En un clima de fuerte incertidumbre, Sancor define este martes medidas clave para evitar su quiebra y avanzar en el plan de reestructuración acordado con el Gobierno, que incluye la venta de algunos de sus activos y más de 1.000 despidos, como paso previo para la llegada de nuevos fondos oficiales.

Los directivos, síndicos y socios de la empresa se reúnen en asamblea extraordinaria desde las 8.30 en la casa matriz de la cooperativa en la localidad santafesina de Sunchales.

Allí buscan ratificar el denominado "Plan SanCor" y el fideicomiso financiero creado por el Gobierno para asistir al fabricante de lácteos con $450 millones. Esa es la salida que ahora impulsan el consejo de administración y un amplio grupo de productores.

Sin embargo, en las últimas horas la convocatoria caldeó los ánimos.

En medio del parate que afecta a la mayoría de las 16 plantas y las inundaciones en la cuenca lechera, un sector de los tamberos acentuó sus críticas a la gerencia luego de que el miércoles se definiera en una reunión preparatoria que solo podrán votar 80 de los 150 delegados que representan a los 900 cooperativistas.

Hoy, Sancor recibe menos de 1 millón de litros diarios de leche, porque muchos productores asociados derivan 500.000 litros en materia prima a la competencia (La Serenísima, Willner, Illolay, Saputo y Mastellone, entre otros).

Esos tamberos no tendrían voto como delegados de la asamblea de este martes, según se resolvió el miércoles en línea con una cláusula del estatuto reformado en 2012, que exige dos años de antigüedad en la entrega de producción para cumplir ese rol.

"El tema de los delegados va a ser el primero en tocarse en la asamblea, pero muchos no están conformes porque derivan por la necesidad de cobrar y quieren participar", explicó a iProfesional Alberto Rosso, socio de Sancor.

El objetivo es conseguir financiamiento por $1.500 millones para "hacer un puente hasta octubre".

Según los cálculos de la gerencia, es posible llegar a esa cifra con la venta de productos en garantía (o warrant), del depósito compartido con Vicentín en Córdoba y del 10% restante de la línea de yogures, frescos y flanes que Sancor conserva tras ceder el 90% a esa firma en 2016 por u$s100 millones.

La meta se completaría con el préstamo a tasa subisidiada comprometido por el Ejecutivo, que hasta ahora solo entregó $200 millones. Los fondos restantes quedaron sujetos a lo que resuelva este martes la asamblea.

La reestructuración incluye el recorte de 1.200 puestos en sus 16 plantas a través de retiros voluntarios y el cierre definitivo de los establecimientos de Brinkman y Charlone (Córdoba), Centeno (Santa Fe) y Moldes (Buenos Aires), donde ya hubo protestas de los pobladores y empleados para preservarlos en funcionamiento.

Con esos cambios, Sancor espera retomar niveles de producción cercanos a los 1,5 millones de litros diarios. Las expectativas del sector mejoraron en abril con una suba del 4,9% en la producción nacional de leche y una mejora del precio por litro pagado al productor, que pasó de $5,20 a $5,29, según los datos del Ministerio de Agroindustria.

La incógnita es si las medidas que se adopten este martes serán suficientes para el Gobierno. Luego de descartar la vía del concurso que abría la puerta a potenciales embargos, el ala dura de Cambiemos –encabezada por el Gabinete– aguarda que Sancor modifique su estatuto y se convierta en su mayoría en Sociedad Anónima, con la expectativa de vender las líneas más rentables (quesos, mantecas y cremas) y así "capitalizar" a la empresa. Si bien son varios los inversores interesados, ninguno está dispuesto a comprarla en su totalidad.

Entre los productores predomina la visión de que la cooperativa está "sobredimensionada".

La Sociedad Rural de Santa Fe cargó en un comunicado el viernes contra los "directivos y gerentes con sueldos del primer mundo, que no supieron o no quisieron reestructurar la empresa", y los responsabilizó por el retraso en la actualización del precio que paga a los tamberos.

A la vez que apuntó contra los gobiernos nacionales y provinciales –a excepción del de Mauricio Macri y Miguel Lifshitz– y el sindicato lechero Atilra, encabezado por Héctor Ponce, por los aportes extraordinarios mensuales que cobraba a las empresas desde 2009.

Bajo una fuerte presión, que incluyó un duro cuestionamiento de Mauricio Macri al gremio, Atilra aceptó el 5 de mayo pasado reducir los aportes patronales de $3.300 a $1.500 para las empresas grandes y $750 para las chicas, junto con la condonación de deudas a las Pymes y la revisión del convenio colectivo de la actividad.

La primera reunión para introducir cambios en las condiciones de trabajo fue el miércoles pasado, tal como lo adelantó iProfesional. La resignación de beneficios fue la condición para liberar parte del crédito oficial.

En tanto, con la primera inyección del fideicomiso, la cooperativa empezó a pagar parte de los $2.000 millones en pasivos que acumula, entre salarios, materia prima, fletes e insumos.

Los trabajadores recibieron semanas atrás $13.000, mientras que a los transportistas se les canceló deudas y a los tamberos la producción de marzo y parte de abril. La compañía fijó un precio mínimo de $5,15 el litro y decidió abonarlo en tres tramos del 33% a partir del 23 de mayo, el 30 de ese mes y el 7 de junio.