Este lunes, antes de tomarle juramento a Jorge Faurie como ministro de Relaciones Exteriores y Culto, el presidente Mauricio Macri se despachó duramente contra la "industria del jucio" laboral.

Pero, además, denunció la existencia de una "mafia de los juicios laborales", apuntando contra un "grupo de estudios" de abogados y "un grupo de jueces minoritario laboralistas, conducido por (Héctor) Recalde", jefe de la bancada kirchnerista en Diputados.

"Hay un grupo de estudios laboralistas, que por suerte son una minoría, con un grupo de jueces, minoritario, laboralistas, conducido por Recalde" que "le han hecho mucho daño a la Argentina", señaló el mandatario.

"En el último año y medio, $10.000 millones se han distribuido a través de este mecanismo. Cada vez que cada uno de esos malos abogados, ligados a esos malos jueces laborales, como (Enrique) Arias Gibert y (Graciela) Marino (integrantes de la Cámara Nacional del Trabajo), logra una sentencia que condena a una Pyme a cerrar y ese empleado consigue eso, de lo cual gran parte se llevan los abogados, le saca el trabajo a unos 10 o 12 empleados que tenía esa pequeña Pyme, que no sobrevive", completó el jefe de Estado.

Desde el Gobierno afirman que en los últimos cinco años se incrementaron más del 96% los juicios laborales y precisaron que en la actualidad, "hay 340.000 actuaciones judiciales en stock, lo que representan unos u$s4.500 millones".

"Cuando se examina la evolución de las notificaciones judiciales a las ART, se advierte una tendencia creciente a lo largo de los cinco años", señaló Gustavo Morón, superintendente de Riesgos del Trabajo.

"Mientras que en 2010 ingresaron al sistema 53.130 nuevos juicios derivados de accidentes o enfermedades profesionales, el volumen de causas notificadas en 2015 ascendió a 104.186, lo que implica un incremento del 96,1% en el lapso de cinco años", precisó.

Además, remarcó que mientras aumentaba la litigiosidad, en el mismo lustro se redujo la cantidad de accidentes, según advirtió el funcionario.

La répica K

Luego de los dichos, los colaboradores de Héctor Recalde justificaron que el jefe de la bancada kirchnerista en diputados no contestó las acusaciones por estar en Ginebra, Suiza, en una reunión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Pero diversos referentes del espacio respaldaron a Recalde a través de las redes sociales.

Uno de ellos fue el parlamentario del Mercosur Agustín Rossi, quien expresó: "Mi absoluto y enérgico repudio a las expresiones que (el presidente) Macri tuvo en el día de hoy contra Héctor Recalde".

Su tweet fue citado por el sociólogo y también parlamentario del bloque regional Daniel Filmus, quien compartió el repudio. 

También el excandidato a gobernador bonaerense por el FpV, Aníbal Fernández, hizo su descargo, tildando al Presidente de "desbocado" y alentando a Recalde.

Por último, la diputada nacional por el FpV Juliana Di Tullio calificó como "grave" la acusación de Macri. "Cambiemos quiere tus derechos dividiendo y violentando a quienes tienen que defenderlos en el Congreso", disparó.

Un pedido de larga dataLa llamada "industria del juicio laboral" es algo que desde las empresas vienen criticando duramente desde hace varios años.

En septiembre pasado, Daniel Rosato, presidente del Parque Industrial bonaerense Los Plátanos y vicepresidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, había advertido que el fenómeno había frenado la generación de empleo.

Esto es consecuencia de los altos costos que las Pymes enfrentaron por la creciente judicialización en las fábricas y por el temor de los empresarios a contratar nuevos empleos para esquivar la problemática.

En efecto, el Presidente utilizó este lunes expresiones similares.

"Cuando ellos (abogados laboralistas) convencen a un pibe, a un trabajador de una Pyme, de que tiene que hacer ese juicio indebido y se lo hacen ganar, porque tienen armadita la cosa para llevarse la mayor parte del juicio ellos, dejan a siete, ocho, diez o doce trabajadores en la calle, porque la Pyme cierra", advirtió el jefe de Estado.

Incluso, Macri aseguró que el empresario que "tiene que tomar decisiones tiene miedo que su esfuerzo se le vaya en uno de estos comportamientos mafiosos".

Como consecuencia, Rosato había calculado que la industria manufacturera requería cerca de 15% más de personal, pero que la falta de seguridad jurídica evitaba que una Pyme contratara nuevo personal para no exponerse "a perder su empresa o achicarse".

Hace una semana, Rosato aseguró que según cálculos preliminares se perdieron más de 55.000 puestos de trabajo.

"Muchas Pymes, señor Presidente, hoy estamos utilizando nuestras ganancias en pagos de juicios por la vía laboral. Podemos cambiar ésta situación sin que nuestros trabajadores que consideramos nuestro mayor capital dentro de nuestras empresas se perjudiquen. Debemos garantizarles indemnizaciones justas y equitativas, buscando armonía y tranquilidad para todos", había pedido el dirigente industrial.

Además, reclamó un "consenso entre todas las partes industriales", en las que involucró a gremios y Gobierno, con el objetivo de buscar una "solución definitiva a este impedimento de crecimiento que tiene el país y que destruyen lentamente el más preciado patrimonio, que es el trabajo argentino".

Sin embargo, Atenea resalta que son la minoría los casos de siniestros laborales que que terminan en demandas judiciales.

Por ejemplo, en 2015, de 659.041 siniestros registrados se iniciaron 106.021 juicios, lo que demuestra que sólo el 16,08% de los casos fueron judicializados.

Por otro lado, Atenea señala que las aseguradoras recibieron una demanda por cada 92 trabajadores asegurados.