La Corte Suprema de la Nación revocó el fallo que había confirmado una sanción económica al Banco Macro y a miembros de su directorio por no informar a la Unidad de Información Financiera (UIF) operaciones celebradas por un cliente de esa entidad.

La Corte no se expidió sobre si el banco cumplió o no con el deber de informar, sino que apuntó a la prescripción de la acción, porque la UIF impuso la sanción económica, de $822.312, basada en un trámite que impulsó luego de los dos años que, como plazo máximo, fija la ley penal para los casos de multas.

La decisión de la UIF había sido confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, pero la Corte, en fallo unánime y firmado por sus cinco integrantes, dispuso que se realizara un nuevo cómputo de la prescripción.

Según fuentes judiciales, la sanción fue impuesta el 10 de marzo de 2014 contra el banco y los miembros de sus directorio Juan Brito Devoto, Fernando Andrés Sansuste, Luis Carlos Cerolini, Jorge Horacio Brito, Delfín Jorge Ezequiel Carballo, Jorge Pablo Brito, Roberto Julio Eilbaum, Alejandro Macfarlane,

Carlos Enrique Videla, Guillermo Eduardo Stanley y Constanza Brito.

Según constancias de la causa los hechos imputados ocurrieron entre junio de 2006 y agosto de 2007, en tanto que el sumario que culminó con la multa se inició en 2011.

La Cámara había considerado que entonces regía la ley 25.426 (de Entidades Financieras) que "no contenía disposición alguna relativa al plazo de prescripción".

La Corte señaló que "aún cuando se compartiera su línea argumental respecto de los actos con aptitud para interrumpir el curso de la prescripción, se observa que, al emitir la resolución sancionatoria 124/2014, la acción punitiva de la UIF, ya se encontraba prescripta".

El fallo fue firmado por el presidente Ricardo Lorenzetti, y los ministros Elena Highton (quien volvió al tribunal luego de una semana de licencia), Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Fernando Rosenkrantz.