El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, planea considerar a casi todos los inmigrantes ilegales como sujetos a la deportación, pero dejará las protecciones vigentes para los inmigrantes conocidos como "dreamers", quienes llegaron al país como niños.

Durante su campaña, el presidente republicano prometió tomar medidas más duras contra los 11 millones de inmigrantes ilegales que se estima viven en el país, además de asegurar que construirá un muro en la frontera con México para frenar el ingreso de potenciales terroristas.

Este martes se conocieron las nuevas normas de la administración Trump que apuntan a ampliar el número de inmigrantes sin papeles que pueden ser expulsados del país y a facilitar su deportación. Todos los extranjeros indocumentados presentes en el país, estimados en 11 millones, quedaron en la mira.

Será prioridad la deportación de aquellos que tengan antecedentes criminales, así como aquellos que sean considerados como una amenaza para la seguridad del país o que hayan abusado de su sistema de beneficios.

Es importante destacar que la directiva que mantiene las medidas de protección aprobadas durante el gobierno de Barack Obama para los inmigrantes que entraron ilegalmente a Estados Unidos siendo niños.

Además, la orden implica una expansión de las expulsiones expeditas, que permiten tanto a los agentes de inmigración y aduanas, como a la guardia fronteriza a deportar a los inmigrantes de forma más rápida y sin necesidad de presentarlos ante un juez de inmigración.

Para poder llevar adelante la tarea se contratarán a unos 10.000 funcionarios adicionales para el control de la inmigración ilegal.

En otro orden, se propone a las autoridades enjuiciar a los padres que ayudan a que sus hijos entren ilegalmente en Estados Unidos.

Por último el plan autoriza el inicio de la expansión del muro fronterizo con México, prometido por Trump durante su campaña electoral.

Es importante destacar que según informaron funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a la prensa, pese a que cualquier inmigrante ilegal puede ser deportado, la agencia priorizará a aquellos que están clasificados como una posible amenaza.

Esto incluye a recién llegados, a aquellos condenados por un crimen y personas acusadas pero no condenadas.