El domingo, incidentes, forcejeos y heridos frente al Congreso ante el intento de los gremios docentes por instalar la "escuela itinerante". El martes, el anuncio de que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, autoriza la instalación de esa nueva modalidad de protesta. Y, en el medio, una profundización del conflicto que parecía estar dando señales de agotamiento.

Estas horas dejan al descubierto cómo el Gobierno se enfrenta a un dilema para el cual el caso de los maestros aparece como banco de pruebas: transitar una línea "blanda" de diálogo o, por el contrario, mostrar "mano dura" tanto a la hora de discutir salarios como a la de enviar fuerzas policiales a disolver protestas en lugares públicos. 

La frase del presidente Mauricio Macri, contra los sindicatos de maestros -“Violan las normas y hacen paro”-, dejó en evidencia la tentación de aplicar una política de endurecimiento, una opción alentada por un sector de Cambiemos que interpreta que la opinón pública demanda una actitud enérgica ante el conflicto social. 

El mismo día, en el que los cinco sindicatos docentes llevaron adelante un paro de 24 horas en repudio al violento operativo policial del domingo, el Poder Ejecutivo jugó otra carta fuerte que repercutirá en el devenir de la puja: apeló el fallo de la jueza Dora Temis que el jueves pasado había ordenado al Gobierno llamar a la paritaria nacional, en lo que fue un revés para la alianza gobernante, y pidió su recusación.

Apoyado en diversas encuestas, redobló la apuesta contra los maestros en diversos terrenos y llevó la escalada a un escenario incierto cuando las aguas del conflicto comenzaban a calmarse. 

Esto reafirmó el argumento de quienes creen que el Gobierno necesita del conflicto con los gremios docentes. La decisión de obstaculizar la construcción de la "escuela itinerante", enviar a las fuerzas de seguridad el domingo y detener a dos maestros, claramente, fue política. Lo cierto es que por manifestaciones mucho mayores, el Gobierno no había mostrado ni por asomo la misma disposición a usar la fuerza pública.

La marcha a favor del gobierno que se realizó el 1A renovó las energías de Cambiemos luego del mes un marzo adverso en el que el macrismo tuvo una serie de reveses políticos y sufrió la protesta de gremios y organizaciones sociales que salieron a manifestarse en contra de las políticas oficiales.

El riesgo es que en la Casa Rosada confundan la interpretación de lo que pasó el 1 de abril y no observen todos los fotogramas de la película que comenzó a recalentar el clima social el mes pasado. 

Está claro que desde aquel día el Gobierno decidió recluirse en su "minoría intensa" para hacer frente a la campaña electoral. En el actual escenario, un 30% de los votos podría asegurarle un buen desempeño y hasta un triunfo en las urnas, ya que son comicios legislativos. 

El cambio del discurso de Macri y sus funcionarios, que giró de un estilo dialoguista y “reparador de la grieta” hacia otro maniqueo y polarizador con el kirchnerismo, comenzó a esgrimirse el 1° de marzo durante la apertura del año legislativo.    

Esa estrategia, y ese discurso, es el que se trasladó al conflicto con los docentes. Incluso en el terreno judicial, en el que se acusa a la jueza Temis de integrar “Justicia Legítima” -como si fuese un delito- y así simpatizar con el kirchnerismo.  

Encuestas y antecedentes

Uno de los antecedentes de la represión del domingo fue lo que sucedió en Panamericana a la altura de la ruta 197 durante el paro nacional de la CGT y otros espacios políticos, el jueves pasado. Entonces, manifestantes de izquierda obstaculizaron la circulación de esas vías y el Gobierno decidió desalojar las calles con todo el aparato represivo del estado. 

El secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco, se hizo presente en el lugar y coordinó el operativo ante las cámaras televisivas. Poco importó que hubiera mujeres, por ejemplo. Con el hecho consumado, el Gobierno celebró la forma en que se liberaron las calles y lo justificó públicamente.  

Un estudio arroja luz sobre el nuevo comportamiento del Poder Ejecutivo.

Según la encuesta que tiene el Gobierno en su poder, y que se realizaron en la última semana, un 63% de los consultados rechaza los cortes de rutas y calles, contra un 36% que los acepta.

“La mayoría apoya claramente que no permitamos los cortes”, afirman desde Casa de Gobierno. Y aseguran que el accionar durante la huelga de la CGT y en la Plaza de los dos Congresos “fue cuidado”. 

Lo que no está claro es si la opinión pública avala la represión. 

En la misma encuesta, ante la pregunta sobre la liberación del tránsito ante una marcha o protesta, el 66% se pronunció a favor y el 30% en contra pero sobre la represión a los manifestantes que no levanten los cortes solo un 37% se mostró a favor y un 58% lo hizo en contra. Peor aún, si la represión se lleva a cabo con presencia de mujeres y niños, apenas un 21% a favor y un 71% en contra.

Por eso mismo, desde la Casa Rosada advierten que cada situación de “desalojo” se irá “midiendo”.