Las gerencias de Telecom y Cablevisión ya están trabajando con vistas a la fusión que ambas empresas comunicaron el viernes. Pero para el Gobierno, los reguladores, los competidores y el entorno político, la cosa recién empieza.

A partir de ahora se inicia el proceso por el cual la autoridad regulatoria debe decidir si corresponde autorizar o rechazar la fusión, o si se la acepta con condiciones. Por lo pronto, la noticia -si bien no sorprendió, porque ambas compañías venían moviéndose en ese sentido- ya causó revuelo político. 

La controversia era inevitable, si se toma en cuenta dos hechos fundamentales:

-Primero, que la compañía resultante de la fusión serán la mayor del mercado de telecomunicaciones de la Argentina, lo cual la pondrá bajo la sospecha permanente de abuso de posición dominante.

-Segundo, que en el negocio aparece involucrado el nombre de Clarín, lo cual retrotrae a los conflictos derivados de la Ley de Medios implementada durante el gobierno kirchnerista y crea un clima propicio para la polémica en plena campaña electoral.

El tema a dilucidar, en definitiva, es si el negocio es positivo para el usuario y sigue la lógica natural de la integración entre empresas que buscan sinergias para poder realizar inversiones en tecnología o si, por el contrario, hay motivos para preocuparse ante el surgimiento de un nuevo peso-pesado que pueda imponer sus propias reglas, limitar la competencia y, eventualmente, retardar inversiones.

En ese marco, toda la atención estará sobre el accionar de las autoridades nacionales en comunicaciones y en los reguladores que deban aprobar el "casamiento" entre los dos gigantes.

En las primeras horas siguientes al anuncio, ya empezaron las suspicacias respecto de actitudes "livianas" por parte del Gobierno.

¿A devolver frecuencias?

Todo indica que la nueva empresa estará lista para comenzar a operar de manera conjunta a partir del 1° de enero de 2018 cuando se inicia la primera etapa de la competencia plena de las redes de telecomunicaciones en el país. Los desafíos vendrán, justamente, por la vía regulatoria.

Son dos específicamente: por un lado, la telefonía móvil, por el otro, la banda ancha. Aunque las cuestiones a ver son diferentes y los organismos que deberán trabajar en uno y otro caso, también.

Los puntos relacionados con la telefonía móvil deberán ser evaluados por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). Específicamente, las relacionadas con tope de espectro.

En la Argentina, las empresas de telefonía móvil tienen límite a la posesión de frecuencias, establecida en 140 mhz, según se estableció en una de las primeras resoluciones de la entidad a principios de este año. Y que se dio en el marco del proceso de refarming que encaró el regulador, a cargo de Miguel de Godoy.

Respecto de esta situación, cabrán decisiones similares a las que en 2005 aplicó la Secretaría de Comunicaciones de entonces, cuando Telefónica compró la operación de Movicom Bellsouth.

Si bien se trató de una megafusión a nivel regional, el regulador en la Argentina, a cargo de Guillermo Moreno, hizo valer el tope de frecuencias y obligó a la compañía fusionada a devolver las sobrantes.

La operadora de origen español debió cumplir con esta exigencia a partir de la definición de un cronograma que se extendió entre 2006 y 2008.

Es decir, hay antecedentes suficientes como para que ocurra lo mismo con esta megafusión. El regulador deberá definir qué frecuencias tendrá que devolver y en qué plazos.

Sin embargo, habrá que esperar a que termine de cerrarse el acuerdo previo de fusión entre ambas compañías. Ahí habrá claridad sobre la cantidad de bandas que sumarán entre ellas y determinar si supera o no el nuevo techo de espectro, que alcanzarán los 180 mhz, tal como anticipó iProfesional este lunes.

"Estamos bastante pendientes a los cambios del entorno competitivo en el mercado, especialmente en el tema radioeléctrico. Veremos si se superan los topes de espectro, tanto cuando se trate de asignaciones regionales como nacionales. Siempre deseamos que las condiciones sean las mismas para todos", dijo a este medio, José Otero, director de 5G Americas.

