La recomposición de las jubilaciones y pensiones por la ley de movilidad se transformó en un escándalo político, luego de que el Gobierno comunicó que había modificado la normativa reglamentaria que especifica cómo se hace el cálculo. Ese cambio -que todavía no se descarta aplicar, porque lo discutirán en el Gobierno- da un resultado a la baja en el porcentaje de aumento de las prestaciones.

Ayer a media tarde, la ANSES había anunciado que los haberes previsionales y los pagos por hijo y otras asignaciones familiares, subirían un 12,65%, con lo cual la jubilación mínima pasaría de $5661 a $6377 y el máximo, de $41.474 a $46.721. De hecho, el organismo ya tiene hechas las liquidaciones para los pagos de marzo con la aplicación de ese nivel de incremento, con lo cual, la marcha atrás en la disposición obligaría a hacer una compensación posterior.

Sin embargo, de no aplicarse la nueva resolución oficial la suba sería 12,96%. Y las prestaciones mínima y máxima llegarían a $6394,6 y de $46.849 respectivamente.

Según había explicado el director ejecutivo de la ANSES, Emilio Basavilbaso, las modificaciones fueron hechas para que el cálculo sea exacto, ya que antes había una "pequeña" sobreestimación de los porcentajes. Concretamente, según las explicaciones oficiales, la metodología aplicada hasta ahora sobrevalora la variación de la recaudación de los recursos tributarios que se destinan al pago de jubilaciones . Y entonces, no se refleja fielmente la mejora en la disponibilidad de recursos.

La modificación jubilatoria anunciada puso en peligro la aprobación de la reforma del régimen de las ART, que se debatió anoche en la Cámara baja, y entonces se resolvió dejarla sin efecto, según anunciaron los diputados Mario Negri (UCR) y Nicolás Massot (PRO).