El oficialismo no pudo avanzar, durante un plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Legislación General, con la intención de firmar el dictamen del proyecto de ley sobre Responsabilidad Penal Empresaria impulsado por el Gobierno nacional.

Toda la oposición se ausentó en la reunión, con excepción de la diputada Mónica Litza del Frente Renovador y el legislador Juan Brügge, aliado de ese espacio. Cambiemos utilizó el encuentro para exaltar su intención de arremeter contra la corrupción y cargó contra el resto de las fuerzas políticas por la “falta de voluntad” para tratar este tipo de iniciativas.

Además, resolvió convocar a un nuevo plenario este jueves, a las 9. Y en caso de que fracase de nuevo, llamará a reunión el próximo miércoles 21.

A pesar que el oficialismo había acordado con la oposición realizar cambios al texto original enviado por la Casa Rosada -para destrabar el tema-, el ministro de Justicia, Germán Garavano, y la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, se reunieron con el interbloque Cambiemos para pedir nuevas modificaciones.

En efecto, el proyecto incluye una cláusula transitoria para que, en el caso de hechos ocurridos antes de la sanción de la ley, las empresas puedan celebrar, por vía administrativa, un acuerdo de cooperación con la Procuración del Tesoro.

Para delitos que se cometan a futuro, la iniciativa impone severas sanciones a las empresas, desde multas hasta la prohibición de participar en licitaciones públicas y la quita de la licencia para operar en el mercado.

El oficialismo pretende apurar la sanción de este proyecto y, para ello, convocará a una sesión el 28 del actual en la Cámara de Diputados. En el plenario de hoy de las comisiones -que presiden los diputados oficialistas Gabriela Burgos y Daniel Lipovetzky-, se buscará emitir dictamen más allá de las disidencias que puedan plantear los bloques opositores. Es que el Gobierno quiere que cuanto antes se apruebe la ley para, de esta manera, contar con una herramienta legal que le permita cerrar un acuerdo con Odebrecht.

El proyecto que debatirán los diputados establece multas de entre el 0,5 y el 20% de los ingresos brutos anuales de las compañías observadas, suspensión de actividades y pérdida de subsidios estatales a las empresas que cometan delitos contra la administración pública.

En cuanto a la suspensión total o parcial de actividades, el proyecto determina que no podrá superar los diez años; lo mismo sucede en caso de suspender la marca o patente donde se establece que la prohibición de operar no podrá superar la década.

En la iniciativa se determina que si una empresa es condenada por este tipo de delitos se le podrán sacar hasta por el lapso de diez años los subsidios estatales, así como prohibirle la participación en licitaciones públicas del Estado.

Otro de los puntos es que se elimina la responsabilidad de las personas jurídicas en cuanto a la actuación de los proveedores y contratistas.