El conflicto docente tiene varios campos de batalla. Además del judicial, en el que el Gobierno se apresta a apelar un fallo que ordena la convocatoria a una paritaria nacional, se libra una lucha política, ya que varios partidos de oposición salieron a apoyar a los maestros para pedir que se efectivice esa medida. Mucho más, luego de la represión que sufrieron el domingo por la noche cuando quisieron armar una carpa itinerante frente al Congreso.

Si bien los gremios habían decidido no realizar ninguna nueva medida que signifiquen más días de clase perdidos -algo que en su momento fue interpretado como una "victoria política" del macrismo- los incidentes con las fuerzas policiales constituyeron un factor que volvió a cambiar el tenor del conflicto.

Uno de los focos más importantes se dio en la provincia de Buenos Aires, en el centro de la atención política por el duro enfrentamiento que llevó a que la actividad en las escuelas públicas estuviera frenada durante 15 días hábiles. Los gremios del Frente de Unidad Docente decidieron seguir protestando por otras vías pero dictando clases en las aulas, a la espera de un encuentro con el gobierno de María Eugenia Vidal.

Piden que no se les descuente días y mejorar el porcentaje de aumento. Hasta ahora, la propuesta oficial es un incremento de 19% en tres tramos, ajustado por inflación mediante una cláusula gatillo y con un resarcimiento de entre $1000 y$ 2000 según el caso, en consignación por las pérdidas de 2016.

Todo parecía que estaba en vías de resolverse, pero el escenario cambió abruptamente. Hasta el domingo por la tarde se podía vislumbrar un final del conflicto con Vidal, como la gran ganadora ya que iba a poder continuar con la negociación salarial con los chicos en las aulas. Pero ahora el panorama entra nuevamente en una zona de incertidumbre, ya que Sonia Alesso, del gremio Ctera, anunció en una conferencia de prensa un nuevo paro por 24 horas para este martes. 

Tras los incidentes, los partidos políticos opositores comenzaron a pedir que se convoque a una sesión especial para analizar este tema en el Congreso. Aunque coinciden en el pedido, difieren en algunos puntos importantes por lo que el plenario solicitado puede llegar a fracasar.

Es que previo a la conferencia de prensa convocada por el Frente para la Victoria para repudiar el desalojo a docentes en Plaza Congreso y ratificar que debe existir una paritaria nacional, el bloque del Frente Renovador anunció que pedirá una sesión especial para el próximo miércoles 19, a fin de tratar un proyecto para institucionalizar una mesa de diálogo en el Congreso entre el gobierno, los gremios y legisladores.

La jefa del bloque massista, Graciela Camaño, aseguró que para resolver el conflicto docente “hay que hacer algo efectivo”, porque “se tiran de un lado y del otro y los pibes no tienen clases”. Además, sostuvo que la convocatoria a una paritaria nacional docente, resistida por el Gobierno nacional “está establecida en la ley de Financiamiento Educativo”. “Lo que hizo esa norma fue homogeneizar un sueldo piso”, agregó y sentenció: “No tengo dudas de que los docentes tienen razón”.

La presidenta del FR también criticó al oficialismo por su actitud ante el conflicto docente y consideró que “el esquema de hacer política” de Cambiemos y el kirchnerismo “es igual”. “En los hechos no hay diálogo, se genera la situación para que se confronte”, advirtió.

El Frente Renovador presentará una nota para forzar el tratamiento del proyecto de conformación de una mesa de diálogo institucional en la Comisión de Educación, el próximo martes 18, y la intención es que un día después, el miércoles 19 -día en que el oficialismo estimaba debatir sobre Venezuela- se realice una sesión especial.

Según informó la jefa del massismo, contarían con el apoyo del interbloque Progresistas y Peronismo para la Victoria.

En tanto, el FPV también pidió una sesión especial. El jefe del bloque, Héctor Recalde, no se animó a arriesgar si ambas convocatorias terminarán unificadas y evitó pronunciarse, en principio, sobre la flamante iniciativa de Sergio Massa para hacer converger en una mesa de diálogo al Gobierno, los sindicatos y las empresas, aunque dijo contar con el apoyo de legisladores de San Luis y Misiones para avanzar en conjunto.

La batalla judicial

La semana pasada, el juzgado de primera instancia del Trabajo N° 58, a cargo de Dora Eva Temis, hizo lugar a una presentación del dirigente sindical Sergio Romero, que conduce la Unión de Docentes Argentinos (UDA), por lo que ordenó al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, convocar a la paritaria nacional docente dentro de los próximos cinco días hábiles.

La jueza pidió que se respete la ley de educación nacional, la cual establece el financiamiento por parte del Estado nacional. Pero el Gobierno se mostró disconforme y no solo cuestionará la sentencia ante la Cámara de Apelaciones sino que también recusará a la magistrada por considerar que contiene "algunas irregularidades".

"Hay una ley que dice claramente que el Gobierno tiene que convocar para trabajar en establecer un salario mínimo. Hasta el año pasado el Gobierno respetaba, y ahora decidió no convocar y desentenderse de la educación en la Argentina", cuestionó Romero.

El presidente Mauricio Macri considera que las paritarias docentes se deben hacer por provincia al afirmar que "los sueldos los discute cada gobernador" porque así "lo marca la Constitución", y señaló que Vidal está dando "la batalla por todos los argentinos" en educación pública. 

Para el macrismo, los salarios se actualizan con una cláusula sin necesidad del llamado a una paritaria.

Pero los gremios docentes consideran que la negociación a nivel nacional es una instancia que debe ser respetada si se cree en los procesos de diálogo, las herramientas de negociación colectiva y en la necesidad de cumplir con la ley. 

¿De dónde surge este conflicto?

La Paritaria Nacional Docente fue regulada por el artículo 10 de la ley de Financiamiento Educativo y el decreto reglamentario 457/07. Allí sienta en una misma mesa al Estado Nacional, a los Estados provinciales y a los principales gremios de la enseñanza (CTERA, UDA, AMET, SADOP, CEA) con representación proporcional a la cantidad de afiliados. 

Su objetivo es fijar el piso salarial docente en todo el país para el "cargo testigo", es decir, el docente que recién inicia su carrera y que tiene un solo cargo. Además, fija un fondo compensador financiado por el Gobierno nacional para un grupo de provincias que tienen dificultades para solventar el costo acordado de salario mínimo nacional.

Sirve como marco de referencia salarial porque cada provincia toma el valor fijado en la paritaria nacional y lo discute con los sindicatos en su propia jurisdicción, estableciendo así un nuevo piso mayor o igual al nacional.

De 2008 a 2011, esta paritaria tuvo el acuerdo de gobierno y sindicatos, pero –ante la falta de acuerdo y para evitar alargar el conflicto- en 2012 y 2013 fue sancionada por decreto. En los años posteriores las negociaciones fueron largas pero se llegó a una cifra acordada. 

Ahora, el macrismo sostiene que desde el año pasado el salario docente se actualiza automáticamente por una cláusula para que esté un 20% por encima del salario mínimo vital y móvil, sin perjuicio de lo que se acuerde en la paritaria salarial docente.

Y agrega que al no tener escuelas a cargo, el Gobierno nacional no debe intervenir. Pero los gremios sostienen que esto es peligroso porque habilitaría a los mandatarios provinciales a dar aumentos de acuerdo a sus posibilidades fiscales, sin una pauta de referencia, por lo que se profundizarán las desigualdades.