La discusión por la reforma a la Ley de Tarjeta de Crédito en el Senado llegó a límites insospechados. Si bien el tire y afloje por este tema entre el macrismo y la oposición viene desde hace ocho meses, en los últimos días, los cruces se hicieron más fuertes.

Es que el senador massista Alfredo Luenzo, titular de Comercio e Industria, apuró un dictamen para bajar las comisiones en operaciones con tarjetas de crédito y débito. El oficialismo, a través de la legisladora cordobesa Laura Rodríguez Machado, cuestionó que se haya firmado sin quórum y que el total de las adhesiones se haya logrado con miembros que no concurrieron a la reunión o que lo avalaron en sus despachos.

El legislador chubutense aseguró que “varios senadores” habían firmado el texto antes de retirarse del salón, por lo que “el dictamen está”. Es que el despacho contaba con el aval de 10 senadores, uno más que el mínimo requerido.

Hace unos días, el presidente provisional de la cámara alta, Federico Pinedo, aceptó una impugnación presentada por Rodríguez Machado y resolvió la “vuelta a comisión” del dictamen mayoritario.

Una vez conocida la nulidad del dictamen, Luenzo se mostró en desacuerdo con los “argumentos” expuestos en la impugnación, y adelantaron que se abrirá “toda una discusión reglamentaria” porque los dictámenes “habitualmente pasan por los despachos” para ser firmados, y esto, incluso, “es admitido por muchos senadores” en otras ocasiones.

En ese sentido, el impulsor del proyecto considera que el Gobierno utiliza esta estrategia para “demorar un tema que ya el año pasado obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores y fue ignorado en Diputados” y que “no se tiene en cuenta que con esta decisión perjudican a la gente”.

Ante las quejas de la oposición por la interpretación del reglamento, Cambiemos analiza un instructivo "para la correcta aplicación en lo atinente al funcionamiento de las comisiones".

Ese instructivo, que se pondrá a consideración de los jefes de las diferentes bancadas en la próxima reunión de Labor Parlamentaria, propone que "para la emisión válida de un dictamen de mayoría en aquellos proyectos en los que no hubiera uniformidad, el mismo deberá estar suscripto por la firma de por lo menos más de la mitad de los miembros de la comisión que hubieran estado presentes conformando el quórum".

El macrismo siempre se mostró reacio a tratar un tema que puede provocar la reacción de los bancos, ya que se estima que es un ítem que les genera cerca de $16.000 millones de pesos anuales.

Para evitar conflictos, el Gobierno buscó firmar un acuerdo con los representantes de las tarjetas de crédito y las cámaras que reúnen a los comerciantes sellaron un acuerdo para la reducción gradual de los aranceles máximos en las operaciones.

El Poder Ejecutivo fijó que el máximo que podrán cobrar las tarjetas a los comercios es de 2,5% por cada operación en crédito y 1,2% en débito, que se reducirán hasta 1,8% y 0,8% a lo largo de los próximos 4 años. En la actualidad, los aranceles son del 3% para compras con crédito y de 1,5% con débito.

En septiembre del año pasado, Luenzo impulsó una propuesta que obtuvo la media sanción por unanimidad, pero fue desestimada en la Cámara baja, donde el oficialismo se alzó con un dictamen propio y totalmente distinto.

Esa iniciativa fue girada a la comisión de Industria y Comercio. En busca de generar consenso, a partir de la existencia de proyectos enfrentados, y teniendo en cuenta las sugerencias de las distintas entidades que apoyaron una reforma, Luenzo presentó el nuevo texto, que logró el dictamen que fue impugnado.

Qué dice la propuesta

El senador de Chubut Somos Todos afirmó que la nueva propuesta era “superadora” a la sancionada primeramente por el Senado, ya que además de la rebaja en las comisiones para operaciones con tarjeta de crédito y débito, se establecía un plazo de pago para los comercios, el límite de los intereses compensatorios y la generación de la competencia en el mercado, entre otros puntos.

El proyecto que ahora se encuentra en discusión plantea reducir a 1,5% el arancel por operaciones con crédito (igual no se descarta que termine siendo del 1,8%) y del 0,5% para débito. A diferencia de la gradualidad que propone el acuerdo, la ley haría que las rebajas se apliquen de inmediato.

También se propone fijar la cantidad de días que tienen los dueños de las tarjetas para hacerles las liquidaciones a los comerciantes: tres para operaciones con débito y 10 para crédito.

Se regularía, además, un tope al financiamiento con tarjeta de crédito: no podría ser superior a la tasa de interés de los préstamos personales.

En resguardo de los usuarios, establece que no podrá incorporarse a la base de cálculo utilizada para establecer los aranceles o comisiones, los impuestos que no formen parte del precio de venta ni tampoco en los intereses de financiación y los impuestos asociados a los mismos.

En el Senado pretenden que el proyecto salga lo más consensuado posible. Es que no quieren que se trabe otra vez en Diputados ni que el Poder Ejecutivo lo vete.

La iniciativa cuenta con el respaldo de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que participaron del encuentro y reclamaron que la implementación de la reducción sea “inmediata”.