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Bonadio procesó De Vido por irregularidades en asignación de susbsidos y dispuso embargo por $1.000 millones

10-07-2017 Se trata de una causa referida a beneficios para gasoil de colectivos, con perjuicio para el Estado por $600 millones. También fue procesado Ricardo Jaime
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El juez Claudio Bonadio dispuso el procesamiento del exministro de Planificación, Julio De Vido, en el marco de una causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la asignación de subsidios para gasoil de líneas de colectivos, y ordenó trabar un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 1.000 millones de pesos.

El magistrado también procesó a Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi, Alejandro Ramos, Roque Guillermo Lapadula, Pedro Ochoa Romero y Antonio Sícaro, a quienes dispuso embargo por sumas de hasta 900 millones de pesos.

Según la resolución, se les imputa a los acusados "haber intervenido en un hecho que ocasionó perjuicio a las arcas del Estado Nacional de aproximadamente seiscientos nueve millones trescientos veintiséis mil ciento ochenta y seis pesos, con veinticinco centavos ($609.326.186,25)”.

“Los imputados ocuparon los cargos públicos referidos por los siguientes períodos: Roque Guillermo Lapadula, del 06/06/2003 al 09/02/2004; Pedro Ochoa Romero, del 09/02/2004 al 10/12/2007; Antonio Eduardo Sícaro, del 11/12/2007 al 15/08/2012; Ricardo Raúl Jaime, del 25/05/2003 al 01/07/2009;  Juan Pablo Schiavi, del 01/07/2009 al 07/03/2012; Alejandro Ariel Ramos, del 07/03/2012 al 10/12/2015 y Julio Miguel De Vido, del 25/05/2003 al 10/12/2015”, agrega.

Además, señala  que "durante el período comprendido entre julio de 2003 y marzo de 2014, abusando de las facultades inherentes a los cargos que ocupaban, los nombrados participaron en una maniobra ilegal a través de la cual se entregaron sistemáticamente, a empresas de transporte público automotor de pasajeros, subsidios superiores a los que correspondían".

"A tal fin, diseñaron, pusieron en funcionamiento y sostuvieron en el tiempo, un sistema destinado a permitir la maniobra, encubrirla, disimular su ilegalidad e intentar lograr la impunidad de los involucrados”, agrega la resolución.

“Este sistema posibilitaba que se calcularan los subsidios en base a kilometrajes superiores a los efectivamente recorridos por los colectivos y, consecuentemente, se terminaran entregando subsidios superiores a los correspondientes. La maniobra ilegal pudo sostenerse hasta que se instalaron  GPS en los colectivos, en el año 2014”, añade.


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