Un grupo de especialistas del entorno de la gobernadora María Eugenia Vidal evalúa el alcance jurídico y la reglamentación de la ley promulgada el viernes 19 por la Legislatura, que establece la obligatoriedad de mencionar "dictadura cívico-miitar" al gobierno surgido tras en golpe de Jorge Rafael Videla en los actos públicos.

La norma, que generó algunas molestias en el gabinete provincial, impulsada por el kirchnerista Darío Díaz Pérez (ex intendente de Lanús), establece también que en los actos oficiales debe decirse que los desaparecidos fueron 30.000.

"Son cinco líneas que no explican ni cómo debe cumplirse ni, por ejemplo, que organismo debe regularlo, y cercena la libertad de expresión", aseguraron altas fuentes bonaerenses.

La normaconsta de solo un artículo y no establece por ejemplo ningún tipo de sanciones vinculadas al no cumplimiento: "Incorpórase de manera permanente en las publicaciones, ediones gráficas y/o audiovisuales y en los actos públicos de gobierno, de los tres poderes de la provincia de Buenos Aires, el término Dictadura Cívico-Militar, y el número de 30.000 junto a la expresión Desaparecidos, cada vez que se haga referencia al accionar genocida en nuestro país, durante el 24 de marzo de 1976 al 9 de diciembre de 1983".

Según su círculo íntimo, Vidal está molesta con la sanción de la ley que la obliga sin ningún tipo de especificación a incorporar ambos términos cada vez que su gestión aluda al golpe de Estado.