Un día después de la embestida del presidente Mauricio Macri contra un sector de la Justicia, un fallo de un juzgado laboral ordenó a la empresa Monsa, propietaria de la línea de colectivos 60, reincorporar provisoriamente en sus cargos a los 10 empleados despedidos la semana pasada y dejar sin efecto la suspensión de otros 20 trabajadores.

La medida cautelar fue dictada el viernes pasado por la jueza laboral Stella Maris Vulcano tras un pedido presentado por la conducción del gremio de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Los 10 empleados despedidos y los 20 suspendidos fueron acusados de atacar a personal administrativo y provocar destrozos en una terminal que la línea 60 tiene en Barracas, en septiembre de 2016. Por este episodio, también hay una causa penal en curso.

"Haré lugar a la medida cautelar solicitada en aras de la paz social y a fin de evitar perjuicios a ambas partes (empresa y trabajadores) y a los ciudadanos usuarios del servicio", argumentó la jueza en su resolución. Ordenó, además, reinstalar a los empleados despedidos en un plazo de 48 horas, que se cumpliría hoy, y les solicitó a los gremialistas un compromiso de no activar nuevas medidas de protesta.

Los propietarios de Monsa asistirán hoy a una audiencia y apelarán la medida de Vulcano, según informaron asesores legales de la empresa.

Entre los empleados despedidos y suspendidos suman otros procesamientos judiciales. Los empleados involucrados, todos ellos integrantes de la comisión interna de delegados de la línea 60, afrontan causas por incidentes anteriores, como lesiones, amenazas con armas de fuego y no cobrar boleto como metodología de protesta, lo que podría ser penado como "estafa", según el argumento de la empresa.

El hecho que desencadenó el conflicto más reciente sucedió el 9 de septiembre de 2016. Ese día un operario de la línea 60 falleció al ser aplastado por un colectivo mientras realizaba las tareas de mantenimiento eléctrico de la unidad en la terminal de la empresa Monsa, en Barracas. La 60 es una las líneas que más recorrido interurbano tienen entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia y traslada unos 250.000 pasajeros por día.

Por entonces, la comisión interna de la línea 60, que conserva sus raíces en la izquierda sindical y el trotskismo y se opone al liderazgo de Roberto Fernández en la UTA, reaccionó de manera violenta ante la muerte de su compañero, David Ramallo. En las cámaras de seguridad de la empresa quedaron registradas las imágenes del desbande: destrozos de las oficinas, vidrios rotos y un empleado agredido a golpes por una patota. Por el episodio, la empresa ordenó 10 despidos y 20 suspensiones. Son los mismos que la justicia laboral ordenó reincorporar.

"De los 950 empleados que tiene el grupo, apenas 90 están sindicalizados y apoyan a los delegados. Son los militantes del Partido Obrero y el PTS", dijo a La Nación Marcelo Pasciuto, del directorio de la empresa. Los delegados lo desmienten.

Desde la muerte de Hugo Schwartzman, la comisión de delegados de la línea 60 quedó encabezada por Esteban Simoneta y Néstor Marcolín. Marcolín vinculó los despidos y las suspensiones a una negociación que la empresa está manteniendo con el Gobierno por el reparto de subsidios para el transporte urbano. "Quieren conflictividad para que les den los fondos", dijo anoche el gremialista.