El Gobierno nacional y las provincias dieron el primer paso para una reforma de la Ley de Coparticipación. 

La cita fue este martes en Casa Rosada, donde el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, recibió a los ministros de Economía de las provincias para definir la reforma de la Ley de Coparticipación. También estuvieron los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne; y de Finanzas, Luis Caputo.

Si bien se trataron varios temas de la coyuntura, desde el Ejecutivo dejaron en claro que el nuevo reparto de la coparticipación deberá estar atado al compromiso de las gobernaciones a cumplir con las metas de déficit fiscal y a la reducción del gasto público.

En este sentido, se coló el conflicto con los docentes, donde la "bajada de línea" se mantuvo en que cada distrito maneje su propia escala salarial con los gremios, a pesar de la postura de Roberto Baradel, secretario general de Suteba, que pretende una paritaria nacional.

"Es una de las tantas reuniones que venimos teniendo con funcionarios de todas las provincias, en este caso para avanzar e intentar sentar las bases de la reforma de la coparticipación federal de impuestos, que es un mandato constitucional incumplido por más de 20 años, y también ver si podemos avanzar en otras cuestiones pendientes como la reforma tributaria, que debe incluir a las provincias", indicó Frigerio a los periodistas acreditados en la Rosada.

Los asistentes a la reunión indicaron a la prensa que están "avanzadas" las negociaciones con el Ejecutivo, por lo que este encuentro se leyó como un paso más en el camino de Cambiemos para conseguir más adhesiones de los gobernadores.

Promesa de campaña

Durante la campaña electoral, uno de los "caballitos de batalla" de Mauricio Macri fue cuestionar el sistema de coparticipación y prometer "un sistema más distributivo para que llegue directamente a las provincias y a las intendencias".

Sin embargo, durante la apertura de sesiones en la Asamblea Legislativa del año pasado, a pesar de que mencionó varios proyectos a tratar en el Congreso, la propuesta de un nuevo reparto de fondos con las provincias fue la gran ausente.

Esto provocó la reacción de gobernadores de la oposición y pedidos de mandatarios provinciales aliados, como el caso de la bonaerense María Eugenia Vidal, quien recordó que gobierna la provincia con la mayor cantidad de habitantes, la que más aporta al PBI y la que recibe mucho menos de lo que le corresponde por la coparticipación de recursos.

De acuerdo al Gobierno, la reforma no le haría perder fondos a las provincias porque la porción de la torta de dinero que en la actualidad reciben es mucho menor a la que debería ser.

El punto estará en debatir cómo se repartirán los nuevos fondos y si después el Gobierno podrá lograr aumentar su participación en el Poder Legislativo (donde cuenta con casi 90 diputados y poco más de 15 senadores) y ganar espacio en las provincias.

Es que solo gobierna en cinco de los veinticuatro distritos del país: Alfredo Cornejo en Mendoza, Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal en territorio bonaerense, Ricardo Colombi en Corrientes y Gerardo Morales en Jujuy.

Pero en las legislaturas no tiene mayoría ni se acerca a ella, como ocurre en la provincia de Buenos Aires. Esto es clave, porque no solo necesita aprobar la ley en el Congreso nacional, sino que luego debe ser refrendada explícitamente por todas los legislativos provinciales.

Nuevo cálculoConforme a la Ley 23.548 (de Coparticipación Federal) la masa de fondos para distribuir se integra con lo recaudado por todos los tributos nacionales que existían a la fecha de vigencia de esa norma, que data de 1988.

Es por ello que dentro de los impuestos coparticipables se puede citar al Impuesto al Valor Agregado, a las Ganancias, Internos, a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas, a la Ganancia Mínima Presunta.

Asimismo, sólo estos últimos tres son coparticipables en un 100%, ya que los otros destinan un porcentaje a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

La cláusula transitoria sexta de la Carta Magna de 1994 obligaba a sancionar una nueva ley antes de que finalice el año 1996. Por falta de acuerdo e intereses contrapuestos, nunca se avanzó sobre el tema por lo que se dictaron varias normas “complementarias” como el Fondo del conurbano y el Fondo Federal Solidario (FFS). Esto provocó que la coparticipación se volviera un sistema complejo de coordinación financiera.

En la actualidad, los cuestionamientos surgen por el coeficiente a utilizar, ya que al no haber una ley que se ajuste a la realidad, existe un retraso para determinarlos y calcular la coparticipación provincial, ya que se emplea los parámetros de 1988, cuando la ciudad de Buenos Aires no tenía autonomía.

En principio, de acuerdo a lo manifestado por los funcionarios macristas, la idea es pasar de la administración vertical (utilizada durante el kirchnerismo, con un papel preponderante del Poder Ejecutivo nacional, que actúa con un alto nivel de discrecionalidad) a la horizontal. Esto implicaría que se destinarían más recursos a las provincias sin depender de la decisión del presidente de turno.

No hay que pasar por alto que la nueva ley debe incorporar a la Ciudad de Buenos Aires dentro del reparto para que deje de depender del Estado nacional.

Esto provoca que los territorios más importantes como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza consideren que la norma termina por privilegiar a las provincias más pequeñas en términos de población.