La ley de responsabilidad penal empresaria recibió su primer impulso en meses en la Cámara de Diputados, justo cuando el caso Odebrecht conmueve los cimientos de oficialistas y opositores.

Integrantes de las comisiones de Legislación Penal y de Legislación General por el oficialismo avanzaron en la redacción de un predictamen, para apurar al resto de las bancadas a definirse en el próximo plenario.

Estiman que antes del receso de julio podría estar al menos la media sanción en la Cámara baja.

El proyecto enviado el año por el Poder Ejecutivo el año pasado, con el fin de ajustar las regulaciones locales a los requerimientos de la OCDE -condición básica para aspira al ingreso en el organismo comercial top-, establece un régimen de sanciones para empresas comprometidas en sobornos y otros delitos trasnacionales que involucran a la administración pública.

Un artículo se dedica a habilitar la reducción de penas a cambio de información valiosa de aquellas empresas que hayan participado de un delito.

Un traje a medida de Odebrecht, aunque no podría aplicarse retroactivamente. Aunque -según legisladores consultados por Clarín- “sólo podrá beneficiar a la empresa para hechos nuevos”. Es la hendija por la que podría interesarle al Gobierno -amén de sectores opositores- agilizar su aprobación.

Las condiciones para permitir la reducción de penas por “arrepentimiento” es uno de los aspectos que se buscarían retocar del texto original. Así lo confirmó el macrista Daniel Lipovetzky, titular de Legislación General, la comisión encargada de consensuar el texto junto a la de Legislación Penal, a cargo de la radical Gabriela Burgos.

En el proyecto oficial se habilita al juez a pactar una reducción de penas de entre un tercio y la mitad de lo que correpondería por el delito correspondiente, en caso de colaboración del acusado.

“Queremos ser más estrictos para las exenciones sancionatorias. Por ejemplo que se denuncie el delito antes de pedir la adhesión al beneficio”, comentó.

En cambio, Pablo Tonelli, otro de los macristas que participó de la negociación, puso el acento en las modificaciones al texto del Ejecutivo que podrían favorecer a las empresas involucradas.

“Podríamos proponer que las multas mínimas se bajen del 1 por ciento de la facturación anual de la empresa a la mitad, porque nos parece excesivo”, dijo. El rango de multas llega a un tope del 20% de la facturación anual. Y las sanciones puedne llegar a la “cancelación de la personería jurídica”. Del encuentro también fue parte el radical Héctor “Cachi” Gutiérrez.