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Sin el "artículo Odebrecht", tiene media sanción la ley de responsabilidad penal empresaria

05-07-2017 Oficialismo y oposición se cruzaron fuerte en Diputados por el artículo 37 sobre la retroactividad en los acuerdos de "colaboración eficaz", que finalmente cayó por 87 votos afirmativos contra 131 negativos. La sesión duró más de cinco horas y estuvo marcada por los constantes cuartos intermedios
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Con un debate de más de cinco horas, la Cámara de Diputados dio media sanción y giró al Senado la Ley de Responsabilidad Penal para Personas Jurídicas, que crea un régimen para condenar a las empresas que hayan cometido cualquiera de los delitos contemplados en el Código Penal.

La norma fue fuertemente reclamada por el Gobierno nacional, a través de la Oficina Anticorrupción encabezada por Laura Alonso, quien estuvo presente en el recinto. El proyecto había sido aprobado la semana pasada en la votación en general, pero se empantanó en la discusión en particular.

Tras el cuarto intermedio, se votaron uno por uno los artículos, y el único que resultó rechazado fue el número 37, referido a la posibilidad de que las personas jurídicas puedan acogerse voluntariamente a un acuerdo administrativo de colaboración eficaz con retroactividad.

Esa votación registró finalmente 87 votos afirmativos contra 131 negativos, y despertó la más encendida discusión entre la oposición y el interbloque Cambiemos, conducido por primera vez por el jefe del bloque Pro, Nicolás Massot -en ausencia del radical Mario Negri-, en una sesión marcada por los cuartos intermedios.

En el arranque del debate punto por punto, el Frente Renovador y el bloque Justicialista presentaron distintas redacciones para el artículo 1, pero tanto Cambiemos como el Frente para la Victoria respaldaron la propuesta del massismo, que se aprobó con 183 votos afirmativos, 5 negativos y 16 abstenciones -del justicialismo-.

Pero el Gobierno no pudo aprobar el "artículo Odebrecht" de la ley de Responsabilidad Penal Empresaria

De esta forma, el oficialismo no logró establecer el mecanismo de investigación que pretendía para abordar un caso que amenaza con comprometerlo.

Desde la Casa Rosada impulsaban investigar el "caso Odebrecht" a través de un acuerdo con la constructora brasileña y con la Procuración del Tesoro capitaneando la pesquisa en lugar del Ministerio Público Fiscal.

Artículo por artículo
Las empresas podrán ser juzgadas por cualquier delito establecido en el Código Penal y no sólo por hechos de corrupción. Así lo votó la Cámara de Diputados en el primer artículo del proyecto de ley de Responsabilidad Empresaria, en el marco de la sesión especial que se realiza este miércoles, donde se está votando cada artículo de la iniciativa.

El oficialismo aceptó reformular el artículo primero donde se establecen siempre los objetos de una ley, que había sido rechazado la semana pasada cuando la sesión pasó a cuarto intermedio. Este miércoles se decidió reconsiderar esa votación con el consenso de la mayoría de los bloques parlamentarios.

Este estratégico artículo se aprobó con 183 votos contra 5 y 16 abstenciones (bloque justicialista) y establece que el régimen de responsabilidad fiscal se aplicará en los delitos previstos en el Código Penal cometidos por personas de capital extranjeros con o sin participación estatal.

También se modificó el artículo sobre multas y ahí se mantuvo que el mínimo será de un 0,5% pero el máximo se disminuyó del 20% al 10%, de los ingresos brutos anuales que la condenada hubiere tenido en el último ejercicio anterior a la comisión del delito.

Para el caso de las personas jurídicas que se hayan constituido en el plazo de 12 meses anteriores a la comisión del delito o no hayan declarado ingresos en el último ejercicio anterior a la comisión del delito, serán sancionadas con multa de entre el 0,5% y el 10% -también se rebajó a la mitad- de los ingresos brutos promedio registrados al momento de la comisión del delito.

El 37
La oposición denunció que mediante el procedimiento de "colaboración eficaz" que incorpora la presente normativa se pretende proteger a Odebrecht, la constructora brasileña que admitió haber pagado coimas a funcionarios públicos en la Argentina, al menos entre 2007 y 2014.

Al defender el artículo 37º (conocido como artículo Odebrecht), el diputado de la Coalición Cívica y próximo a integrarse al Poder Ejecutivo, Fernando Sánchez, defendió la propuesta del Gobierno. “Hay cuatro causas penales sobre Odebrecht que investigan a funcionarios públicos, porque la empresa que ya confesó en Brasil, en Suiza y en Estados Unidos, que pagó coimas, que pagó sobreprecios, y se las pagó a funcionarios públicos hoy ausentes", afirmó en referencia al exministro Julio De Vido y otros funcionarios kirchneristas.

