Empresarios de la industria reclamaron un "paraguas" legislativo que proteja a las empresas de la "mafia de los juicios laborales" y se esperanzaron con la "urgente" adhesión de las provincias a la nueva ley de ART para morigerar las consecuencias de los reclamos.

Salieron así a respaldar las declaraciones del presidente Mauricio Macri contra una actividad que recaudó "en el último año y medio $10 millones".

Si bien no existen precisiones sobre el efecto de esta supuesta industria del juicio, las estimaciones preliminares señalaron que se perdieron poco más de 55.000 puestos de trabajo por la "falta de seguridad y garantías", según señaló el vicepresidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Rosato.

El dirigente bonaerense, que forma parte de la nueva Junta Directiva de la UIA, dijo que las Pymes están "desprotegidas sin poder contar con ninguna seguridad y garantía que proteja nuestro patrimonio que genera en forma genuina el 70 % de la mano de del país".

Rosato también agradeció a Macri por haber "entendido lo que está atravesando la industria Pyme nacional, que conlleva a una gran caída del empleo a causa de este flagelo difícil de erradicar que es la industria del juicio instalada en forma mafiosa en la Argentina".

"Muchas Pymes, señor Presidente, hoy estamos utilizando nuestras ganancias en pagos de juicios por la vía laboral. Podemos cambiar ésta situación sin que nuestros trabajadores que consideramos nuestro mayor capital dentro de nuestras empresas se perjudiquen. Debemos garantizarles indemnizaciones justas y equitativas, buscando armonía y tranquilidad para todos", afirmó.

También reclamó un "consenso entre todas las partes industriales", en las que involucró a gremios y Gobierno, con el objetivo de buscar una "solución definitiva a este impedimento de crecimiento que tiene el país y que destruyen lentamente el más preciado patrimonio, que es el trabajo argentino".

Los industriales respaldaron con fuerza la nueva ley de ART, que fue sancionada por el Congreso en febrero pasado. Aún falta que gran parte de las legislaturas provinciales adhieran a la norma para hacerla efectiva en todo el país.

El gerente general de Experta ART, Roy Humphreys, se mostró "bastante optimista" respecto de una reducción de juicios en el mediano plazo a medida en que entre en plena vigencia la reglamentación con las comisiones médicas específicas.

"Se sancionó en marzo y es muy pronto de analizar por el efecto porque tiene que entrar en vigencia la ley a través de las comisiones, que es clave para que funciones este proceso administrativo que se anticipa", aseguró a BAE.