Un informe del estudio del Centro de Estudios Atenea indica que durante el año pasado, menos del 20% de los siniestros laborales se dirimieron en el fuero laboral. Eso representa apenas al 1% de los trabajadores registrados. 

Durante las últimas semanas, Mauricio Macri insistió con las críticas al diputado Héctor Recalde, en su momento asesor de la CGT, a quien acusó de liderar una “mafia de juicios laborales" que impide la generación de empleo.

La Unión de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (UART) informó que las empresas recibieron 127.503 demandas en 2016. En cambio, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) registró 10.000 casos menos el año pasado: 117.605 juicios iniciados contra las compañías de seguros.

Desde el Gobierno cuestionaron con dureza la existencia de una “mafia de los juicios laborales”, que según Macri es liderada por el propio Recalde. 

Sin embargo, de acuerdo al informe de Atenea, sí se mantuvo el promedio de accidentes laborales en cifras similares a las de 2013, 2014 y 2015 (alrededor de 665 mil), sólo el 19% de los accidentes de trabajo llegan a juicio.

De esa manera, ponen en duda el impacto económico que provocan los juicios laborales, principalmente en las pequeñas y medianas empresas, indicó el sitio BigBangNews.

Para el director general de Atenea, Damián Ledesma, "las ARTs han consolidado su estructura económica y financiera en el último año".

"La cantidad de accidentes de trabajo que llega a juicio está por debajo del 20 por ciento. No existe una inviabilidad del sistema que amerite a una reforma. Además, la nueva ley no presenta modificaciones ni mejoras en materia de prevención de riesgos", criticó.

De hecho, según el estudio, “un conjunto representativo de las ART obtuvieron un resultado positivo que asciende a los $9.500 millones, con una alza interanual del 41 por ciento”. 

Según Atenea, los números demostrarían que lejos de quebrar por la “industria del juicio” y que las compañías aseguradoras “consolidaron su posición económica”. 

Desde el centro de estudios consideraron que el Gobierno instaló “la supuesta industria del juicio para avanzar con reformas laborales”.

Para el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, Matías Cremonte, además de considerar las cifras que arroja el registro de la UART, se debe tener en cuenta que existe más de un 30 por ciento de trabajo no registrado.

“En esos casos, el juicio es el momento en el que el trabajador puede reclamar por todos los derechos que no se cumplieron”, consideró en diálogo con el mencionado sitio.

Además de rechazar la idea de “industria del juicio” se inclinó por la existencia de una “industria del incumplimiento” por parte de los empleadores.

“Los trabajadores tienen derecho a reclamar judicialmente por sus derechos no reconocidos o vulnerados. El alto porcentaje de trabajadores en negro son potenciales juicios”, finalizó.