El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, anticipó que se le ofreció a la constructora brasileña Odebrecht que entregue toda la información a la Oficina Anticorrupción (OA) para poder avanzar en la causa sobre supuestas coimas que la firma habría pagado en la Argentina.

La determinación la dio a conocer Garavano en su cuenta de Twitter y a nueve días para que se levante en Brasil al menos parte del secreto que rodea al capítulo nacional del "Lava Jato". 

"Ante la falta de avances del MPF (Ministerio Público Fiscal) se convocó a Odebrecht a dar información a la Oficina Anticorrupción sobre los delitos cometidos en el país", escribió el funcionario nacional en la red social.

En ese sentido, el encuentro se llevaría a cabo en la sede de la Oficina Anticorrupción, donde fueron convocados los abogados que tiene Odebrecht en el país.

Una vez allí se espera que entreguen la información que sea posible sobre las coimas por 35 millones de dólares que dice haber pagado en el país, de acuerdo a la declaración que hizo esa empresa ante la Justicia de los Estados Unidos.

El Gobierno nacional busca que se quiten las sospechas que rodean al "Lava Jato" en la Argentina, sobre todo luego de que la diputada nacional de Cambiemos Elisa Carrió cargara contra empresarios, jueces y políticos, inclusive los integrantes del Ejecutivo nacional, por una supuesta protección al exministro de Planificación Federal Julio de Vido.

Carrió había señalado también en Twitter que "el Presidente @mauriciomacri firmó un acuerdo para que el tema Odebrecht sea tratado en Argentina y se sepa todo" y enseguida agregó que "esto no se hizo nunca antes".

"Gils Carbó tapa a De Vido acusando a Gustavo Arribas", añadió la diputada nacional también en esa red social.

Por su parte, Garavano había señalado más temprano que Macri ordenó "avanzar hasta las últimas consecuencias" para que se aclare el supuesto pago de coimas de la empresa brasileña Odebrecht en la Argentina.

En declaraciones a radio Mitre, el ministro acusó al PJ de no colaborar en el Congreso con la sanción de las leyes de responsabilidad penal empresaria o la ley de extinción de dominio, necesarias para que avancen en las investigaciones judiciales.