La preocupación del experto radica en las formas en que se fijarán las obligaciones hacia adelante para los distintos prestadores móviles del mercado. En ese sentido, señaló que "no sería justo que a unas se les impongan requisitos para despliegues nacionales y a otras, otros para los urbanos".

Durante el fin de semana, desde Cablevisión aseveraron que, una vez concretada la fusión, la nueva compañía cumplirá con las regulaciones existentes. Y que procederán de acuerdo a lo que establezcan las normas.

Pero en el mercado ven con mucho recelo la fusión entre Cablevisión y Telecom. Y esto ocurre desde que asumió el gobierno de Cambiemos.

Para una parte del sector, y también para esferas académicas, las decisiones tomadas por el Ministerio de Comunicaciones y por el Enacom apuntaron a beneficiar al multimedios Clarín. Ahora aseguran lo mismo pero en relación con Cablevisión, que desde hace meses ya opera como empresa escindida del Grupo.

Para algunos analistas del mercado, que prefirieron el off, "uno de los problemas es que no está claro si hay tope de espectro para la banda de 2,5 Ghz. Y todo lo que ahora se haga en la materia con esa frecuencia sentará el precedente para cuando, más adelante, deban tomarse decisiones relacionadas con las frecuencias de 3,5 Ghz".

Las bandas de 3,5 Ghz son las que permitirán desplegar redes de 5G, también conocidas como aquellas que permitirán habilitar la Internet de las cosas (IoT, su sigla en inglés).

Al seguir el razonamiento de los expertos, señalan que si a futuro se aplica una misma reasignación de servicios a las redes de 3,5 Ghz, el valor de esas bandas no será el mismo. Y el que se perjudicará será el Estado, que no recaudará en los mismos niveles que se da en otras partes del mundo.

En cuanto a la participación que tendrá la futura prestadora no hay demasiadas críticas. "Mantendrá un tercio de participación de mercado, el mismo que actualmente posee Personal, lo que se considera razonable", sostuvo Gustavo Fontanals, investigador en Políticas de Comunicación de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

¿Banda ancha para todos?El otro gran tema será el de la banda ancha. Una vez concretada la fusión, la nueva compañía tendrá casi 4 millones de clientes, si se toman los datos de cantidad de abonados informados por ambas empresas al primer trimestre de 2017.

De ese total, más de 2,1 millones pertenecen a Cablevisión Fibertel mientras que Arnet, de Telecom, suma algo más de 1,8 millón. Es decir, un 55% del mercado teniendo en cuenta que a finales de 2016, la cantidad de abonados a la banda ancha superaba los 7,2 millones, según datos del Centro de Estudios Servicios Públicos y Privados (CESPUP).

El tema de la banda ancha es más delicado que el del espectro. Porque, en el caso de las frecuencias,  ya hay antecedentes relacionados con devolución de bandas en caso de que así lo determine el regulador.

Pero con la conectividad el tema es más complejo. La primera mirada es que podría estar produciéndose un fenómeno de concentración económica. Luego, hay que poner en perspectiva los matices que pueden darse según de qué parte del país se trate.

En varias de las zonas en que tiene presencia Fibertel también está Telecom. Esto es así porque cuando la compañía de Cablevisión fue ampliando su red, lo hizo en aquellos lugares donde ya habían operadores de banda ancha. Y ese ingreso permitió que los precios de los servicios de internet bajaran.

En otras palabras, el ingreso de Fibertel en aquellas zonas donde ya había un prestador ofreciendo conectividad los precios descendían y la calidad del servicio subía. Esto se hizo particularmente notorio en la zona norte del Area Metropolitana Buenos Aires (AMBA).

Pero, en el contexto futuro, habrá que ver cómo continuará esa estrategia comercial. Porque ¿cuál será la opción en aquellas áreas donde, hasta ahora, las alternativas era Arnet y Fibertel?

