Luego del intento fallido de este miércoles por la falta de quórum, el oficialismo logró firmar el dictamen de mayoría sobre el proyecto de ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, impulsado por el Gobierno nacional, que busca establecer un régimen penal para las empresas que cometan delitos de corrupción.

En tanto, el Frente Renovador, el bloque Justicialista y la izquierda adelantaron que presentarán dictámenes de minoría. En el encuentro, no hubo representantes del bloque Frente para la Victoria-PJ.

Durante el plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Legislación General, Cambiemos recurrió a la aplicación del artículo 108 del Reglamento interno de la Cámara baja, en el que se establece que pasada la media hora de reunión se puede dictaminar con la presencia de un tercio de los miembros de la comisión.

El texto original, enviado por el Poder Ejecutivo en octubre del año pasado, sufrió modificaciones. Si bien el oficialismo había trabajado en cambios con la oposición, esta misma semana el ministro de Justicia, Germán Garavano, y la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, se reunieron con el interbloque Cambiemos para pedir nuevas modificaciones.

La titular de Legislación Penal, la radical Gabriela Burgos, destacó que la ley busca “atacar la corrupción” y que existía “un vacío legal” al respecto, por eso “grandes hechos de corrupción que se cometieron en nuestro país fueron por la falta de esta legislación”.

El diputado del Pro Daniel Lipovetzky, presidente de Legislación General, rescató que “venimos trabajando desde hace meses con compromiso” y “hemos mejorado mucho la ley”. “Es más fuerte en cuanto a aplicación de sanciones”, agregó, al tiempo que pidió tratarlo y aprobarlo en el recinto “lo antes posible”.

Desde el FIT, Juan Carlos Giordano se manifestó en rechazo y expresó: “se está haciendo creer que es para perseguir a las personas jurídicas y contra la corrupción. No se puede decir que va se van a eliminar a los Lázaro Báez y las Odebrecht”. En tanto, Pablo López reclamó que “los cambios del proyecto original son puramente cosméticos”.

La massista Mónica Litza anticipó que su interbloque presentará un dictamen de minoría porque “no nos pudimos poner de acuerdo en el tema de los delitos”. “Vemos con agrado las modificaciones, pero para nuestro interbloque no son suficientes”, sostuvo.

Por el bloque Justicialista, Gustavo Fernández Mendia planteó: “me hace un poco de ruido que una pena no pueda ser retroactiva pero sí un beneficio”. “Nos preocupa la figura del colaborador eficaz, la intervención del procurador del Tesoro, y que se puedan sanear vicios de actos jurídicos”, señaló.

Ante la falta de apoyo a la propuesta, el legislador de la CC-ARI Fernando Sánchez abogó por un debate “más rico” en el recinto, lugar donde Cambiemos tendrá que llegar a acuerdos para poder tener los votos necesarios para la aprobación del proyecto. “Estamos abiertos a propuestas alternativas para mejorar nuestro proyecto del oficialismo, pero si no la empujábamos esta ley no salía más”, dijo.

Y aclaró que “las personas humanas tienen la misma responsabilidad que antes, establecidas en el Código Penal. Nadie sale libre de nada. Van a ir presos los funcionarios y empresarios que cobren coimas”.

Por su parte, la radical Carla Carrizo anticipó que, en caso que no se incorpore la intervención de la Auditoría General de la Nación al acuerdo administrativo, tanto ella como su par Ricardo Alfonsín votarán en disidencia en ese punto.

El acuerdo, que antes consistía en una cláusula transitoria, indica que “las personas jurídicas podrán solicitar el acogimiento voluntario a un acuerdo administrativo de colaboración eficaz, por hechos anteriores a la sanción de la presente Ley”.

“En estos supuestos, intervendrá únicamente la Procuración del Tesoro de la Nación o autoridad equivalente en otros poderes y en las jurisdicciones locales. Previo a la suscripción del acuerdo, la Procuración del Tesoro de la Nación deberá contar con la conformidad de la Sindicatura General de la Nación”, agrega el último artículo de la norma.

Entre los cambios, se estableció que las personas jurídicas serán sancionadas con una multa entre el 0,5% -antes era de 1%- al 20% de “los ingresos brutos anuales que la condenada hubiere tenido en el último ejercicio anterior a la comisión del delito”.

Además, en los casos de “transformación, fusión, absorción, escisión o cualquier otra modificación societaria”, la responsabilidad de la persona jurídica será transmitida a la persona jurídica resultante o absorbente. No obstante, podrá quedar exenta por cumplimiento de un acuerdo de colaboración eficaz.

Otro de los puntos es que se elimina la responsabilidad de las personas jurídicas en cuanto a la actuación de los proveedores y contratistas.