"¿Saben para qué no quieren que confiesen en la Argentina? Porque son los funcionarios públicos a los que se les pagó, que todavía están libres", remarcó el diputado de Cambiemos.

"Nosotros queremos que las empresas den los nombres. Entonces el Poder Ejecutivo y el poder administrador tienen la posibilidad de ayudar, lo que no hicieron hasta acá", remató. 

El artículo 37º cuestionado y rechazado estipulaba que "las personas jurídicas podrán solicitar el acogimiento voluntario a un acuerdo administrativo de colaboración eficaz (…) por hechos anteriores a la sanción de la presente ley".

La repuesta de la oposición no tardó en llegar: Margarita Stolbizer (GEN) y Héctor Recalde (FPV) conicidieron en tildar de "inconstitucional" el artículo por las facultades que le otorga al Poder Ejecutivo el acuerdo de colaboración eficaz, atribuciones que para ellos son inherentes al Poder Judicial.

"Cuando uno piensa que Avianca, Correo, el soterramiento del Sarmiento, la deuda, Panamá Papers va a ser resuelto en un acuerdo ente el propio PEN que carga con denuncias, parece un artículo imposible de aprobar", aseguró Javier David, del Bloque Justicialista.

Por su parte, Graciela Camaño evaluó que dicho artículo "no corresponde a un esquema republicano y de división de poderes", ya que la investigación de delitos "la tiene que hacer la Justicia aunque a veces tarde".

Otro diputado que salió al cruce de Sánchez fue el kirchnerista Rodolfo Tailhade

Celebró en ese contexto que hubiera hablado después el diputado radical Luis Petri, porque recordó que Sánchez es politólogo, y “un politólogo a cargo de una ley penal es peligroso”, sostuvo.

Tras atribuirle a Sánchez un “papel patético”, aseguró que “el presidente de la Nación se está matando de risa; te mandó a negociar…”.

Ante la reacción del legislador, disparó: “Qué me va a venir a correr Sánchez con la corrupción si se va a laburar con (Mario) Quintana y (Gustavo) Lopetegui ahora… Lo único que me falta es que me corra con la corrupción Sánchez”.

Según el diputado, hubo “apretadas” de Sánchez en las reuniones de comisión, donde “pedía a gritos que se escrachara a los diputados ausentes”. Y sostuvo que “lo que pretenden con el artículo 37 es llevarle a la justicia información sesgada y no información integral”.

Tailhade rechazó que se les endilgue estar oponiéndose a esa ley, y negó “el argumento del oficialismo de que no se puede investigar para atrás. ¿De dónde sacaron eso? El delito de cohecho, el enriquecimiento ilícito, las negociaciones incompatibles, todos los delitos del capítulo de delitos contra la administración pública se pueden investigar 50 años para atrás, si quieren”.

“Mentira, se puede investigar para atrás tranquilamente. Lo que quieren es negociar las cuatro o cinco causas en las que está involucrado directamente el Presidente con Odebrecht”, denunció. 

De acuerdo a Tailhade, “está lleno de causas en las que se investiga a Odebrecht y a Macri, porque son socios desde hace once años, ¿qué me vienen a hablar del acuerdo administrativo”.

Imprescriptibilidad
Por otra parte, los delitos vinculados a la corrupción podrían ser imprescriptibles si la Cámara de Senadores sanciona definitivamente el proyecto que este miércoles debatió y aprobó la Cámara de Diputados.

La modificación fue propuesta por la diputada Mónica Litza, del Frente Renovador, y responde a un viejo reclamo del bloque de Sergio Massa.

En la misma discusión, en el marco del proyecto de responsabilidad penal de las empresas, el bloque del precandidato a senador por 1País logró que el cuerpo aumentara las penas previstas para el delito de defraudación a la administración pública, que ya no será excarcelable.

"La Argentina necesita a los empresarios y a los políticos corruptos presos. Lo que tenemos que lograr es que vayan a la cárcel, la persona que pagó y la que recibió la coima. No puede haber un doble estándar", aseguró Massa luego de la sesión.

Para los delitos de corrupción, las penas se aumentaron cuatro años para que no sean excarcelables y no hay cárcel en suspenso, señala Infobae.

Ambas propuestas tuvieron un contundente apoyo de la Cámara. La imprescriptibilidad se aprobó con 123 votos a favor, 79 en contra –el Frente para la Victoria– y 13 abstenciones. El aumento de penas fue más cerca de la unanimidad: 195 votos a favor, 12 en contra y 9 abstenciones.

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