La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, que preside el oficialista Daniel Lipovetzky reanudó el debate sobre la regulación de los alquileres, en una reunión informativa donde organizaciones de inquilinos y especialistas reclamaron la sanción de la ley para este año.

El proyecto, presentado por la senadora rionegrina Silvina García Larraburu (FpV-PJ) fue aprobado en la Cámara alta por votación unánime a fines del año pasado, y ahora Diputados estudia posibles modificaciones en base a proyectos de Lipovetzky y Brenda Austin (UCR), entre más de una veintena de propuestas de distintos bloques.

La iniciativa en tratamiento modifica el Código Civil y Comercial, a fin de mejorar las condiciones de los contratos de alquiler con destino habitacional y evitar abusos. “Sin dudas, el inquilino es el eslabón más débil en la relación”, apuntó Cornelia Schmidt-Liermann (Pro).

Entre las reformas que introduce el proyecto, se extiende de dos a tres años el plazo de los contratos de alquiler, y se contempla un mecanismo de actualización anual basado en un índice que promedia los niveles inflacionarios con las variaciones salariales.

Durante el debate, Lipovetzky llamó a priorizar la búsqueda de consensos en lugar de la rapidez en sancionar la ley. “Queremos tener la mejor ley posible, no la que nos venga a apurar”, subrayó, al aclarar que su proyecto es complementario al del Senado.

El macrista puso como ejemplo que “en una Argentina de 13 millones de pobres, no podemos omitir el tema del alquiler social”, una propuesta propia por la que la Secretaría de Vivienda y Hábitat debería disponer un subsidio a fin de aportar la garantía del contrato de locación para el caso de las viviendas sociales, indicó.

En tanto, Austin planteó que una ley de estas características debe hacerse contemplando todos los aspectos, logrando los mayores consensos.

“Tenemos que lograr una norma que sea aplicable, que no favorezca la aparición de cláusulas abusivas por fuera del contrato de alquiler. El proyecto que viene del Senado tiene muchas cosas con las que acordamos, pero consideramos que es necesario hacerle algunos cambios”, señaló la legisladora cordobesa.

“Son 10 los puntos que proponemos trabajar en la reforma. Desde el amparo al inquilino bajo las normas de protección al consumidor hasta la participación de los locatarios en el consorcio cuando estos estén obligados al pago de las expensas. También la inclusión del correo electrónico como un medio válido para realizar las notificaciones; la regulación a favor del inquilino de los vicios que presente el inmueble incluyendo la reducción de un 50 por ciento del alquiler, entre otras”, agregó.

Las voces de los inquilinos

Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados, señaló que “hoy está prohibido aumentar el precio de los alquileres”, algo que no se respeta, y advirtió que “los inquilinos no sólo destinan la mitad del salario al pago de alquiler, sino que cada día son más”.

En este sentido, precisó que en la Ciudad de Buenos Aires hay un 35% de inquilinos, y a su vez se registra “una vivienda cada dos habitantes”. “Lo que está fallando es la concentración de las viviendas, porque cada vez hay menos propietarios”, observó.

El exlegislador Facundo de Filippo, del Centro de Estudios Acción por la Igualdad y el colectivo Hábitat, también acompañó el proyecto de García Larraburu y opinó que “es un piso mínimo” para revertir los obstáculos que padecen los inquilinos, a la vez que reclamó que la ley sea sancionada este año.

Las inmobiliarias

También expusieron representantes de cámaras inmobiliarias, la Fundación TECHO, la Asociación de Inquilinos de La Plata, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de San Isidro y el Centro de Economía Política Argentina, entre otros.

Martín Dahan, presidente de la Cámara de Corredores Inmobiliarios de Córdoba, indicó que “tal como está presentado el proyecto, es un instrumento pensado para abordar una problemática de Capital Federal”.

“No va a tener incidencia en los contratos en Córdoba. Al contrario, puede perjudicar a los inquilinos porque sumará costos iniciales. La impresión es que se introducen cambios para que nada cambie, y si los inquilinos creen que esto los va a beneficiar, nos parece que están equivocados, porque significa mayores costos”, agregó.

"Los aumentos en los alquileres, en este contexto inflacionario es hoy un problema real. No creo que deban ajustarse cada seis meses porque a nadie le sube el sueldo a ese ritmo. Tiene lógica que se ajusten una vez por año. Podría ser una opción como ajuste aplicar Unidad de Valor Adquisitivo (UVA)", dice Armando Pepe, presidente del Centro de Corredores Inmobiliarios.

"Siempre que el Estado quiso poner mano entre el propietario y locatorio salió mal. Hay que facilitar la vivienda a la gente, no adoptar medidas proteccionistas que encarezcan los alquileres", apunta Osvaldo Loisi, presidente de la Liga de Consorcistas.

"Se debería legislar un cambio en el cobro de las expensas. A los inquilinos no hay que cobrarles ni expensas ni impuestos", agregó.