El ministerio de Energía publicó el estudio de impacto ambiental sobre las represas hidroeléctricas de Santa Cruz.

Ese trabajo fue solicitado por la Corte Suprema de Justicia como una condición indispensable para poder avanzar en ese proyecto.

La presentación trata de corregir fallas que tenía el proyecto. El estudio de impacto ambiental anterior y la audiencia pública respectiva carecían de validez.

Esta última fue realizada el 9 de diciembre de 2015, un día antes de que Cristina Fernández de Kirchner dejara la Presidencia, y quienes estaban en desacuerdo con las represas no pudieron hablar en ese encuentro.

La Corte Suprema anuló el proceso y exigió la realización de un estudio de impacto ambiental válido, para que luego sea sometido a una audiencia pública.

Las represas de Santa Cruz ya recibieron u$s800 millones de inversores chinos. Sin embargo, la obra no avanzó. El consorcio encabezado por Electroingeniería -propiedad del kirchnerista Gerardo Ferreyra- pidió una readecuación para que le asignaran más fondos al proyecto. Pero el Ministerio de Energía decidió hacerle modificaciones más sustanciales.

Con las reformas, las represas pasarán de 1.740 a 1.290 megavatios. El costo total ascendería a los u$s4.700 millones, casi un 20% menos que lo pactado por el gobierno anterior, que se estimaba en u$s6.000 millones. Además, se agregó un complemento de una línea de alta tensión de 500 kilovatios.

Las represas contarán con 5 turbinas, una menos que las 6 anunciadas originalmente. El tema fue tratado en la reciente visita del presidente Mauricio Macri a China.

La provincia de Santa Cruz tiene interés en el proyecto, ya que le generaría empleos y regalías, aseguró Clarín. 

El Poder Ejecutivo nacional arregló con Santa Cruz una asistencia financiera para esa provincia, dominada por diferentes crisis. En ese marco, el paso dado para las represas puede ser una muestra de la predisposición de lass dos administraciones para acercar posiciones.