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¿Tiene los votos?: el oficialismo dice que cuenta con los 2/3 para quitarle fueros a De Vido y los K hablan de "persecución"

05-07-2017 Cambiemos ya recibió el respaldo de algunos bloques peronistas, pero el kirchnerismo confía en que no logren sostener el apoyo en el recinto. Todos miran al juez Rodríguez que define la suerte del exministro acusado de desviar fondos de Río Turbio. La estrategia del exfuncionario
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El fiscal Carlos Stornelli lanzó la bomba política el martes cuando pidió quitarle los fueros al exministro de Planificación y actual diputado, Julio de Vido, y detenerlo por la causa de desvío de fondos en el proyecto ferroviario para la mina de Río Turbio en Santa Cruz. Ahora en el Congreso hacen cálculos. ¿Tienen o no los 2/3 necesarios para suspender al exfuncionario kirchnerista?

Según la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, "están los votos".

"Se necesitan dos tercios de los presentes (en el recinto), que no es de los totales como en la reforma de la Constitución (Nacional). Si hay quórum, si hay mayoría absoluta, la mitad más uno, ahí da", explicó "Lilita" en Radio Mitre este miércoles.

Y las declaraciones de algunos peronistas le darían la razón.

El diputado del Bloque Justicialista, Pablo Kosiner, alineado con el gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey, sostuvo: "Si el juez hace lugar al pedido de fiscal y solicita la intervención de la Cámara de Diputados, sostengo que nuestro bloque debe hacer lugar al desafuero".

A su vez, el diputado de Unidos por una Nueva Argentina (UNA), Juan Brügge, dijo que se inclinará por "lo que marca la Constitución", pero advirtió: "Quiero conocer los motivos del pedido de desafuero".

"Si hay probabilidades de que De Vido sea culpable, vamos a acompañar el proceso", adelantó el legislador en declaraciones a Radio El Mundo.

Sin embargo, la propia Carrió puso un manto de duda sobre el respaldo para quitarle los fueros al exfuncionario K.

"El tema es que los votos están siempre y cuando los que dicen que van a votar lo hagan. ¿Cuál es el arma que tiene De Vido? Que los conoce a todos. Con muchísimos hizo negocios", sentenció.

"Él manejaba el soborno (durante el kirchnerismo)", acusó.

Recalde ratificó que por unanimidad el bloque Frente para la Victoria no dará los 2/3 y aseguró que detrás del avance de la Justicia hay una maniobra de persecución política.

"Detrás de esto está el 22 de Octubre. Había una película muy vieja que se llama 'Octubre nos condena'. Acá sería 'Octubre nos persigue'", ironizó el legislador kirchnerista, quien además denunció una "actitud ostensible de parte de un grupúsculo de fiscales y jueces" contra ex funcionarios K.

"No está mal que tengan ideología, lo malo es que lo vuelcan en actos jurisdiccionales judiciales", enfatizó en declaraciones a C5N.

Para finalizar, Recalde aprovechó y lanzó críticas al Gobierno. "El eje del mal acá es la falta de institucionalidad, el desprecio a los tratados internacionales, a la Constitución y a las leyes nacionales; se manejan con resoluciones y decretos y eso genera inseguridad jurídica, la madre de los problemas", concluyó.

A la hora de los cálculos, Cambiemos y el Frente Renovador tienen 130 legisladores, a los que se podrían sumar 17 legisladores del Bloque Justicialista relacionados con el exministro y precandidato a senador, Florencio Randazzo. A ellos se espera que se sumen los bloques del Frente Amplio Progresista, Proyecto Sur y el FIT (Frente de Izquierda).

El kirchnerismo tienen 72 propios, le faltaría 14 diputados de otros bloques para impedir esa votación.

El martes, el fiscal Stornelli solicitó el desafuero del ex funcionario por posible corrupción en el caso del Yacimiento Carbonífero Río Turbio, en el cual lo acusa de defraudación a la administración pública por un desfalco de $265 millones.

Carrió sembró un interrogante repleto de suspicacias: "¿De Vido irá a declarar o lo matarán antes?".

De acuerdo a la mirada de la legisladora nacional, la figura del ex funcionario que ingresó al poder en 2003 con Néstor Kirchner y dejó la Casa Rosada en 2015, con CFK, es la pieza clave "hacia arriba y hacia abajo" para descular lo que calificó como el "Lava Jato" argentino.

"Es como el presidente de Odebrecht en Brasil, que manejaba el dinero, los sobornos; era el cajero de Kirchner, trataba con empresarios extranjeros y locales, con los intendentes, con los gobernadores, con los empresarios... y todo el mundo lo protege".

Lo cierto es que mientras oficialismo y kirchnerismo calculan los votos para suspender o mantener a De Vido en sus funciones de legislador, la decisión hoy está en manos del juez de la causa, Luis Rodríguez, solicitar el desafuero.

"Lo más importante es que el juez acepte el pedido del fiscal. Si no hay un juez dispuesto en avanzar en la causa en general o en la detención, sería bastante inútil también hacer una votación en el Congreso", explicó el jefe del bloque del PRO en Diputados, Nicolás Massot.

