Los empresarios salieron a respaldar al presidente Mauricio Macri, que el lunes apuntó contra el sistema de juicio laborales y lo culpó de impedir el crecimiento de las compañías en la Argentina.

Pero lo apoyaron a medias.

Desde la Unión Indsutrial Argentina (UIA) tildaron al sistema de "perverso" y las pymes admitieron que las demandas de los trabajadores "son un problema".

Sin embargo, el titular de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas (Apyme), Eduardo Fernández, aclaró: "Es la situación socioeconómica la que determina que las fábricas cierren o estén en dificultades; no es por un juicio laboral".

Macri denunció el lunes la existencia de una "mafia de los juicios laborales" y apuntó contra un "grupo de estudios" de abogados y "un grupo de jueces minoritario laboralistas, conducido por (Héctor) Recalde", jefe del bloque FPV-PJ en Cámara de Diputados.

"En el último año y medio, $10.000 millones se han distribuido a través de este mecanismo. Cada vez que cada uno de esos malos abogados, ligados a esos malos jueces laborales, como (Enrique) Arias Gibert y (Graciela) Marino (integrantes de la Cámara Nacional del Trabajo), logra una sentencia que condena a una Pyme a cerrar y ese empleado consigue eso, de lo cual gran parte se llevan los abogados, le saca el trabajo a unos 10 o 12 empleados que tenía esa pequeña Pyme, que no sobrevive", completó el jefe de Estado desde el atril de la Casa Rosada.

"Ha generado profundas reformaciones tanto en el campo de los riesgos de trabajo donde los accidentes de los días lunes o el reclamo por incapacidades son muchos mayores que los instaurados a nivel internacional y generan una industria del juicio que es innegable", respaldó este martes el vicepresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja.

Explicó que se generó "un sistema perverso de multas a favor del que reclama, aunque haya consentido durante años supuestas anomalías", y afirmó que no cree que "el camino de la protección del trabajador vaya por ahí".

"Cuanto más rígido es el sistema para contratar, se generan menos empleo, menos consumo y menos bienestar social y se mantienen los niveles de pobreza. Hay que buscar fórmulas que protejan, no hay que borrar la legislación laboral. No hay peor borrada laboral que tener 30% o 40% de informalidad", advirtió.

"Sobre todo, afecta a las pequeñas empresas que no aguantan. Si tienen cinco empleados, uno las termina. Y además no contratan. Ahora que Argentina vuelve a conectarse con el mundo, la preocupación principal por quienes quieren invertir es el tema de los juicios porque no hay un sistema claro sino que hay muchos atajos para la industria del juicio", señaló en Radio Latina.

Pero el titular de Apyme lo desmintió.

Aseguró que si bien esos juicios son "un problema para la pequeña y mediana empresa", aclaró que el mayor perjuicio lo genera el "no poder pagar las tarifas, una baja en las ventas producto del ingreso de importaciones y una retracción del mercado interno con concentración económica".

"Hoy el problema de las PyMEs pasa por la situación económica", destacó.

"Lo que vulnera al capital de trabajo resulta mortal. Yo soy de Córdoba, por ejemplo, y no podemos pagar la factura de energía eléctrica al costo que ha llegado", sostuvo en Radio El Mundo.

Desde el Gobierno afirman que en los últimos cinco años se incrementaron más del 96% los juicios laborales y precisaron que en la actualidad, "hay 340.000 actuaciones judiciales en stock, lo que representan unos u$s4.500 millones".

"Cuando se examina la evolución de las notificaciones judiciales a las ART, se advierte una tendencia creciente a lo largo de los cinco años", señaló Gustavo Morón, superintendente de Riesgos del Trabajo.

"Mientras que en 2010 ingresaron al sistema 53.130 nuevos juicios derivados de accidentes o enfermedades profesionales, el volumen de causas notificadas en 2015 ascendió a 104.186, lo que implica un incremento del 96,1% en el lapso de cinco años", precisó.

Además, remarcó que mientras aumentaba la litigiosidad, en el mismo lustro se redujo la cantidad de accidentes, según advirtió el funcionario.

Un pedido de larga dataLa llamada "industria del juicio laboral" es algo que desde las empresas vienen criticando duramente desde hace varios años.

En septiembre pasado, Daniel Rosato, presidente del Parque Industrial bonaerense Los Plátanos y vicepresidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, había advertido que el fenómeno había frenado la generación de empleo.

Esto es consecuencia de los altos costos que las Pymes enfrentaron por la creciente judicialización en las fábricas y por el temor de los empresarios a contratar nuevos empleos para esquivar la problemática.

En efecto, el Presidente utilizó este lunes expresiones similares.

"Cuando ellos (abogados laboralistas) convencen a un pibe, a un trabajador de una Pyme, de que tiene que hacer ese juicio indebido y se lo hacen ganar, porque tienen armadita la cosa para llevarse la mayor parte del juicio ellos, dejan a siete, ocho, diez o doce trabajadores en la calle, porque la Pyme cierra", advirtió el jefe de Estado.

Incluso, Macri aseguró que el empresario que "tiene que tomar decisiones tiene miedo que su esfuerzo se le vaya en uno de estos comportamientos mafiosos".

Como consecuencia, Rosato había calculado que la industria manufacturera requería cerca de 15% más de personal, pero que la falta de seguridad jurídica evitaba que una Pyme contratara nuevo personal para no exponerse "a perder su empresa o achicarse".

Hace una semana, Rosato aseguró que según cálculos preliminares se perdieron más de 55.000 puestos de trabajo.

"Muchas Pymes, señor Presidente, hoy estamos utilizando nuestras ganancias en pagos de juicios por la vía laboral. Podemos cambiar ésta situación sin que nuestros trabajadores que consideramos nuestro mayor capital dentro de nuestras empresas se perjudiquen. Debemos garantizarles indemnizaciones justas y equitativas, buscando armonía y tranquilidad para todos", había pedido el dirigente industrial.

Además, reclamó un "consenso entre todas las partes industriales", en las que involucró a gremios y Gobierno, con el objetivo de buscar una "solución definitiva a este impedimento de crecimiento que tiene el país y que destruyen lentamente el más preciado patrimonio, que es el trabajo argentino".

Sin embargo, Atenea resalta que son la minoría los casos de siniestros laborales que que terminan en demandas judiciales.

Por ejemplo, en 2015, de 659.041 siniestros registrados se iniciaron 106.021 juicios, lo que demuestra que sólo el 16,08% de los casos fueron judicializados.

Por otro lado, Atenea señala que las aseguradoras recibieron una demanda por cada 92 trabajadores asegurados.