalismo quiere que se cumpla con el pacto antidespidos y con negociaciones paritarias libres.

La CGT ya mostró que no mantendrá una postura tan rígida ya que ninguno de los integrantes del triunvirato (Héctor Daer, Carlos Acuña y Juan Carlos Schmid) no estuvieron en la reunión de la bicameral de la semana pasada, a la que habían sido convocados.

Además, la convocatoria obedece a que varios aliados circunstanciales cuestionaron la medida y amenazaron con no apoyar al Gobierno en el recinto.

Uno de los que se expresó en este sentido fue el senador por San Luis, Adolfo Rodríguez Saá, quien destacó que “se apela a DNU para cualquier cosa. Lo que debió ser en enero no era dictar un DNU, sino llamar a sesiones extraordinarias”.

“Y si la Cámara no se reunía, tal vez ahí hubiera habido que ver si correspondía el DNU”, planteó Rodríguez Saá.

Qué dice el proyecto

A partir de los cambios, se establece que en casos de accidentes laborales los trabajadores estarán obligados a pasar por una comisión médica antes de recurrir a la vía judicial, ya que estas serán “la instancia única, con carácter obligatorio y excluyente de toda otra actuación, para que el trabajador afectado, contando con el debido patrocinio letrado, solicite u homologue el otorgamiento de las prestaciones dinerarias, en forma previa a dar curso a cualquier acción judicial”.

Asimismo, las comisiones deberán expedirse -en un plazo máximo de 60 días hábiles- sobre si corresponde o no el inicio de una acción judicial en procura de una indemnización por enfermedad o incapacidad.

El trabajador tiene la opción de apelar lo resuelto por la Comisiones Médicas, sea Local o Central, ante la justicia laboral de la jurisdicción provincial o de la Ciudad de Buenos Aires.

Los recursos interpuestos ante la justicia laboral suspenden los efectos de la resolución de la Comisión Médica, salvo casos especiales donde haya apelado la ART.

En todos los casos, los peritos médicos deberán integrar el cuerpo médico forense y sus honorarios no estarán vinculados a la cuantía del reclamo.