Defensa de la Competencia será quien tenga que velar por estas cuestiones. Justamente, impedir que se reduzca la competencia que, hasta ahora -y sin dudas,en estos casos puntuales- favorecieron a los consumidores.

"El problema es que Argentina no tiene una estructura institucional adecuada. El regulador no es independiente ni está suficientemente capacitado. Y no suele hacer estudios de mercado. En otros mercados, los organismos de control indagan en los mercados relevantes, como la banda ancha, la telefonía y demás. Y eso acá no ocurre", sostuvo Fontanals.

Pero si ya existe el antecedente de permitir el ingreso de Fintech, de David Martínez, en Telecom, cuando ya era accionista de Cablevisión, no es descabellado pensar que en esta oportunidad el organismo procederá de la misma manera.

"Cuando el trámite llegue a Defensa de la Competencia habrá dos caminos: aprobarla con o sin condiciones. Si se elige el segundo caso, debe quedar claro en el momento de la aprobación. Lo complejo será, justamente, las exigencias que eventualmente se impongan", explicó Enrique Carrier, director de la consultora homónima.

En lo personal, Fontanals consideró: "Yo hubiese hecho un bloqueo previo ante una operación de este tipo porque en la Argentina ya hay poco nivel de competencia. Con esta operación se fusionan las redes y Telecom se aprovechará de las redes de fibra de óptica y no avanzará con los tendidos propios que debería haber realizado mucho antes".

El investigador de la UBA subrayó que lo ocurrido fue "ver a Martínez negociando por Telecom por su lado y a Clarín por Cablevisión, por el otro. "Lograron beneficios cada uno por su lado y, luego, ambos saltaron con otro juego", afirmó. 

Ante un panorama de esta naturaleza, ¿hay chances de garantizar la competencia?

Los especialistas consultados coinciden en algunas disposiciones que podrían aplicarse: implementar medidas asimétricas -que favorezcan a competidores más pequeños-, obligar a una separación contable, cumplir con requisitos obligatorios que a otros prestadores no se les exija, o eliminar exigencias podrían formar parte de esas condiciones que se impongan en el momento de aprobar la fusión, enumeraron especialistas consultados.

También obligar a la futura nueva compañía a informar sus ofertas al Gobierno antes que lanzarlas al mercado o, inclusive obligar a que todo el mundo tenga una misma tarifa. Opciones hay. Y, una vez más, deberá resolverlo Defensa de la Competencia.

Pero ese organismo no genera confianza. "Defensa de la Competencia no es muy independiente. Lo que hizo para atrás es una muestra. Lo que puede pasar es que se tome un proceso largo y, en el mientras tanto, la empresa fusionada empieza a operar, o que avance con un proceso corto" donde las decisiones tal vez no estén a la altura que las circunstancias exigen.

El desafío será evitar que haya posición dominante cuando, en una primera mirada, queda evidenciado que hay zonas donde esta situación se daría sin muchas vueltas.

Otro aspecto es el planteado por Carrier, quien se pregunta qué pasará con el inicio de la competencia el 1° de enero de 2018.

Hasta ahora, el Ministerio estableció que este proceso arrancará sólo en el AMBA, Santa Fe y Córdoba. Pero Cablevisión opera en muchas otras provincias y localidades fuera de estas tres.

"¿Van a dejar de dar televisión en esos otros lugares?", inquirió. Ese será otro tema que deberán evaluar fuertemente los organismos de contralor.

Y recordó que "cuando en los Estados Unidos se aprobó la fusión entre AT&T y DirecTV, el regulador le impuso exigencias específicas por tener una situación de predominio y superposición de redes".

Si el Gobierno viene buscando ampliar la competencia, tendrá que poner especial atención a las decisiones que tome en este caso. Porque de lo contrario, los únicos perjudicados serán los consumidores. En concreto, tres cuartas partes de la población que consume servicios de banda ancha y casi todos los ciudadanos usuarios de telefonía móvil.