Pablo Tonelli, el diputado macrista que preside la comisión de Asuntos Constitucionales donde se tramitan los pedidos de desafuero, aseguró que "no sorprende" la iniciativa de  Stornelli y señaló que, si el juez avala el planteo, le dará "un tratamiento lo más rápido posible".

El procedimiento del desafuero
La ley de fueros establece el régimen de inmunidades para legisladores, funcionarios y magistrados, y reglamenta el artículo 68 de la Constitución que establece: "Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador".

En el artículo siguiente agrega que "ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado; excepto el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante, u otra aflictiva; de lo que se dará cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho".

El artículo 70 de la Carta Magna detalla que el acusado "podrá ser suspendido en sus funciones con la aprobación de cada Cámara, con dos tercios de votos".

Estas normas fueron reglamentadas por la ley 25.320. Allí se establece que en los casos en que haya abierta una causa penal contra un legislador, funcionario o magistrado, la Justicia debe continuar el procedimiento "hasta su total conclusión".

Según la norma, la solicitud de desafuero debe ser girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que tiene un plazo de 60 días para emitir dictamen. Mientras que la Cámara deberá tratar la causa dentro de los 180 días de ingresada, "aún cuando no exista dictamen de comisión".

La causa contra De Vido
El fiscal Stornelli solicitó el martes el llamado a indagatoria, desafuero y detención de De Vido, por supuesto fraude y malversación de $26.000 millones.

El requerimiento del funcionario del Ministerio Público abarcó también a Roberto Baratta, ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión en el Ministerio, y otras 19 personas, todos acusados por el proyecto de reflotar el tren "Eva Perón", en la mina de carbón en la localidad santacruceña de Río Turbio.

El requerimiento de Stornelli hizo hincapié en la firma entre el ministerio y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) con sede en Santa Cruz de más de 400 convenios para la recreación de un ramal ferroviario que llevaría a Río Turbio y nunca se concretó.

El fiscal también señaló que en aquellos acuerdos habrían intervenido la Fundación Regional Santa CruzYacimientos Carboníferos de Río Turbio, la municipalidad de Río Turbio y señaló que deben investigarse las contrataciones de personal destinadas a la usina térmica.

La lista de llamados a indagatoria incluye, además, a los exfuncionarios nacionales Jorge Mayoral y Jaime Álvarez –actual ministro de Alicia Kirchner en Santa Cruz-; el ex interventor en YCRT Atanasio Pérez Osuna y los funcionarios Fernando Lisse, Miguel Larregina, y Marta Pérez.

También deben ser citados a declarar, para la fiscalía, el rector de la UTN Héctor Brotto, Martín Goycochea, de UTN-Fundación Regional Santa Cruz, Orlando Taboada, Orlando Pastorio, Claudio Masson y Gustavo Maza.

Y los miembros de la Fundación Regional Santa Cruz Hugo Sánchez, Cristian Funes, Lucas Zemunik, Guillermo Torres, Cintia Pérez, Nadia Márquez, Gustavo Luguercho, Carina Mendoza, y Alexis Philpott.

En noviembre último la Cámara Federal porteña había rechazado un planteo de "nulidad" de uno de los co-imputados con De Vido contra el requerimiento de la fiscalía y, de esa manera, ratificó la continuidad de la causa.

El expediente se inició por la denuncia de dos exgerentes del Yacimiento Carbonífero Río Turbio, quienes denunciaron la supuesta existencia de un circuito financiero irregular para efectuar pagos por fuera de la normativa y los controles vigentes.

Miguel Larregina y Martha Pérez sostuvieron que el exinterventor de Río Turbio Atanasio Pérez Osuma suscribió una serie de convenioscon la UTN de Santa Cruz bajo la forma de "asistencia técnica" o "capacitación de personal".

Según la denuncia, a través de esos convenios circularon miles de millones de pesos que habrían sido utilizados para pagar de manera directa a proveedores de Río Turbio, eludiendo controles.

La respuesta de De Vido
A través de un comunicado de su abogado Adrián Maloneay, el exministro respondió a las acusaciones de Stornelli y marcó lo que será su estrategia de defensa en la causa: él no firmó nada.

La estrategia no es nueva. El exfuncionario ya la usó en el caso Skanska.

"El diputado De Vido, como ministro, planificó la ejecución de esta obra, esto lo ha manifestado y escrito en diversas oportunidades y documentos y no suscribió ni intervino en los convenios que son materia de análisis en la causa", explicó el letrado."En esta causa como en todas en las que se menciona a De Vido me he presentado y él ha estado a disposición de la justicia siempre", aclaró el abogado.

"Esta es una causa abierta hace más de un año, con relación a obras realizadas en el Yacimiento Carbonífero Río Turbio y con impacto directo en el puerto, Universidades de la zona y hasta el propio pueblo", enfatizó Maloneay y acusó a Stonelli de "sobreactuación".

Ya para despegar aún más a De Vido de la malversación de fondos, recalcó que los $26.000 millones "han sido asignados presupuestariamente para ello por ley del Congreso de la Nación y su ejecución presupuestaria real y efectiva ha sido verificada y aprobada por Auditoría General de la Nación".

 

 

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